El colapso de un modelo

LA VANGUARDIA | 02/03/2015

Josep Maria Sòria

Barcelona

El acreditado profesor Josep Fontana escribe que La economía española en perspectiva histórica de Jordi Maluquer de Motes (Pasado&Presente. 2014) es un libro producto de su experiencia de más de 40 años de investigación y de docencia, en el que además de renovar la historia económica, porque concede una gran importancia a los factores políticos y sociales, es un trabajo "absolutamente necesario para quienes aspiren a armar un interpretación coherente de lo sucedido en España, y muy en especial del fracaso de un crecimiento que llevó a que de 1997 a 2007 se llegase casi a doblar el PIB por habitante".

Este hundimiento de un modelo de crecimiento tiene que ver no sólo con las seculares debilidades estructurales del Estado español, que Maluquer escudriña de forma minuciosa para poner de manifiesto el acierto de la afirmación de Lord Byron de que "el mejor profeta del futuro es el pasado", sino también con el hecho de que en la segunda mitad del siglo XX y el primer decenio del XXI ha sido incapaz de superar los retos que tenía por delante:.

Las tres grandes depresiones españolas. Maluquer de Motes analiza las tres grandes depresiones de la España contemporánea, que todas tienen un importante componente exterior. La primera (1881-1896), viene determinada por la caída de la competitividad del sector agrario, básico entonces en la economía española, por la llegada masiva de productos de ultramar (especialmente de los Estados Unidos y de Argentina) y por la destrucción de la producción vitícola por la plaga de la filoxera. La segunda (1929-1939) tiene su causa principal en el colapso de las economías más desarrolladas del mundo, que provoca la caída de las exportaciones, el retorno masivo de los emigrantes españoles residentes en el exterior, el hundimiento de la inversión productiva y una masiva fuga de capitales al proclamarse la Segunda República. Se prolonga en nuestro país, por otra parte, con dos décadas enteras de miseria, autarquía y aislamiento internacional (1939-1959). La paradoja de la gran depresión actual que se inicia a fines del 2007 se basa en la caída del crecimiento, por el colapso de la productividad, cuando se dispone de un equipamiento tecnológico avanzado que debería haber permitido elevar la eficiencia productiva y reducir costes.

Las causas de la depresión actual. Aunque el origen está en la crisis de las subprime norteamericanas, las causas son el muy excesivo endeudamiento exterior, la caída de la productividad y la pérdida de competitividad que colocaron a España en una situación de enorme debilidad. Había señales que no deberían haber pasado desapercibidas.

En plena fase expansiva, el déficit por cuenta corriente de la economía españo la es el más grande de la historia y el año 2007 alcanza casi el 10% del PIB, un nivel auténticamente astronómico. La pertenencia a la zona euro anulaba la posibilidad de devaluar la moneda, herramienta que la experiencia histórica demuestra que hubo de ser utilizada cuando aquel déficit superaba un mucho más modesto 4% del PIB. El profesor Luis Ángel Rojo siempre advirtió que la integración en la moneda única requería ser muy prudente, pero ni los gobernantes ni los agentes económicos ni los ciudadanos en general lo fueron. Otra causa es el estancamiento de la productividad. Hasta 1996, este índice que mide la producción media por trabajador, no dejó de crecer en España de forma regular desde que existen datos, de 1850 en adelante. Pero desde 1997 hasta 2007 se trunca esa dinámica, a pesar de la aportación que debía suponer la aplicación de las nuevas tecnologías. Una anomalía que se focaliza en la construcción y en los servicios (turismo, asistencia doméstica, dependencia, etcétera), sectores donde se incorporan masivamente cinco millones de inmigrantes con baja calificación media que, aunque hacen crecer el PIB real, rebajan el PIB por habitante que es el que mide el crecimiento económico de forma efectiva. Además, los muy elevados costes salariales y fiscales debilitan la exportación y alientan la desindustrialización. Así que para Maluquer de Motes, la verdadera causa de la depresión en España no es el pinchazo de la burbuja inmobiliaria -expresión dramática de sus consecuencias- sino el estancamiento de la productividad, la pérdida de competitividad y el enorme endeudamiento exterior.
Los principales errores. El autor señala que el mayor error cometido por los gobernantes españoles de los años de la mal llamada "década prodigiosa" es no haber corregido el déficit exterior, consecuencia inevitable y demostración palpable de que el sistema perdía competitividad. Contrariamente, se sacó pecho o se miró para otra parte, confiando en la diosa fortuna o en la providencia. Además, se utilizaron los muy cuantiosos fondos europeos de forma ineficiente, cuando no suntuaria, electoral, poco o nada responsable o incluso, con frecuencia, delictiva. Ahí están las fuentes de la corrupción política. El ejemplo más paradigmático de la falta de escrúpulos y de racionalidad en el gasto público es la faraónica construcción del AVE de forma radial, con centro en Madrid, mientras la red ferroviaria convencional sigue con un ancho distinto al europeo o mientras el corredor del Mediterráneo, que es sin duda el más rentable y el de mayor capacidad de contribuir al crecimiento económico en el medio y largo plazo, sigue en el limbo de los proyectos que avanzan a trancas y barrancas. Respecto de la corrupción, afirma que no es privativa del sistema político sino que se halla muy arraigada en los hábitos y en las mentalidades de la ciudadanía y en los comportamientos y en las rutinas de las Administraciones Públicas. La corrupción política es consecuencia de un grave problema de fondo, que exigiría una profunda reforma administrativa -pendiente desde el final de la dictadura-, contra el que hasta ahora se ha sido poco o nada beligerante.

Los responsables. La respuesta de Jordi Maluquer es inmediata: "el país entero". Es cierto -señala- que la clase política no ha estado a la altura. Y también lo es que la responsabilidad de quienes ejercieron tareas de gobierno es muy superior a la del simple ciudadano que trabaja y paga sus impuestos. Pero el país entero -que, al fin y al cabo, es quien elige a los gobernantes- tampoco estuvo a la altura. "Cuando se analiza el pasado, queda claro que no era tan difícil tomar conciencia que se estaba en un camino insostenible a medio plazo, pero quien trataba de llamar la atención sobre el problema era marginado". Para el autor, en estas actitudes colectivas hay mucho de herencia del franquismo, que se manifiesta en la falta de reflexión individual y colectiva sobre los problemas comunes. "Antes mandaba el general y ahora mandan los partidos, a los que se exige que sean quienes aporten soluciones, lo que explica que se hayan elegido a políticos incompetentes, con muy bajo nivel de formación, poco transparentes o sencillamente corruptos". La pregunta que se hace Maluquer es por qué se es tan tolerante con la falta de formación de muchos políticos, que no pasarían pruebas sencillas para optar a trabajos de baja calificación o a puestos de modesto nivel en la propia Administración Pública.

El futuro. Para el catedrático de la UAB se han realizado dos grandes reformas, la laboral y la financiera. El mercado laboral ha eliminado aquella extrema rigidez que le caracterizó por décadas. El sistema bancario ha sido sometido a una purga de extraordinaria dureza que ha eliminado todas las entidades que actuaron de forma imprudente e irresponsable. Pero restan por realizar cambios trascendentales, particularmente en la esfera de las Administraciones Públicas.

Sí, en España las élites vivieron por encima de sus posibilidades, de Juan Laborda en vozpopuli.com

25/07/2012

El gobierno y sus círculos de poder además de justificar su ineficacia aduciendo que no hay alternativa a sus medidas económicas, tratan de introducir, sutilmente, un sentimiento de culpabilidad en la ciudadanía. Como los españoles han vivido muy por encima de sus posibilidades, ahora toca sangre, sudor, y lágrimas. De nuevo desconocen, o protegen, a quienes han llevado a este país a un endeudamiento neto externo récord: el sistema bancario y las grandes empresas no financieras.

La deuda total de la economía española, la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos, ascendía a finales de 2011 a 4,3 billones €, o lo que es lo mismo, un 402% de nuestro PIB. Mientras que la deuda de las familias representaba a cierre de ese año el 83% del PIB, los empréstitos de las sociedades no financieras y de las entidades financieras alcanzaban, respectivamente, el 136%, y el 107% del PIB. El resto, alrededor del 77% del PIB, correspondía a las administraciones públicas.

La deuda de España es básicamente privada

Es curioso como desde ciertas esferas de poder se presenta la crisis actual como una consecuencia del endeudamiento del sector público. Además de un profundo desconocimiento de los datos reales, no comprenden que la relación causa-efecto es del sector privado al sector público, donde la quiebra del primero ha visto hundido los ingresos impositivos del segundo. Quien no entienda esto, no comprende nada de la actual crisis sistémica.

Han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes, guiadas por su avaricia, se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado.
Como consecuencia, las empresas no financieras dejan de invertir, destruyen capital ya instalado, y despiden a trabajadores. Las entidades financieras, insolventes, cortan el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y tratan de recapitalizarse a costa de los contribuyentes. 

Las familias y los trabajadores no tienen la culpa


Las familias fueron acumulando su deuda actual para la compra de vivienda. El precio de las casas por cualquier métrica de valoración sigue estando sobrevalorado, alrededor de un 50%, tanto si se mide en relación a los alquileres, como en función de la renta de los hogares. En un escenario de destrucción de empleo, descensos salariales, y caídas de la riqueza, como en el momento actual, a las familias no les queda más remedio que reducir consumo privado si quieren mantener su vivienda y disminuir las deudas.

Pero no han sido los trabajadores y sus familias quienes han cometido excesos. Al revés, el nivel de explotación de los asalariados ha llegado a extremos absolutamente intolerables. Ya no basta con tener más de 5,6 millones de parados, y unos míseros salarios, donde el 58% de los trabajadores, después de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, ingresan menos de 1.000 euros mensuales. Ya ni siquiera vale que los trabajadores por cuenta ajena paguen cinco veces más de impuestos que las empresas que los contratan, tal como sucedió en 2011. ¡No! Era necesario apretar un poquito más. Y vaya si lo han conseguido.

Con la reforma laboral del gobierno del PP, en nombre del internacionalismo moderno y de las mentiras de la competitividad, los trabajadores perdieron la mayoría de sus derechos. La élite política y económica, con una formación académica y un bagaje intelectual en muchos casos inferior a la de sus empleados y electores, en vez de promover el talento, la innovación y el emprendimiento, decidieron, para el futuro de nuestros hijos, otra cosa bien distinta.

El sector privado empresarial y financiero es insolvente

Por el contrario, las élites financieras y empresariales sí que cometieron excesos, y están quebradas. Sin embargo, continúan a lo suyo, a campar a sus anchas por los ministerios, cambiar leyes, reducir el número de reguladores, acelerar la constitución de monopolios, monopsonios, y oligopolios. Y para colmo, tenemos que rescatarles.

Las empresas no financieras se endeudaron masivamente alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Desde 1997 España vivió la generación de una burbuja alrededor de la vivienda. El sector inmobiliario aumentaba su peso en la economía, generaba mucho empleo y alimentaba una riqueza ficticia que produjo una sensación de ilusión monetaria. Esta dinámica se vio retroalimentada a través de su financiación por un enorme volumen de deuda. Cuando caen los precios de la vivienda y del suelo, los balances de la inmensa mayoría de las empresas inmobiliarias son insolventes. Este sector es el responsable directo e indirecto del 70% del incremento del paro.

Además del sector inmobiliario la segunda fuente de acumulación de deuda del sector empresarial español fue la diversificación internacional. Las inversiones directas de España en el exterior en los últimos 10 años, utilizando datos de Balanza de Pagos de Banco de España, se han cuadruplicado, alcanzando en de 2011 una cifra superior a los 480.000 millones de euros. Sin embargo, los retornos de esas inversiones directas apenas se han duplicado, reflejando una productividad decreciente del capital. De nuevo compraron tarde y caro.

Finalmente nos queda el sector bancario, que en períodos de auge económico o después de un largo período de crecimiento sostenido suele asumir más riesgo. Los bancos reducen sus exigencias para los préstamos, aceptan unas tasas de endeudamiento más elevadas, y se conformar con una menor proporción de activos líquidos.

La banca española expandió sus balances de manera incontrolada. Sus activos crecían mediante la concesión de créditos y préstamos, básicamente alrededor del sector inmobiliario, y se financiaba con deuda en el mercado de capitales. Las consecuencias ya las conocemos, un rescate bancario en toda regla, que al recaer sobre los contribuyentes se acaba trasladando a la deuda soberana. El proteger a una élite tiene esas consecuencias, la quiebra soberana.

Bajo este análisis, la economía española presenta una crisis de balances. Por lo tanto, el actual gobierno, al igual que tenía que haber hecho el anterior, y no lo hizo, debería haber acelerado la limpieza de los balances del sector privado, sin que finalmente fueran los contribuyentes quienes acabaran pagando los platos rotos. A su vez debería haber peleado por convencer a Europa que España no puede asumir más recortes y ajustes presupuestarios. Pero de todo esto, nada de nada.
Hoy en día una auténtica política reformista exige hacer frente a los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clase, y el sectarismo. Por favor, dejen de echar la culpa a millones de españoles de los terribles excesos de unas élites empresariales y financieras quebradas, y que sean éstas quienes realmente asuman las consecuencias de sus actos.

¿Por qué la sabiduría convencional está equivocada?, de Vicenç Navarro en Público

25/07/2012

El editorial de El País del pasado 21 de julio (Situación crítica) presenta la postura que caracteriza el pensamiento dominante en el establishment español sobre la situación financiera del país. Tal editorial indica que los mercados financieros no están respondiendo a las medidas de austeridad muy marcada puestas en marcha por el gobierno español presidido por Rajoy. Por el tono del editorial, su autor parece asumir que los mercados deberían haber tomado nota de tales medidas y recuperar su confianza en el Estado español, exigiendo unos intereses más bajos a su deuda pública, los cuales han alcanzado niveles que son inasumibles. Este supuesto que asume que el Estado español “tiene que hacer sus deberes” (lo cual implica en el lenguaje del establishment español recortar y recortar gasto público, entre otras medidas, para reducir el déficit público) a fin de recuperar “la famosa confianza de los mercados” está justificando toda una serie de medidas que están llevando al país al desastre. Ignora, además, un hecho clave: el tamaño de la deuda pública y del déficit no es la causa de que la prima de riesgo esté ya por las nubes en España.

¿Cuál es, pues, la causa? Y la respuesta la hemos estado señalando unos pocos sin que se nos hiciera caso desde hace ya tiempo. El hecho de que España tenga una prima de riesgo tan elevada se debe a dos factores. Uno, a que España no tiene un Banco Central. Si lo tuviera, éste haría lo que hace un Banco Central digno de su nombre: imprimiría moneda y con ella compraría deuda pública, forzando la bajada de los intereses de su deuda. Esto es lo que hace el Banco Central estadounidense (The Federal Reserve Board), el Banco de Inglaterra, el Banco del Japón y un largo etcétera. El editorialista de El País no ha captado todavía (como tampoco lo ha captado el establishment español) que los intereses de la deuda pública no los determinan los mercados financieros, sino predominantemente el Banco Central del país que genera la deuda. Al no tener un Banco Central, consecuencia de estar en la Eurozona, España no puede regular los intereses de su deuda pública. Y como consecuencia, éstos suben y suben porque es lo que le conviene a los mercados financieros, que se ceban y enriquecen a base de tales escaladas en el precio de la deuda.

El segundo hecho que explica la elevada prima de riesgo de la deuda pública española es que, además de no tener un Banco Central, el que así se llama en la Eurozona (el Banco Central Europeo (BCE)) no es un Banco Central, sino que es predominantemente un lobby de la banca alemana. El establishment español parece que no ha captado esto tampoco. Si fuera un Banco Central imprimiría dinero y compraría la deuda pública de los Estados de la Eurozona que pagan unos intereses exagerados por su deuda. Con ello, los intereses bajarían. Pero el BCE no hace esto. Dice que lo tiene prohibido (aunque lo hace muy de vez en cuando, en situaciones extremas). Lo que sí hace es imprimir dinero y se lo presta a la banca privada a unos intereses muy bajos (0,75%) y con este dinero la banca compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 7% y un 6% en el caso español e italiano). ¡Un negocio redondo!

Ahora bien, el BCE se pasó de rosca. Y ahora, la banca privada (incluyendo la alemana) está llena de bonos públicos y privados de los países periféricos y le preocupa que ahora los Estados de estos países no puedan pagar. Alemania posee la friolera cantidad de 770.000 millones de euros de deuda pública y privada de los países intervenidos (Grecia, Portugal, Irlanda y España). De ellos, 274.000 millones en España. Los dos bancos alemanes más importantes, el Deutsche Bank y el Commerzbank, tienen cada uno 14.000 millones de euros. La banca alemana tiene gran cantidad de deuda pública y privada española (que le ha proporcionado excelentes intereses, y por lo tanto, beneficios), y ahora quiere asegurarse de que España no colapse y se quede sin cobrar la deuda. De ahí la “ayuda” financiera, que en realidad es ayuda a la banca alemana. Y de ahí que el BCE esté presionando para que estos Estados paguen lo que deben a los bancos alemanes, entre otros. La famosa ayuda financiera a la banca española (100.000 millones de euros) es primordialmente una ayuda a la banca alemana (entre otros bancos) tal como indicó recientemente con toda franqueza Peter Bofinger, consejero económico del gobierno Merkel en su entrevista a Der Spiegel (14.07.12), señalando que “esta ayuda no es a estos países, sino a nuestros propios bancos, que tienen gran cantidad de la deuda privada en aquellos países” (ver mi artículo La economía alemana no es un ejemplo en www.vnavarro.org).

Una última observación. Creerse que el euro está en peligro porque la prima de riesgo española está en las nubes (como asume también el editorial de El País) es desconocer el sistema de gobierno de la Eurozona. El euro le está yendo pero que muy bien al Estado alemán y a la banca alemana. Como he detallado en otro artículo (ver artículo citado) a los mayores bancos alemanes les está yendo muy bien, y los bonos públicos del Estado alemán son los más seguros que hay en el mundo (junto con los estadounidenses). ¿Dónde está, pues, el problema del euro?

El problema para el euro y para la banca alemana sería si España se saliera del euro, que es lo último que el establishment alemán y europeo desearían, pero que España debería considerar seriamente como alternativa. El BCE no cambiará a no ser que perciba el peligro que supone para la banca alemana que España salga del euro. Y tal percepción no ocurrirá mientras el gobierno español siga dócilmente lo que le digan el BCE y la Comisión Europea, pues los intereses de éstos no son los intereses de la población española, sino los intereses financieros alemanes que dominan aquellas instituciones. Pedirle al BCE que ayude al Estado español porque éste “está haciendo sus deberes” (tal como termina el editorial de El País) es no entender quién y cómo la Eurozona está gobernada.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU).

La jugada alemana para cobrar y mandar

LA VANGUARDIA 22/7/2012

Fernando Trias de Bes 

Las durísimas condiciones del rescate son la preparación del terreno para un eventual impago

En el derecho romano, a la hora de legislar los créditos y compraventas, existían una serie de pactos en relación con las garantías que aportaba el deudor. Uno muy extendido era el pacto de Vendendo: frente un impago, el acreedor podía optar por vender la cosa pignorada. Eso sí, renunciaba a cualquier otra acción personal correspondiente. Y, además, si al vender la cosa pignorada quedaba un sobrante… ¡debía restituir ese dinero extra (llamado superfluum) al deudor! 

El derecho romano entendía que tanto las pérdidas de un crédito insatisfecho como los eventuales remanentes de una ejecución de la garantía debían compartirse entre acreedor y deudor. 

Es decir, que quien recibe un préstamo asume una gran responsabilidad. Y también quien lo concede.

EL CASO ESPAÑOL 

No es este precisamente el caso entre Europa y España a la hora de repartir responsabilidades. El Memorándum de Entendimiento que fija las durísimas condiciones de nuestro rescate es, bajo mi parecer, la preparación del terreno para un eventual impago por parte del Estado español. ¿He dicho impago? Analizados 89 episodios de distintos países del mundo, los economistas Reinhart y Rogoff calcularon que cuando se produce un impago soberano la deuda total de ese país se halla entre el 250% y el 450% del producto interior bruto. España ha superado ya el umbral del 400%. No hay casos registrados de países que con tal nivel de endeudamiento hayan podido devolverlo todo. Para ser posible, deberíamos ser un país terriblemente competitivo, una potencia exportadora, disponer de moneda y banco central propios, estar en una senda de crecimiento económico o encontrar petróleo en los Monegros. No es el caso. Mi opinión personal, ojalá equivocada, es que, en algún momento de esta década, España deberá negociar una quita. 

No es preciso rasgarnos las vestiduras. En la historia de la economía casi todos los casos de impago soberano han sido parciales, muy pocas veces totales. Y lo que se condona es una parte menor.

Hay formas más o menos creativas de condonar. La más sutil es la de reestructurar la deuda sin alterar el principal (patada adelante). Se alarga mucho el plazo de devolución a un interés bajo y, gracias a la inflación, la deuda mengua. Esto lo vivieron nuestros padres cuando las inflaciones de doble dígito permitían que en pocos años desde la compra del pisito, el pago de la hipoteca pasara de angustioso a liviano. 

Luego está el impago bochornoso: directamente se solicita la condonación de una parte de la deuda. En sus negociaciones, a menudo se ha contado con la ayuda de terceros: el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los gobiernos de los países de los acreedores asumen una parte del impago para favorecer el acuerdo. La pérdida, como vemos, se suele repartir. 

Por lo tanto, si un acreedor teme una quita de un país, debe, antes de que suceda, reducir al mínimo su exposición al riesgo de esa nación. 

LAS PÉRDIDAS DE NUESTROS ‘SOCIOS’

Los bancos alemanes y franceses mantienen un saldo aproximado de 70.000 millones de euros de deuda bancaria española que, en su día, se utilizaron para créditos a la construcción. Si un banco español cayese, habrían de asumir esa pérdida. 

¿Cómo reducir ese riesgo? 

Primero, obligando a la banca española a reforzar sus recursos propios: las exigencias de dotaciones y aumentos de capital básico de estos meses, las salidas a bolsa a lo Bankia o el no reintegro a particulares de híbridos como las preferentes. Si hay que proceder a la liquidación de un banco y ulterior concurso, esquilmados los inversores españoles, quedarán menos acreedores, entre ellos los internacionales. 

Segundo, interviniendo el Estado las entidades financieras bajo riesgo. Además de evitar un pánico entre los depositantes, para eliminar el miedo a un contagio entre la banca española y la europea: el Estado español interviene la entidad y responde. 

Tercero, canalizando el rescate de la Unión Europea a la banca española a través del FROB, que depende también del Estado. 

De estas tres formas se desembaraza Europa de su riesgo en la banca española. 

¿Y cómo minimizan también nuestros vecinos su riesgo de la deuda española que ostentan? Pues muy parecido: traspasando la deuda pública española en manos de no residentes a fondos de pensiones, fondos de inversión y bancos españoles. Desde hace meses, la banca internacional está reduciendo su exposición a la deuda pública española a una velocidad de vértigo. La está adquiriendo la banca española (¡que ya posee dos tercios del total!), gracias a las inyecciones del Banco Central Europeo (BCE). 

Para aclarar este galimatías: el riesgo se está desviando desde los distintos acreedores europeos hacia el Estado español a través de nuestro sistema financiero. Y con tal de que el Estado pueda asumir este peso, se le conceden 100.000 millones de euros a aplicar a la banca, de modo que parezca cosa del Gobierno imponer las condiciones de reestructuración de las entidades financieras, así como las subidas de impuestos y recortes. 

Pero con este mecanismo, la mayor parte de la responsabilidad de la deuda, ¡pública y financiera!, se está volcando sobre los españoles, que somos sólo una parte de los implicados, los deudores. ¿Dónde está la responsabilidad de los prestamistas que regulaba el sabio derecho romano? 

El rescate se está aprovechando para que, si llega un impago, la parte a soportar por los socios europeos sea mínima. Y esto no es justo porque también los bancos europeos han estado lucrándose de la burbuja inmobiliaria y de la deuda pública española.

UNA CARGA CRECIENTE

Por no aflorar una pérdida inmediata todos, y repartirla entre todas las partes, por evitar una intervención política (la económica ya está hecha), vamos a tener que ir asumiendo cada vez más y más carga. La crisis durará demasiado.

Europa se equivocará si trata de ahogar demasiado. Si los españoles no aguantamos, surgirán partidos extremistas (véase el caso de Grecia) y los votantes abominarán de los partidos políticos mayoritarios que regresan de las cumbres europeas con troikas enmascaradas. Si la voluntad popular rechaza al euro, Europa perderá mucho más dinero que condonando una parte razonable de la deuda. Fue una imprudencia tomar prestado el 400% del PIB. Pero fue también una imprudencia del BCE prestarlo. Ahora que se repartan las pérdidas. Alemania ya experimentó en sus carnes a qué conduce un castigo económico demasiado severo: fue el caldo de cultivo del nazismo. Debería echar mano de la memoria y recordar todo lo que en su país se produjo cuando, tras la Primera Guerra Mundial, fueron los aliados quienes quisieron apretar para cobrar y mandar.