La larga vida de las centrales nucleares

ARTURO ROJAS Y PABLO MAÑUECO EL PAÍS 19/04/2009

En 2011 se cumplen 40 años de funcionamiento de la Central Nuclear de Garoña, y en los próximos meses el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictaminará si la central está en condiciones técnicas para seguir funcionando. En caso de dictamen favorable, el Gobierno puede optar por prorrogar su licencia de explotación o decretar su cierre.

El hipotético cierre del parque nuclear elevaría el coste de la electricidad unos 1.900 millones al año

Una característica de las centrales nucleares actualmente en explotación es que son capaces de prolongar su vida útil más allá de los 40 años inicialmente previstos, sin que la extensión de vida útil comprometa la seguridad de la instalación. De hecho, unas 50 centrales nucleares en Estados Unidos ya han obtenido una licencia de explotación hasta los 60 años de vida. Además, el aprovechamiento de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares tiene efectos económicos que no son despreciables. El punto de partida, que queda fuera de la argumentación, es que nuestras centrales nucleares operan de forma segura, tal y como dictamina el ente público responsable de supervisar y garantizar su seguridad, el CSN. Con esta premisa, nos parece pertinente la discusión sobre la prolongación del periodo de explotación de las centrales nucleares en términos puramente económicos, con independencia del amplio debate sobre la energía nuclear en su conjunto.

La segunda cuestión relevante para el análisis económico es identificar qué tipo de energía sustituiría a la central nuclear en el supuesto de que el Gobierno decidiera no prolongar su vida útil. Sobre este aspecto no cabe discusión: debido a la naturaleza de energía en base que proporcionan las centrales nucleares, el cierre de una de ellas obligaría a sustituir su producción por electricidad procedente básicamente de centrales de ciclo combinado de gas natural. Las centrales nucleares españolas alcanzan niveles de utilización elevados, superiores al 85%, por lo que aportan electricidad para atender el nivel de demanda estable, que en la España peninsular se sitúa en unos 20.000 MW. Este nivel mínimo de potencia es requerido de manera constante las 8.760 horas del año, y las centrales nucleares actuales atienden en torno a un tercio de dicho nivel. Los dos tercios restantes son cubiertos por centrales de carbón y gas natural, y por las energías renovables cuando están disponibles. La energía eólica no es capaz de sustituir a la energía nuclear ni en los momentos de mayor disponibilidad de viento. La producción eólica máxima instantánea actual se sitúa en unos 11.200 MW, por lo que los 7.716 MW nucleares y las centrales eólicas no compiten entre sí ni en el supuesto de que la producción eólica máxima se produjera en momentos de baja demanda.

El ritmo de inversión en energías renovables está determinado por lo atractiva que resulte su retribución y por la disponibilidad de emplazamientos económicamente rentables. En otras palabras, la continuidad de la central nuclear de Garoña no afectaría ni a la inversión ni a la producción de las energías renovables. Las centrales nucleares actuales no compiten con las energías renovables, ni éstas están en condiciones de sustituir la producción nuclear. Precisamente, la irregularidad en la producción eólica e hidráulica determina su complementariedad con las centrales de ciclo combinado, capaces de arrancar o desconectarse de la red de modo muy flexible.

Adviértase que otra cuestión es la apuesta de Estado por una energía u otra. Por ejemplo, en Francia la elección de la energía nuclear es prácticamente excluyente, mientras que en España la respuesta al aumento de la demanda de electricidad ha sido el gas natural, como energía de base, y las energías renovables.

Desde esta perspectiva, ¿qué ventajas e inconvenientes cabe considerar de prolongar la utilización de las centrales nucleares actuales? Empecemos por el único inconveniente: los residuos adicionales que generaría la prolongación de la vida útil. Sin embargo, estos residuos no alterarían ni agravarían el problema de localizar y construir un emplazamiento estable para los residuos ya generados durante la explotación estándar. En términos económicos, el incremento del coste de gestionar los residuos derivados de la prolongación no sería significativo en relación con el coste ya existente. Para valorar la decisión de prolongar la vida útil sólo es relevante el coste adicional (o marginal), porque no estamos analizando la energía nuclear en su conjunto, sino exclusivamente las consecuencias de prolongar la vida útil de las centrales ya existentes. Es evidente que, en genérico, la utilización de la energía nuclear para la producción eléctrica requiere solucionar de manera global el destino de los residuos. Pero el relativamente bajo volumen de residuos adicionales que supone la prolongación de la vida útil no dificulta el problema de los residuos ya existentes. Por el contrario, la prolongación de la vida útil abarataría relativamente el coste de desmantelamiento de la central, al repartirse este coste fijo entre un mayor volumen de energía producida.

Igualmente tiene relevancia el coste del residuo de la energía primaria que debería sustituir la producción de la central nuclear a cuya utilización renunciamos, y cuyo origen sería mayoritariamente gas natural. Con un coste por tonelada de CO2 entre 25 y 75 euros, la sustitución de la producción de Garoña durante diez años supondría un importe nada despreciable en derechos de emisión, entre 380 y 1.140 millones de euros sin considerar inflación.

El efecto económico más relevante es el derivado del coste variable del combustible en una u otra alternativa. En términos estrictos de coste adicional, la sustitución de la producción de Garoña por electricidad de ciclos combinados, con un precio medio del gas equivalente al observado en el mercado spot en 2008, supondría un incremento del coste del combustible de unos 1.600 millones de euros durante los próximos 10 años.

Adicionalmente, la sustitución de producción eléctrica nuclear por gas natural tiene dos consecuencias macroeconómicas no deseables, puesto que aumenta nuestro déficit comercial y nuestra dependencia energética.

Una de las características singulares del perfil macroeconómico de España es su abultado déficit exterior por cuenta corriente, el segundo mayor del mundo en términos absolutos después de Estados Unidos, y que supone para nuestro país un importante drenaje de recursos. Además, el 40% del déficit por cuenta corriente está provocado por las importaciones de energía. A modo de ejemplo, con el precio del gas de 2008, el cierre repentino del parque nuclear español supondría un aumento del 6% en nuestro déficit comercial energético, siendo la contribución de Garoña del 0,4%.

En cuanto a la dependencia energética, España importa el 85% de la energía que consume, frente al promedio del 50% de la Unión Europea. La contención de nuestra vulnerabilidad energética supone un reto estratégico de primera magnitud. La apuesta por las energías renovables es un paso en dicha dirección, pero su dependencia de las condiciones meteorológicas obliga a complementar la energía eólica, hidráulica o solar con centrales de gas natural, que aumenta nuestra dependencia del exterior. Por el contrario, en la producción nuclear, si bien se importa la materia prima, el combustible nuclear incorpora valor añadido en nuestro país, por lo que tiene la consideración de recurso nacional, contribuyendo al 15% de energía autóctona. Puede anticiparse que el cierre de Garoña aumentaría nuestra dependencia energética en torno al 1%.

En el ámbito microeconómico es interesante analizar el efecto de las centrales nucleares en la fijación de precios del mercado eléctrico. La potencia nuclear realiza sus ofertas al mercado a un precio inferior a cualquier otra tecnología (incluso precio cero en muchos casos), para garantizarse entrar en la casación de oferta y demanda. Esto es debido a que la complejidad de su puesta en marcha determina que las centrales nucleares funcionen sin más paradas que las imprescindibles para la recarga de combustible cada 12 o 18 meses, o como en el caso de Garoña, cada 24 meses. Las centrales nucleares aceptan cualquier precio, y por tanto, presionan a la baja el precio de equilibrio. La energía eólica ejerce el mismo efecto a la baja en los precios del mercado eléctrico, pero con la salvedad de que, en media, los parques eólicos sólo producen cuando la velocidad del viento es la adecuada y que viene a ser un 25% del tiempo, frente a la disponibilidad media del 87% del parque nuclear en 2008. Por el desplazamiento de la oferta, nuestra estimación es que el hipotético cierre del parque nuclear español incrementaría el coste de la electricidad en unos 7 euros/MWh, equivalente a unos 1.900 millones de euros al año. La contribución de Garoña a este sobrecoste sería de aproximadamente 0,4 euros/MWh

El debate nuclear en nuestro país relevante a corto plazo no es si deben construirse nuevas centrales, decisión que requeriría de un pacto de Estado y tiene sin duda elementos inciertos, sino si se debe prorrogar la explotación de las centrales existentes. Podemos concluir que en tiempos de crisis como los actuales adquieren un valor especial los ahorros que se derivan de seguir aprovechando instalaciones que funcionan.

Arturo Rojas y Pablo Mañueco son socios de AFI.