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Los extranjeros contribuyen al Estado más de lo que reciben de él
Algunos dudan de que el sistema de servicios públicos sea sostenible en plena crisis tras el gran flujo de inmigración
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
EL PAÍS - Sociedad - 16-06-2008
En España, un inmigrante de un país pobre, en situación irregular, sin trabajo, viviendo en la calle, tiene acceso a servicios que no podría tener en su propio país trabajando normalmente. La sanidad y la educación son universales y gratuitas. Si tiene tarjeta de residencia, puede además acceder a una pensión, protección por desempleo, viviendas de protección oficial... ya no le diferencia nada de un español, en cuanto a ayudas se refiere. En los principales países de origen (Marruecos, Rumania o Ecuador), la clase media sufre para alcanzar un nivel de atención social que en España es accesible incluso sin papeles. Es evidente que el sistema gasta en los inmigrantes. Un estrato social de españoles percibe que los servicios públicos están copados por los recién llegados. Algunos partidos políticos europeos ya hacen campaña al grito de "¡No cabemos todos!". ¿No cabemos todos en el Estado de bienestar? La respuesta es sí.
Philippe Legrain, autor del libro Immigrants: your country needs them (Inmigrantes: tu país los necesita) realizó recientemente un estudio para el Consejo de la Globalización de Suecia. El Gobierno sueco se propone, al revés que media Europa, estudiar formas de atraer a más ciudadanos extracomunitarios. Legrain analizó el impacto de la inmigración en el sistema sueco de protección social, probablemente el más generoso del mundo, con este punto de partida: ¿Es compatible la inmigración libre con el Estado de bienestar europeo?
Dentro de este planteamiento general, Legrain se pregunta si la beneficencia de los países ricos es un imán para inmigrantes. Es decir, si se vive mejor de la beneficencia en los países ricos que trabajando en los países pobres, es una buena razón para emigrar. Y si emigran muchos, en un momento dado ese Estado benefactor será insostenible.
Para que eso sucediera, explica, se tendrían que dar ciertas condiciones: los emigrantes deben estar tan desesperados que los supuestos beneficios compensen el tremendo coste económico y psicológico de la migración; de todos los destinos posibles, tienen que elegir Suecia; los ingresos por la beneficencia sueca deben ser mayores que trabajando en sus países; y por último, deben conformarse con la beneficencia, en vez de aspirar a mayores ingresos trabajando en Suecia.
Los inmigrantes son "una minoría selecta" de sus países, explica Legrain. Son los jóvenes con más ganas de trabajar y mayor espíritu emprendedor. Pero si lo que quieren es vivir de la beneficencia, Suecia sería el mejor país para hacerlo. Según datos de la OCDE de 2005, un inmigrante sin permiso de trabajo recibe del sistema sueco 103.000 coronas (11.030 euros) al año. Si tiene dos hijos, 167.500 coronas (18.000 euros). La cifra es tres veces superior al salario medio en Marruecos y cuatro veces el de Pakistán.
La razón principal de que no haya "inmigrantes de beneficencia" es que, incluso si están mejor con subsidios en Suecia que trabajando en su país, les va todavía mejor trabajando en Suecia. Deben pagar su viaje, deben enviar dinero a sus países y deben garantizarse un futuro.
Ese debate se puede plantear en España. ¿La atención pública y gratuita es una atracción? "No existe ninguna prueba de que Suecia, que probablemente tiene el sistema de beneficencia más generoso del mundo, actúe como un imán benéfico, así que es extremadamente poco probable que eso ocurra en España, incluso si elevara su nivel de protección social", asegura Legrain por correo electrónico.
Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, sí cree que las ayudas suponen una atracción, pero no en España. "En el norte de Europa existe ese imán", dice Oliver. "Hay una parte de lo que llaman seekers [buscadores], atraídos por ese Estado de bienestar muy generoso. En nuestro caso, no vienen buscando unas ayudas, que no existen como en los países nórdicos. Vienen buscando trabajo, que es lo que hay".
Oliver destaca que "hasta la jubilación de los inmigrantes, toda la literatura económica mundial apunta a que, si te entran individuos jóvenes, contribuyen más de lo que se llevan. El saldo es favorable. Su contribución excede a los beneficios de ese Estado de bienestar. Las pensiones no las cobrarán hasta que se jubilen". Eso significa que, por ahora, "los inmigrantes se pagan su estancia".
En España había 2.357.000 extranjeros legales a finales de 2007. De ellos, 1.316.000 estaban afiliados a la Seguridad Social. Sólo con su contribución a la caja, se pagan 900.000 pensiones. Los inmigrantes aportan el 7,4% de las cotizaciones de la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto en pensiones.
La Oficina Económica de La Moncloa elaboró un informe en 2006 muy revelador sobre este punto. Los inmigrantes, según ese estudio, suponen el 8,8% de la población española, pero absorben sólo el 5,4% del gasto público. Consumen el 4,6% del gasto en sanidad y el 6,6% en educación. Pero su aportación es el 6,6% de los ingresos totales. En total, su presencia en España supone un beneficio neto para el país de unos 5.000 millones de euros.
La situación es parecida en todos los países, también con un bajo nivel de protección social. En Estados Unidos, un estudio de la National Academy of Sciences concluyó que un inmigrante recibe unos 3.000 dólares del Gobierno estadounidense en toda su vida. Sus hijos serán contribuyentes netos al sistema a razón de unos 80.000 dólares cada uno a lo largo de su vida.
"Nuestros inmigrantes tienen entre veinte y pico y cuarenta y pico años", explica Oliver. "En los próximos 20 años empezaremos a tener que pagar una parte de lo que nos han avanzado. Esto, teniendo en cuenta su vida individual. Pero hay que ver también qué deja detrás de él. Si deja hijos con una formación más elevada, ganarán más dinero que él" y contribuirán más al sistema. Hay mucha probabilidad de que esto suceda, ya que "los hijos no tienen que adaptarse, como hizo el padre".
Pero los extranjeros también se hacen viejos. Y se quedan sin trabajo cuando vienen mal dadas. En estos casos no aportan al sistema y empiezan a ser receptores netos de ayudas: pensiones y subsidio de paro. ¿Sufre el sistema de bienestar? "Tienen derecho a las ayudas, porque han pagado impuestos y han contribuido a la economía y la sociedad cuando las cosas iban bien", opina Legrain. Actualmente, con el paro subiendo, la tasa de actividad es un 19% más alta entre los extranjeros.
Pero, aparte de tener derecho, "en general, la literatura económica sugiere que incluso considerando el pago de pensiones el saldo final es favorable para el que recibe la inmigración", asegura Oliver, aunque reconoce que "el debate sobre qué pasará cuando se jubilen es muy complejo".
La supuesta crisis de pensiones sucederá en torno a 2025. "En un sistema en que los viejos viven del ahorro de los jóvenes, ¿qué pasará cuando haya más viejos que jóvenes? La inmigración es una entrada de población joven y trabajadora. En general, la crisis no se va a superar sólo con la inmigración, pero contribuirá a mitigarla", opina Oliver.
Admitido que los inmigrantes no abandonan su familia y su cultura y se juegan la vida a cambio de un bocadillo de la Cruz Roja y sanidad gratis. Admitido que no son una carga para el sistema, sino más bien todo lo contrario. Cabe una última pregunta, ¿está justificada la percepción de que copan todos los servicios sociales? En España, esto tiene mucho que ver con un tema tan de actualidad como laberíntico para el gran público: la financiación autonómica.
"Lo de los servicios es parcialmente cierto", admite Oliver. "Es un error del sistema de financiación que ahora se está discutiendo. No puedes tener, como en Madrid y Cataluña, aumentos de población de 15% y mantener los mismos ingresos. El gasto público para la inmigración está muy concentrado geográficamente, pero los ingresos que genera esa inmigración se van al Estado central. El Estado se lleva los ingresos y los gastos son de otros. Los beneficios son macroeconómicos y los problemas, microeconómicos".
Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, lo dice con sus datos: "En integración de los inmigrantes nosotros invertimos 1.500 millones de euros y el Estado 40. Los extranjeros están aportando al Estado 8.000 millones de euros. Sólo 200 millones van a las comunidades, que somos los que damos la educación, la sanidad, la vivienda, etcétera".
Clemente aclara que "los inmigrantes no copan los servicios públicos, son las rentas más bajas las que copan los servicios públicos. Inmigrantes y españoles". Especialmente cuando la inmigración ya no es un fenómeno nuevo. "Hace 10 años era más así, pero no ahora. Algunos ya son empleadores, por ejemplo. Al final, son como los que vienen a Madrid de otras provincias".
La coordinadora de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Carmen Escalera, asegura que "con los datos de 2006, la atención a la población inmigrante no regularizada es el 0,8% de las consultas de atención primaria" en Andalucía. "Es falso que colapsen los servicios sociales. Suponen un 0,6% de las visitas a domicilio y un 2,5% de las urgencias. En partos suponen un 4,6%. Eso nos viene hasta bien, porque es savia nueva".
¿Y cuando vayan envejeciendo? "Tendremos que ir adaptando el sistema", admite Escalera. Pero "se están dando reagrupaciones familiares, que se asumen la vida de aquí. A partir de ese momento, no se distinguen en nada de la población autóctona. Consumen los mismos recursos y a la vez generan la misma riqueza".
El Consejo Económico y Social se ocupa de este asunto en su Memoria 2007. El responsable del estudio, Jesús Cruz, dijo que España debe incrementar sus servicios sociales para toda la población para responder a "un imprevisible, rápido e intenso crecimiento, y está compuesta en un 10% por extranjeros".
Porque, como dice Josep Oliver, "al nativo que ve degradarse su barrio por un impacto migratorio muy grande, no se le puede explicar que la inmigración es buena para la economía". El catedrático da toda la razón a las comunidades que reclaman mayor financiación: "La garantía para que se integre y se quede la inmigración, que la necesitamos, es que se atiendan los gastos donde se producen, para que el bienestar de los nativos no se vea afectado. El dinero de la inmigración debe ser para el que se lo gana, para el que sufre ese impacto".
En una entrevista con EL PAÍS, el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho reconocía que "un país en el que existe un contingente importante de inmigrantes no puede subsistir con un Estado de bienestar diseñado a la medida de cuando no los había".
Corbacho decía que el desarrollo económico "no es suficiente" para sostener el sistema, "porque el desarrollo económico necesita amplios contingentes de inmigración para sostenerse. Cuando a un país llega un amplio contingente de inmigrantes, el Estado de bienestar se debilita, a no ser que el Estado le inyecte más economía. Si no, puedes correr el riesgo de que el que llega se lleve la parte del Estado de bienestar porque su situación es peor que la del que está aquí, que su situación económica no ha cambiado, y éste deje de recibir lo que el Estado de bienestar le estaba dando. De ahí al conflicto, hay dos pasos". La solución, para Corbacho, sólo es una: "Poner más dinero".
Corbacho estima que unos 20.000 inmigrantes se acogerán al plan de repatriación con incentivos
Trabajo confirma que la medida voluntaria permitirá a los extranjeros que regresen cobrar todo el paro en dos pagos, el 40 % en España y el 60% en sus países
ELPAÍS.com - Madrid
ELPAIS.com - España - 17-06-2008
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, estima que entre 15.000 y 20.000 inmigrantes se acogerán al plan que el Gobierno tiene previsto poner en marcha a partir de julio para repatriar con incentivos a sus países de origen a quienes se queden sin empleo. "Se trata de una medida de carácter voluntario a la que los inmigrantes se acogerán en función de su interés", ha explicado Corbacho en una entrevista en la Cadena SER. El titular de Trabajo e Inmigración ha señalado que hay unos 100.000 extranjeros parados, de los que un 15% o 20% solicitarán irse y cobrar todo el paro en dos entregas, como establecerá la oferta del Gobierno.
Corbacho ha confirmado que los beneficiarios de este plan podrán recibir la totalidad del seguro de desempleo en dos partes, el 40% en España y el 60% en su país. "Es una medida más, por sí sola no resuelve el tema", ha reconocido el ministro, quien ha insistido en la necesidad de "regular los derechos" y cooperar con los países de origen. "¿España puede acoger a todo el mundo? La respuesta es no", ha afirmado.
Para poder cobrar toda la prestación de desempleo, los inmigrantes tendrán que renunciar a sus permisos de residencia y trabajo. Además, no podrán volver a España en un plazo mínimo de tres años. El Gobierno cree que de esta forma se dará un margen suficiente para que la situación económica mejore y entre en una "fase expansiva" y de "creación de empleo".
El titular de Trabajo e Inmigración también se ha referido a sus planes para endurecer el reagrupamiento familiar. "El concepto de reagrupación es muy amplio y hay contradicciones como que a chicos de 16 o 17 años se les puede reagrupar pero no tienen trabajo", ha asegurado Corbacho, quien ha insistido en la necesidad de "poner orden" y "distinguir entre la familia y el grupo familiar".
El plan que baraja el Ejecutivo consiste en excluir del núcleo familiar con derecho a la reagrupación a los ascendientes de los inmigrantes. "La cadena hay que pararla en algún punto", según Corbacho. La ley permite reagrupar actualmente al cónyuge del inmigrante, los hijos, si son menores de 18 años o están incapacitados y los ascendientes o los de su cónyuge.
Los extranjeros que trabajan en la construcción caen en 4.699 en mayo
La construcción, con 359.512 inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social a 31 de mayo, 4.699 menos que en abril, volvió a registrar por cuarto mes consecutivo una caída en lo que va de año, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración difundidos hoy.
No obstante, pese a la caída de los afiliados de la construcción, a 31 de mayo de este año había 2.145.082 extranjeros afiliados en la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 44.836 personas respecto a abril y el 7,60% más que hace un año.
Después de la construcción se ha situado la hostelería, con 287.105 afiliados (el 18,57 por ciento del total); las actividades inmobilirias y de alquiler, con 233.979 inscritos seguidos de las actividades de reparación de vehículos con 225.886 afiliados, y los 167.314 de la industria manufacturera.
La directiva europea sobre inmigración ilegal y las propuestas francesas sobre integración de extranjeros son muy inquietantes. Una vez más, se legisla desde la exageración de los datos y la mentalidad represiva
SAMI NAÏR
EL PAÍS - Opinión - 18-06-2008
La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.
La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que "presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado". Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.
En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de "externalización", esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de... ¡18 meses!
Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un "avance", y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.
Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?
La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?
Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en "establecimientos penitenciarios ordinarios". Pero esos "lugares específicos" no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del "interés superior del niño" remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.
Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que "las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales", pero precisa que "en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (...)", para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.
Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el "contrato de integración" existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones "masivas", para evitar un "efecto llamada" que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.
Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el "pacto sobre inmigración") a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa "masivo"? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?
Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.
De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.
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Por qué es mejor dar el dinero a las mujeresCrean más riqueza y son más fiables que los hombres - España se suma a la perspectiva de género con más créditos para ellas en la ayuda al desarrollo
NATALIA JUNQUERA
EL PAÍS - Sociedad - 10-06-2008
Ayudar más a la mujer da mejores resultados y España se ha apuntado a esta doctrina con voluntad de liderar la cooperación de género. Tres décadas después, la intuición de Muhammad Yunus, el hombre que decidió que el 95% de las beneficiarias de su banco para pobres fueran mujeres, se ha convertido en un principio universal que rige las políticas de ayuda al desarrollo de organismos como la ONU o el Banco Mundial: "Son mejores luchadoras contra la pobreza que los hombres", asegura Yunus. El descubrimiento le valió un Premio Nobel de la Paz (2006) y el poder decir 30 años después que ha conseguido sacar de la pobreza a seis millones de personas.
"Son las más pobres entre los pobres. Y están desesperadas por cuidar adecuadamente a sus hijos. Ellos no están al lado de sus hijos en tiempos de crisis. Ellas sí. Tienen más razones para salir de la pobreza, los suyos", asegura Muhammad Yunus. Siete de cada 10 personas que tienen hambre en estos momentos en el mundo son mujeres, según la ONU. Realizan más de dos tercios del trabajo no remunerado, es decir, el equivalente a 11 billones de dólares (7 billones de euros), según el PNUD, pero sólo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de los medios de producción.
Son las más afectadas por la pobreza y a la vez las que más posibilidades tienen de combatirla, porque por encima de todo son gestoras del hogar, las que cuidan del bienestar de los hijos, futuras generaciones de pobres y analfabetos... o no. Cuando Yunus puso en marcha en 1976, con sólo 27 dólares, su idea del banco para pobres, observó que lo primero que hacían las mujeres de Bangladesh cuando tenían ingresos era recuperar a sus hijos de las casas de los ricos donde los habían dejado trabajando a cambio de comida. Lo segundo, enviarlos al colegio. "La igualdad entre hombres y mujeres es un factor fundamental para luchar de forma eficaz y sostenible contra la pobreza", dice la Declaración de Objetivos del Milenio de la ONU. España pretende abanderar ese nuevo enfoque de la ayuda al desarrollo. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en el tercer encuentro hispano-africano de mujeres que España promoverá la creación de un fondo de género en la ONU para financiar políticas de igualdad. En esta legislatura, el Gobierno ha aumentado un 400% la cooperación destinada a mujeres y España es ya el tercer donante de microcréditos del mundo por detrás del Banco Mundial y Alemania.
"Son siempre las más vulnerables entre los vulnerables. Pero, además, son la palanca de cambio en la mayoría de países porque su lucha es la lucha de los derechos de todos. Son el motor del desarrollo porque de ellas depende la alimentación y la educación de sus hijos. No entendemos el desarrollo de un país sin igualdad de oportunidades. Por eso nos comprometemos a terminar la legislatura destinando el 15% de la ayuda al desarrollo a mujeres. Ya somos el primer donante de Unifem [Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer]", explica la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín. "En casi todas las culturas, las mujeres, especialmente las pobres, son ciudadanos de segunda clase. Ése es el poder del microcrédito: pone el poder, en forma de dinero, directamente en las manos de las mujeres", explica Sam Daley-Harris, director de un movimiento de microfinanciación del que se han beneficiado 100 millones de familias pobres de todo el mundo.
"Cuando el préstamo entra en una familia a través de una mujer, los beneficios van directamente al bienestar de toda la familia: los niños van al colegio, comen mejor, el tejado está arreglado... Cuando se trata de un hombre, hay demasiadas posibilidades de que acabe en licor", añadió Daley- Harris. La misma tesis mantiene Rosahneh Zafar, discípula de Yunus y presidenta de la Fundación Kashf (milagro) de Bangladesh, con 260.000 beneficiadas de microcréditos: "Si una mujer gana un dólar, gasta el 70% en su familia. Un hombre le dedica el 30%". Zafar y Daley-Harris participaron la semana pasada en Madrid en una conferencia internacional sobre microcréditos organizada por Casa África y Casa Asia en el CaixaForum, que ha reunido a los siete responsables de las entidades microfinancieras más importantes del mundo. Entre los siete han sacado de la pobreza a decenas de millones de personas, decenas de millones de milagros.
"Un día, el marido de Perveen no pudo aguantar la presión de ser incapaz de alimentar a su mujer y a sus cuatro hijos y se suicidó. Perveen se dio cuenta de que tenía dos opciones: aceptar la caridad de sus vecinos y depender para siempre de los demás, o pedir un préstamo y actuar. Escogió lo segundo. Nunca había salido de casa. Ahora tiene un negocio con el que viaja constantemente y sus hijos reciben una educación", recuerda Zafar de una cliente. Pero la fórmula se enfrenta al peor reto de su historia, la subida del precio de los alimentos. "Si en cinco años sacamos de la pobreza a 50 millones de personas a través de microcréditos, ahora 25 millones van a volver a ser pobres porque el precio de su materia prima se ha triplicado y sus ingresos no", lamentó Zafar.
Yunus tampoco es optimista: "Es muy grave. Supone una presión enorme sobre los prestatarios, porque sus ingresos aumentan poco a poco, pero el precio de los alimentos sube muy rápido. Y lo peor es que no es algo temporal". España destina más del 62% de los préstamos del Fondo de Concesión de Microcréditos a mujeres. Muchas de ellas solas. "En Madagascar, por ejemplo, muchos maridos se han ido y ellas están endeudadas por la usura, que les cobra intereses del 100% o 200%. Con los microcréditos, con pagos muy fraccionados y pequeños, pueden comprar arroz y hacer pastelitos, venderlos, ir aumentando sus ingresos, incorporar a los hijos a la microempresa y ahorrar", explica Beatriz Morant, responsable del área de África, Asia y Europa Oriental de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). "En Marruecos hemos invertido 45 millones de euros en microcréditos, y las mujeres han generado más del doble con su actividad".
Al otro lado del teléfono, Nezha Ouardi, una de las marroquíes beneficiadas, lo corrobora: "Me dieron 500 euros para montar un negocio de artesanía. Ahora algunos de mis productos los vendo por 400. He podido ayudar a mis seis hermanos". "El índice de morosidad en las mujeres es prácticamente inexistente porque la vida de sus hijos está en juego. He visto a un grupo sacar adelante una población entera montando un negocio de venta de champús", asegura Pilar Gómez-Acebo, presidenta de honor de la Federación de Mujeres Empresarias, implicada en proyectos de cooperación de género.
La garantía de éxito, según Manuel Cadarso, consejero técnico de Microcréditos de la AECID, es que se trata de "una cadena de esfuerzos": "El Gobierno español hace un esfuerzo destinando unos fondos que en cualquier otro mercado obtendrían mayor rentabilidad. Y la mujer que recibe el microcrédito hace un esfuerzo mayor para sacar adelante su negocio y poder devolverlo". Guadalupe Ruiz, de 40 años, nacida en Chiapas, nunca pensó que ganaría más que su marido. Hace un año ni siquiera trabajaba. Ella y su hija de 13 años malvivían con los 5.000 pesos (unos 300 euros) que él, chófer, ganaba al mes. "Una amiga que había montado un negocio de venta de zapatos me habló de los microcréditos. Empecé con uno de 5.000 pesos y acaban de darme uno de 20.000 [1.250 euros]. He montado un pequeño negocio de venta de ropa. He mejorado mi casa, pagado las deudas de un terrenito y acabo de tener un bebé. ¡Nunca había tenido ahorros!".
Unicreich, la entidad que concedió a Guadalupe el microcrédito, gestiona un millón de euros de cooperación española para microcréditos en Chiapas. El 85% de las beneficiadas son mujeres. "Tienen muy bajo nivel cultural, el 10% no saben leer ni escribir y muchas están solas porque aquí hay mucha deserción familiar, por emigración y sobre todo por problemas de violencia familiar, alcoholismo....", explica Isabel Camacho, directora de la entidad.
En México, la Fundación Interamericana, financiada por el Gobierno estadounidense, va a poner en marcha un proyecto para ayudar a mujeres a las que la emigración de los padres de sus hijos en busca de una vida mejor ha dejado a merced de unas remesas no siempre puntuales. "Al principio las reciben frecuentemente, pero luego empiezan a escasear. Muchas veces sus maridos construyen una segunda familia en el país de emigración. Nuestro proyecto quiere ofrecerles apoyo psicológico y ayuda para que monten microempresas y tengan sus propios ingresos", explica Marcy Kelly, responsable para México de la fundación. El microcrédito es, de las fórmulas de ayuda de cooperación de género, probablemente la más agradecida. Los resultados se ven a corto plazo y con muy poco suele conseguirse mucho.
La parte más difícil y también la más difusa es lo que se ha bautizado como "empoderamiento" de las mujeres. En el caso de España, apoyando a asociaciones femeninas locales como Las Dignas, en El Salvador, contra la violencia machista; "asesorando al Gobierno peruano en la elaboración de un plan de igualdad de oportunidades", explica Itziar González, directora de la oficina técnica de cooperación en Lima; o favoreciendo programas de salud reproductiva y planificación familiar en África y Centroamérica. Este último apartado es clave. En los países ricos la tasa de natalidad es de "reemplazo", es decir, dos hijos. En los países más pobres asciende a cinco o más, lo que produce una presión enorme sobre los recursos alimenticios, impide la adecuada nutrición y educación de los niños y, en definitiva, origina una nueva generación aún más pobre. Jeffrey D. Sachs, el economista que ha recorrido el mundo asesorando economías en crisis, lo llama la "trampa demográfica".
La trampa que sume a los países pobres en una pobreza cada vez más profunda. Pero implantar estos programas no es fácil en según qué países. "Este trabajo hay que hacerlo desde la propia conciencia que las mujeres tienen de sus derechos en cada país para que no sea una injerencia cultural", explica Juana Bengoa, vocal de género de la Coordinadora de ONG de Desarrollo. De la Vega se declaró horrorizada tras posar con un hombre y sus tres esposas en Níger. Pero el texto y propósito del encuentro, la Declaración de Niamey, se firmó sin una sola palabra de condena a la poligamia.
