El retorno de los inmigrantes

El volumen de regresos no es significativo frente a un total de 5.220.577 extranjeros empadronados en enero de 2008. Que la crisis haya frenado el caudal de llegadas no debe hacernos magnificar las cifras de los que se van

MARTÍN TOGNOLA

XAVIER Rius Sant* EL PERIÓDICO

Como era de esperar, el aumento del desempleo en estos tiempos de recesión está afectando mucho, tanto a aquellos inmigrantes que carecían de papeles y no les es fácil encontrar trabajo en la economía sumergida como a aquellos que, pese a tener papeles, quedan en paro y carecen de subsidio de desempleo al haber cotizado poco tiempo. La crisis ha generado, no solo una disminución del caudal de inmigrantes que llegan a España, sino lo que se denomina operación retorno de inmigrantes, mayoritariamente bolivianos, ecuatorianos o rumanos, a sus países de origen.

Los bolivianos son los más afectados ya que la mayoría llegaron en el 2006 y el primer trimestre del 2007, justo antes de que se impusiera la exigencia del visado de entrada, en abril de dicho año, y no tuvieron tiempo de regularizarse por arraigo social dado que para ello se exige tres años de permanencia en España. La evidencia de esta gran cantidad de bolivianos sin papeles salta a la vista al comparar los 85.427 con permiso de residencia a 31 de diciembre de 2008, con los 239.942 empadronados un año antes --el Instituto Nacional de Estadística no hará público hasta el verano los datos actuales--. Y esta precariedad que empuja a algunos a regresar afecta más a quienes no tienen un colchón familiar en España que permite soportar estos periodos sin trabajo, gracias a que otros miembros de la unidad familiar trabajan con o sin contrato. Evidentemente muchos de quienes obtuvieron papeles en la regularización del 2005 bien tenían familiares aquí, que también se regularizaron, bien trajeron después legalmente a sus familiares. Pero esta no es la situación de muchos hogares de bolivianos y, pese a todo, los que se van son pocos, dado que la economía sumergida, en sectores que no tienen crisis, como el cuidado de ancianos, continúa necesitando a cientos de miles de personas dispuestas a trabajar --tengan o no papeles-- a cuatro euros la hora.
El hecho que la crisis económica ha frenado el caudal de llegada de inmigrantes no debe hacernos magnificar las cifras de los que se van, ni lanzar mensajes pronosticando una masiva marcha que aliviará el gasto social. Los 240 bolivianos que abandonan cada mes España no son nada en relación con los más de 250.000 que residen aquí. Lo mismo puede decirse de los 1.800 extranjeros en situación de precariedad que abandonaron España el pasado año con el billete pagado por oenegés y servicios sociales, o de los casi 4.000 que se han acogido a la opción de cobrar el paro de golpe si regresan a su país. Estas cifras no son significativas frente a un total de 5.220.577 extranjeros empadronados en enero del 2008.

LO QUE obliga a algunos a regresar y a privar a su familia de remesas es más la concurrencia en el núcleo familiar de realidades como una hipoteca a la que no pueden hacer frente con una situación de desempleo continuada de varios miembros de la familia. Pero la mayoría, sobre todo si los hijos están escolarizados, intentarán quedarse pese a faltar trabajo estable, confiando que en unos años, cuando cambie la coyuntura económica, podrán regularizarse.

Pero al margen de la decisión dramática que toman los que eligen regresar está otra situación, tanto o más angustiosa, que es la de aquellos que teniendo el permiso inicial de trabajo o su renovación, se quedan en paro y posiblemente verán denegada la próxima renovación del permiso al no haber cotizado el periodo mínimo exigido. Estos no solo no tendrán derecho al paro al haber trabajado poco tiempo, sino que pueden perder su permiso de residencia e, incluso, el de los familiares que acababa de reagrupar, para engrosar todos la bolsa de inmigrantes irregulares. En Madrid fue motivo de escándalo hace un mes la orden dada en ciertas comisarías del número de irregulares que cada policía debía detener a diario para proceder a su expulsión. Abocar a aquellos que pierdan el empleo a la irregularidad, engrosando aún más la cifra de sin papeles, contradice la política de inmigración anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero

EMPUJAR A la irregularidad y a la permanente amenaza de detención aleatoria y consiguiente expulsión de aquellos que pierdan el empleo no es precisamente una política que facilite la integración. Existen medidas posibles con la actual ley --el proyecto de la nueva todavía no se ha remitido a las Cortes--, como es la flexibilización de los requisitos para la renovación del permiso de trabajo a aquellos que pierdan el empleo o la concesión del arraigo social. También es importante que se acabe con las limitaciones de muchos permisos de trabajo, que se restringen a un sector y una provincia. Dando libertad a quien tiene permiso inicial solo para un sector y lugar para trabajar en otro y en otra provincia, se facilitaría su inserción laboral y se evitaría que acabe en situación irregular.

*Periodista. Autor de El libro de la inmigración en España. para esta legislatura. Así, dijo que si la pasada fue la de la regularización extraordinaria y los mecanismos de contratación en origen, en la actual, pese a que la contratación en origen disminuiría, se trabajaría por la integración de los recién llegados. Y a tal efecto se creó un plan estratégico y un fondo económico para ayuntamientos y autonomías que ahora, a posteriori, ha recortado el Gobierno