"Empleos británicos para trabajadores británicos"
SAMI NAÏR EL PAÍS 07/02/2009
Reino Unido está viviendo protestas y huelgas salvajes contra la contratación de trabajadores de otros países de la Unión Europea. El enfado ha sido provocado por la concesión de un contrato por Total a la empresa italiana IREM para ampliar la refinería de Lindsey, la tercera más importante del país. Ahora bien, esta empresa, que busca salarios más bajos, ha llamado a centenares de obreros italianos y portugueses, excluyendo así a los locales. Este movimiento se ha extendido por casi todo el Reino Unido bajo la consigna "British jobs for British workers!" ("Empleos británicos para trabajadores británicos").
Estamos, salvando las distancias, en una situación parecida a la de la ascensión del fascismo
Con la lógica más cruel, los trabajadores británicos caen en la trampa de la xenofobia al reivindicar la preferencia nacional para defender sus puestos de trabajo. En cuanto a los sindicatos, están divididos entre la voluntad de solidarizarse con el desamparo de los trabajadores y el rechazo a legitimar esta deriva xenófoba. Y el Gobierno británico no puede sino constatar su impotencia: cualquier intervención iría en contra de las reglas comunitarias sobre la movilidad de los trabajadores en la UE.
En otras palabras, no hay salida a la crisis si no es poniendo en duda la regulación comunitaria. La cruda realidad es que los gobiernos europeos han caído en la trampa de la estrategia ultraliberal que ellos mismos han seguido y creado. Aceptar la lógica de la desterritorialización del capital y del trabajo supone, irreversiblemente, que los salarios compitan a la baja. Lógica perversa, que consiste en jugar con las desigualdades de desarrollo económico y social, favoreciendo, de hecho, en Europa a los asalariados de los países menos desarrollados en detrimento de la posición adquirida por los más desarrollados. La ideología europeísta ha servido durante veinte años para enmascarar esta operación.
El caso de Reino Unido no es el único. En España, aumentan las tensiones tanto contra los trabajadores comunitarios (rumanos) como contra los no comunitarios a los que se pide que vuelvan a sus países después de haber explotado su fuerza de trabajo. El consiguiente repliegue nacionalista es legítimo a ojos de la opinión pública por el aumento del paro. Y esto, desgraciadamente, no ha hecho más que empezar, ya que la crisis será profunda. Los países se hunden en una profunda espiral recesiva -el FMI prevé una caída del PIB del 2% en la zona euro- con un desempleo que se disparará. Así, algunos prevén en España que en 2009 se superaran los cuatro millones de parados y tal vez los 4,5. En Francia una sola cifra resume la magnitud del seísmo: el número de horas de paro forzoso por reducción de jornada ha pasado de 200.000 en enero de 2008 a 13 millones en diciembre. Esta tendencia se da en toda Europa. La magnitud de la precariedad y de la pobreza resultante será devastadora.
Ante este oscuro porvenir, es de esperar que se produzcan tensiones sociales muy fuertes. Algunos partidos políticos irresponsables aprovecharán para sembrar el odio, la xenofobia y el nacionalismo. Es por ello urgente tomar conciencia del alcance de la amenaza y de lo que está en juego. Estamos, salvando las distancias, en una situación parecida a la de los años 30, momento de la ascensión del fascismo en Europa. Así que la pregunta clave es: ¿Cómo construir una Europa social ante la deflación de los salarios, que ha sido aceptada por las élites políticas? La respuesta dada por los movimientos sociales espontáneos es clara: la desesperación social puede llevar a explosiones muy graves.
¿Qué hacer para desactivar esta bomba?
En primer lugar, hay que oponerse frontalmente a los ataques que se producirán en contra del derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos. Se trata de defender los derechos adquiridos por extranjeros que han contribuido en gran medida a la riqueza nacional. Lo que aquí está en juego es en realidad el respeto por el Estado de derecho.
En segundo lugar, hay que tener la valentía de decir que la legislación comunitaria en materia de libertad de instalación de las empresas en Europa lleva consigo graves conflictos potenciales. La instauración de normas comunes y, en particular, de cláusulas en contra del dumping social (y también medioambiental) es indispensable. Sería así razonable crear una autoridad que regule la competencia interna en la zona euro, cuyo objetivo sería imponer una cláusula social y medioambiental mínima a las empresas que se instalen fuera de su país. Sería el primer paso para la creación de un tratado social europeo, que fijaría criterios de convergencia en materia fiscal y social. Construir de manera efectiva una Europa social basada en la armonización hacia arriba y no hacia abajo es la única manera de oponerse hoy a las reacciones xenófobas y al nacionalismo que amenazan a Europa.
Traducción: M. Sampons
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Surgen movimientos y medidas proteccionistas en Reino Unido y Francia - "Erigir barreras no creará ni un solo empleo", advierte la Comisión Europea
RICARDO M. DE RITUERTO - EL PAÍS Bruselas - 06/02/2009
La crisis económica y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo están socavando principios sagrados de la Unión Europea como el libre movimiento de trabajadores o la circulación de productos en un mercado único por encima de las fronteras. La huelga salvaje de trabajadores británicos de la refinería Lindsey en Killingholme contra el empleo temporal de otros italianos y portugueses por la francesa Total -"los empleos británicos para trabajadores británicos", es el lema de los manifestantes- ha sido la punta de un iceberg que recorre toda Europa.
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La huelga xenófoba británica es la punta de un iceberg que recorre el continente
"Vamos a vivir años de desintegración en la UE", advierte un analista
El comisario de Trabajo, el checo Vladimir Spidla, se vio ayer obligado a salir en defensa de ese pilar básico del libre movimiento de trabajadores europeos. "Ése es un valor fundamental de la Unión", subrayó. "Levantando barreras y restringiendo el mercado interior no nos protegeremos de la crisis. Erigir barreras no creará ni un solo empleo". Spidla intentó así calmar la tormenta desatada por un comentario hecho el día anterior por él mismo, cuando, al hilo de la citada huelga salvaje en Reino Unido, el comisario asumió que Bruselas estaba preparado para "estudiar cualquier medida necesaria en un mundo cambiante".
"No movamos los palos de la portería", declaró ayer el portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger. "No es la libertad de movimiento de trabajadores comunitarios lo que está causando problemas", agregó. Bruselas se apresuró a destacar que esa libre circulación de trabajadores ha creado más de 10 millones de empleos en la UE en los últimos 10 años.
El conflicto en Reino Unido entró ayer en fase de solución bajo el compromiso de que la mitad de trabajadores que contratará Total en Killingholme serán británicos, pero lo ocurrido en esa localidad del este de Inglaterra ha puesto de manifiesto la búsqueda de refugios nacionalistas económicos en plena recesión.
Los Gobiernos de Francia y Suecia ya han anunciado que condicionarán las ayudas a sus industrias automovilistas: sólo podrán beneficiar a centros ubicados en sus respectivos países. En paralelo, ya se han producido diversas llamadas gubernamentales en diferentes países para animar al consumo de productos nacionales, como ha llegado a ocurrir en España. Grecia ha prohibido a sus bancos que socorran a las sucursales en otros países balcánicos.
El politólogo Karel Lannoo, director del Centro de Estudios de Política Europea, un gabinete independiente de Bruselas, cree que "la integración europea podría sufrir" por estas tensiones proteccionistas y nacionalistas. "Me temo que vamos a vivir dos o tres años de desintegración europea", dice. En su opinión, los Gobiernos han arrinconado en 2008 a la Comisión para convertirse en los auténticos gestores de la Unión. Lannoo ve como real el peligro de una fractura en Europa, puesto de manifiesto con la aprobación por la Comisión de programas de salvamento bancario presentados por algunos Gobiernos en beneficio sólo de sus bancos.
La Comisión Europea dice comprender "la frustración de los ciudadanos y se compromete a usar los mecanismos a su disposición para mantener los empleos", entre los que, aparentemente, no se encuentra el de modificar la directiva sobre los trabajadores desplazados que ha provocado la huelga británica.
"La Comisión no contempla ninguna revisión de esa directiva", asegura un portavoz. "Sabemos que hay problemas en su aplicación práctica que habrá que resolver caso por caso".
La directiva ha sido apoyada por el Tribunal de Justicia de la Unión y la Comisión estudia ahora sus efectos, según el comisario Spidla, "para tener más elementos de juicio y ver si hace falta una revisión".
Algunas especulaciones apuntan a que se podría dejar margen de maniobra a los Gobiernos en la aplicación de la directiva. "Ésa no es la solución, porque con diferentes aplicaciones se irá contra el espíritu y la letra. Debe ser igual en toda la UE", replica María Helena André, secretaria general adjunta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Lo que la CES reclama es que las instituciones fijen con precisión los derechos y deberes de los trabajadores trasnacionales, para evitar abusos.
"Se puede comprender el proteccionismo, pero no es la solución", señala André. "Lo peor que puede ocurrir en Europa es que todos nos volvamos proteccionistas, que cada cual apele al interés nacional y la gente olvide que todos dependemos de todos", dice. "Hay que estar atentos para evitar la cadena proteccionismo, nacionalismo y xenofobia". "Los sindicatos están dispuestos a protegerse de este proteccionismo, porque el de Reino Unido es un fenómeno que puede repetirse", alerta.
El miedo de la rica Suiza
El fantasma de una invasión de Suiza por trabajadores rumanos y búlgaros, agitado por el xenófobo Partido Popular de Suiza (SVP), protagoniza la campaña del referéndum para renovar el acuerdo de libre circulación de personas con la UE, que se vota este domingo.
El miedo a la crisis y la incorporación de los países de Europa del este a la Unión explican una polémica que, de concretarse en un voto negativo, aislaría a Suiza de la UE. El sí que piden empresarios, sindicatos y Gobierno lidera los sondeos, aunque con estrecho margen con el no del SVP.
Los trabajadores extranjeros, en el punto de mira
El presidente de Italia reclama un esfuerzo común contra el racismoLlega al Parlamento la ley que castiga con multas el delito de inmigración ilegal
MIGUEL MORA - EL PAÍS Roma - 03/02/2009
Si en Lincolnshire braman contra los sicilianos, en Italia son los rumanos y extracomunitarios los destinatarios del miedo y la xenofobia. El discurso de la tolerancia cero lanzado hace meses por el ministro del Interior, Roberto Maroni, suena cada día más vacío y fuera de control. Incluso en la derecha empiezan a surgir voces asustadas ante el caos y la violencia de signo racista vivida en los últimos días.
Ministro Maroni: "Con los clandestinos hace falta ser malos, no buenistas"
Tres muchachos quemaron a un indio que dormía en una estación de Roma
El ex ministro del Interior y actual presidente del Comité Antimafia, Giuseppe Pisanu, atacó ayer a Maroni desde Il Corriere della Sera asegurando que el fenómeno migratorio, "que orientará los procesos económicos y sociales de la Europa del próximo siglo, no puede afrontarse con la oreja tendida hacia las voces de las tabernas de la Baja Padania. La tolerancia cero es un eslogan afortunado que no quiere decir nada. Ese clima emotivo excita los instintos más bajos".
Poco después, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, lanzó un mensaje a la nación mostrando su "preocupación por la sucesión de episodios xenófobos" registrados. Napolitano exigió a los políticos e instituciones "todo su esfuerzo para combatir el racismo" y les animó a "no considerar esos sucesos como hechos aislados". Maroni, en el ojo del huracán, replicó a ambos con otra de sus frases memorables: "Con los clandestinos hace falta ser malos, no buenistas". Y de paso obvió por completo la amonestación del jefe del Estado: "Oigo todavía polémicas que no sirven y que sólo crean alarmismo. Me entran por un oído y me salen por el otro".
Tiene sus motivos. Según todas las encuestas, Italia es el país europeo más asustado ante la inmigración. En ese contexto, las protestas de los trabajadores británicos contra los 300 empleados italianos de la empresa siciliana IREM han sido recibidas incluso con comprensión por el Gobierno. Maurizio Sacconi, ministro de Sanidad y Trabajo, recordó ayer que la libre circulación de trabajadores es "un principio fundamental de la Unión Europea que no puede ser discutido". Y añadió: "Comprendo la protesta de los trabajadores británicos pero no la comparto". Buenas palabras, en un ambiente interno de terror, tras los tres casos de violaciones de mujeres (dos de ellas en grupo), atribuidas por algunos medios a "jaurías de inmigrantes", y seguidas por redadas masivas, agresiones a extranjeros e intentos de linchamiento.
Tras el asesinato a tiros de un ciudadano senegalés a manos de un vecino de profesión policía en Civitavecchia, el país amaneció ayer conmocionado por el ataque de tres jóvenes a un inmigrante indio que dormía en la estación de Nettuno, cerca de Roma. Los muchachos, de entre 16 y 29 años, rociaron con gasolina al hombre, le golpearon y le prendieron fuego. El menor contó a la policía que sólo buscaban acabar la aburrida noche con un poco de emoción: "Daba igual si era rumano o negro", dijo, "solo queríamos ver cuánto duraba". Según Maroni, no se trata de un ataque racista sino de "algo peor". "Querían acabar su juerga quemando a alguien. Eso debe hacernos reflexionar".
Mañana, en el Senado, los parlamentarios tendrán ocasión de hacerlo. Llega al hemiciclo, tras meses de anuncios y marchas atrás, el Decreto Ley de Seguridad. Aunque luego debe pasar a la Cámara, la ley prevé entre otras medidas castigar el delito de inmigración ilegal con multas de 5.000 a 10.000 euros; prohibir registrar sus matrimonios y nacimientos a los sin papeles; tasa anual de 125 euros por el permiso de residencia; elaboración de un censo nacional de personas sin techo, y obligación de tener una vivienda digna.
Quizá algunas no prosperen, porque las asociaciones católicas han formado un cartel contra el decreto. Sostienen que "tendrá consecuencias nefastas para la seguridad y la economía porque los mejores inmigrantes se irán".
La cacería ha empezadoMIGUEL MORA EL PAÍS 01/02/2009
L os sucesos de Ponticelli no son, desgraciadamente, un hecho aislado en la Italia actual. La Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, que inspeccionó en septiembre la situación de los gitanos en Italia, ha aprobado un demoledor informe de 23 páginas que resume la situación en tres frases: "Aumento de los episodios de racismo y xenofobia, algunos de ellos caracterizados por una violencia sin precedentes", "sensación de malestar e inseguridad crecientes" y "pésimas condiciones de acogida".
El Parlamento Europeo da la voz de alerta: aumentan la xenofobia y el racismo en Italia. Dos violaciones desencadenan otra vez una escalada de ataques contra rumanos y gitanos
"Hay una campaña para criminalizar al pueblo romaní y justificar expulsiones y desalojos brutales"
El documento, presentado por el presidente de la comisión, Gerard Deprez, y aprobado por 35 votos contra 12, acusa a instituciones y medios de comunicación de tratar el fenómeno migratorio con "dramatización exagerada y exasperada", lo que contribuye a que "se mantenga la alarma social creada para justificar el paquete de seguridad y las ordenanzas de emergencia".
Las conclusiones, elaboradas por los eurodiputados después de encuentros con parlamentarios italianos, el propio ministro del Interior, Roberto Maroni, ONG, Cruz Roja y Acnur, subrayan que "las condiciones del pueblo nómada han sido infravaloradas siempre por las autoridades públicas y resultan hoy seriamente comprometidas".
El Parlamento reconoce algunos pasos positivos, como las intervenciones para mejorar las condiciones de vida en las chabolas de los campamentos, entre ellos, el de Casilino 900, que existe desde hace 35 años a 10 kilómetros del centro de Roma.
Dos parlamentarios italianos, Roberta Angelilli, de Alianza Nacional, y Mario Borghezio, de la Liga, presentaron un voto particular denunciando que el texto "dibuja un cuadro denigrante y no realista de la situación" y "expresa un juicio político instrumental antes que contribuir a la solución de los problemas".
A otros, en cambio, les parece demasiado suave. La ONG EveryOne, que cuenta entre sus miembros con ciudadanos gitanos, afirma que "en Italia está en curso una campaña mediática y política dirigida a criminalizar al pueblo romaní y consentir así un número impresionante de desalojos brutales, intimidaciones, expulsiones de hecho y de ley de familias enteras, y abusos judiciales".
En los últimos días, tres violaciones, una cometida en Primavalle, barrio de la periferia de Roma; otra en la cercana ciudad de Guidonia, y la tercera en Piacenza, al norte del país, han conmocionado a la población y han desencadenado, otra vez, la cacería indiscriminada de gitanos, rumanos.
Italia es el país de Europa más receloso ante los inmigrantes y los gitanos, según indican las encuestas internacionales, y de nuevo ha reaccionado al horror mirando hacia los sospechosos habituales. "Furia inhumana. Se peinan los campamentos romaníes", titulaba el pasado miércoles el diario Corriere della Sera.
Tras las violaciones ha habido redadas de día y de noche en los campamentos cercanos a los hechos. Quinientas personas fichadas y veinte detenidas por motivos ajenos a los hechos. A cambio, no ha habido ningún arrestado por los ataques contra inmigrantes.
En Guidonia, el sábado de la semana pasada, un grupo de jóvenes de extrema derecha agredió a nueve extranjeros; el martes, una turba intentó linchar a los seis ciudadanos rumanos detenidos como sospechosos.
La noche anterior, cuando la policía aún buscaba a los autores del delito, la agencia Ansa rebotó estas declaraciones del ministro del Interior, Roberto Maroni, a la televisión RAI 1: "Los datos de violaciones en Italia son atribuibles en un 58% a italianos y en un 9% a rumanos. En Roma, la situación es distinta: 35% italianos y 31% rumanos. La diferencia se explica por la fuerte concentración. En mayo acabaremos con los campamentos ilegales de nómadas". Las últimas estadísticas oficiales de 2007 reflejan, sin embargo, que el 90% de los delitos sexuales son atribuibles a ciudadanos italianos y sólo el 10% restante a extranjeros.
"Los sospechosos de la horrenda violación en grupo de una joven de 21 años en Guidonia resultaron ser, en efecto, rumanos, pero no de etnia romaní. Interior sólo comunicó este hecho el jueves, 48 horas después de los arrestos", recuerda EveryOne. Para entonces, la mayoría de los medios de comunicación había dado por descontado que los culpables eran gitanos.
La lógica tensión del Gobierno, atacado por la oposición, que fue a su vez denigrada como ineficaz por la derecha, ha llevado a algunos ministros a ignorar incluso la presunción de inocencia. A raíz de que uno de los sospechosos confesara su implicación en los hechos de Guidonia tras ser interrogado toda la noche, el ministro de Exteriores, Franco Frattini, declaró: "Cumplirán la pena en Rumania".
Sólo unas horas después de que la prensa difundiera la noticia de la violación de Primavalle (Roma), cometida por "dos extranjeros", una banda de jóvenes destruyó varias chabolas del campamento del barrio. Aparecieron pintadas racistas. A continuación, las fuerzas de seguridad "completaron el trabajo y dejaron en la calle a 50 personas, entre ellas varios enfermos y más de 20 niños". "Como suele pasar", concluye Malini, "su única culpa era ser gitanos y vivir cerca del lugar del delito".
Según se supo el pasado jueves, el Ayuntamiento de Roma ha destruido 124 asentamientos nómadas durante las últimas nueve semanas.
El paro provoca el descenso de inmigrantes que quieren venir a España
M. .J. LÓPEZ DÍAZ - EL PAÍS, Almería - 21/01/2009
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer que el descenso del empleo es una causa "indirecta" en la reducción del flujo ilegal del personas. Rumí hizo balance durante su visita a Almería de las políticas de integración gestionadas por el gobierno socialista en la pasada legislatura y recordó que el trabajo es el principal "efecto llamada" para los extranjeros. La caída del número de inmigrantes llegados a España en 2008, algo más de 13.500, es una consecuencia de la menor oferta laboral y de la cooperación bilateral entre nuestro país y los países de origen de los inmigrantes. El acusado descenso, de un 90%, del contingente de personas contratadas en origen así lo avala. En el caso de los menores, la reducción es más importante: un 80% menos respecto 2007. A Andalucía sólo 84 chavales llegaron el año pasado.
En 2008 llegaron un 30% de pateras a las costas de Almería
Cruz Roja Almería ratificó ayer con sus propias cifras el balance realizado por el Gobierno. En la provincia de Almería la ONG ha registrado un descenso de la llegada de embarcaciones del 30% y de un 40% en el número de personas. "A excepción de los subsaharianos, que suelen venir muy hacinados en grandes embarcaciones con mujeres y niños, los inmigrantes están llegando en mejores condiciones. Entre otras cosas porque con el SIVE los intercepta antes, casi a mitad de recorrido", explica el coordinador provincial de Cruz Roja, Fran Vicente. Los equipos de Respuesta Inmediata ante Emergencias de Cruz Roja de Almería atendieron durante el año 2008 a 1.300 personas frente a las 2.410 asistidas del año 2007. Durante el 2008 se interceptaron 1.155 varones, 79 mujeres y 92 menores de edad, según Cruz Roja. También se atendió a 12 embarazadas.
En cualquier caso, el efecto llamada "hoy no existe" al no existir gran demanda de trabajadores. A eso se añade el "efecto disuasorio" de las repatriaciones. El dato más decisivo que Rumí facilitó ayer es que la provincia de Almería ha recibido 8,5 millones de euros para la integración de los inmigrantes desde 2005, una cifra superior a lo que el PP repartió en 2004 "para toda España", alrededor de siete millones de euros. La secretaria de Estado afirmó que el PSOE elevó esa cantidad a 200 millones anuales con el Fondo de Acogida e Integración, que han servido para invertir más de 700 millones de euros en todo el país, dejando fuera las limitaciones del Gobierno anterior". En el caso de Andalucía, Rumí especificó que el Fondo de Apoyo a la Integración ha recibido del Gobierno central más de 76 millones en los últimos cuatro años.
Rumí adelantó que el Observatorio del Racismo y la Xenofobia ha fijado un mapa con los lugares más problemáticos y donde es necesaria una intervención del Estado. En las próximas semanas se dará a conocer. La secretaria de Estado también anunció un viaje a Alemania, invitada por al canciller Ángela Merkel, en el que España explicará el modelo de gestión de integración con los inmigrantes. Un modelo que para Rumí se define como "discreto y silencioso".
La secretaria de Estado hizo referencia a los dos sucesos ocurridos en la provincia de Almería y que se saldaron con la muerte de un ciudadano senegalés y otro malí durante el año 2008. Las disputas interraciales ocurridas en el barrio de las 200 viviendas de Roquetas de Mar en el mes de septiembre y en la localidad de La Mojonera, en el mes de diciembre, respectivamente, no vienen derivados de "problemas de integración". Rumí dijo que es necesario analizar la situación de cada suceso, ya que ocurren problemas similares en otras partes de España y se dan por diferentes situaciones. "Es la falta de trabajo o incluso disputas internas las principales causas y no la falta de integración", apuntó la secretaria de Estado.
Itziar Ruiz-Giménez ha afirmado que han observado "un aumento de racismo y xenofobiaItziar Ruíz-Giménez presidenta de Amnistía Internacional en España ha charlado con los lectores de ELPAÍS.com
ELI ZUBIRIA - EL PAÍS Madrid - 10/12/2008
El 7 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, aunque se ha avanzado mucho en esta materia desde entonces, aún queda mucho por hacer. Así lo ha denunciado Itziar Ruiz-Giménez, presidenta de Amnistía Internacional en España...
Pero no todo es negativo en este terreno, el Gobierno quiere aprobar el próximo viernes el Plan Nacional de Derechos Humanos en España. Para Amnistía Internacional "es un paso muy importante que llevamos pidiendo desde hace 10 años. Aunque el plan tiene avances positivos tiene ausencias muy significativas como no eliminar el régimen de incomunicación (salvo a menores), no comprometerse a impedir que nunca más España participa en vuelos de la CIA o no firmar la Convención de los Trabajadores Migrantes".
En referencia a este último punto, Itziar Ruiz-Giménez ha afirmado que han observado "un aumento de racismo y xenofobia en diversos ámbitos de la sociedad española:
- discriminación en el mercado de trabajo
- y casos muy preocupantes de violencia racista
- y de malos tratos y tortura por agentes de fuerzas de seguridad".
El racismo en las escuelas se ceba con los musulmanes
Un estudio revela que los gitanos ya no son los más rechazados entre los alumnos
M. RUIZ DEL ÁRBOL -EL PAÍS - Madrid - 08/12/2008
Por primera vez después de siglos, los gitanos no son el colectivo que más sufre el racismo en la escuela. Ahora son los marroquíes. Lo llevan siendo desde el año 2002, después de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas en Nueva York, según la encuesta escolar sobre racismo que elabora desde 1986 el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA) de la Universidad Complutense. Aquel año, los resultados de la encuesta no se publicaron "para no echar más leña al fuego, porque revelaban una islamofobia brutal", afirma Tomás Calvo Buezas, antropólogo y director del CEMIRA. La encuesta se volvió a repetir en 2004, pero no fue publicada. Ahora -año 2008- que la fuerza del rechazo ha disminuido, el CEMIRA hace públicos los datos de las tres encuestas hechas entre chavales españoles de 13 a 19 años.
El rechazo a los latinos es el que más ha crecido, del 15% a un 24,7%
Los resultados de 2008 muestran que la xenofobia visceral se ha reducido
Los resultados de 2008 revelan que ese racismo visceral se ha reducido. Mientras que en 2002 un 48,6% de los chavales afirmaron que echarían a los marroquíes de España, seis años después la cifra se ha reducido al 39,1%. En otras preguntas, la islamofobia se mantiene: el año del 11-S, el 23,7% afirmó que le molestaría tener a un marroquí como compañero de clase, y en 2008 respondió lo mismo el 23,1%.
El 11-M
Lo sorprendente es que, cuando dos años después del 11-S, el terrorismo islamista azotó la capital de España, el 11 de marzo de 2004, los niños no respondieron con más odio. La fobia no creció e incluso se rebajó algunos puntos. "Sucedió gracias a una pedagogía muy eficaz. Tanto en las manifestaciones como en los medios de comunicación se creó un discurso correcto: 'Terroristas no / inmigrantes sí'. Un discurso del que, además, ya había un antecedente en España: 'Vascos sí, ETA no'. La disociación entre terroristas e inmigrantes ha dado sus frutos positivos". Abdennur Prado (jefe de la comunidad musulmana de Cataluña) asegura que el crecimiento del rechazo hacia los musulmanes "es una bola". "Si no se hace algo para evitarlo va a estallar. Es necesario seguir las recomendaciones de la Unión Europea, que ha aconsejado realizar campañas entre menores y mayores para prevenir la islamofobia".
Los gitanos son ahora los segundos más repudiados. Durante cinco siglos han sido el grupo que sufría más y "pese a ser españoles, también han padecido el auge del rechazo en el mismo paquete imaginario de los inmigrantes", asegura Calvo Buezas. Aunque la xenofobia contra ellos ha decrecido, siguen manteniéndose niveles muy altos de recelo. En 2002, un 32% de los niños respondió que echaría de España a los gitanos (frente a un 48,6% que echaría a los marroquíes). En 2004 respondieron que les expulsarían el 29,5%, y en 2008 el 27,4%.
Mónica Chamorro González, responsable del área de educación de la Fundación Secretariado Gitano, asegura que, en general, sí han notado que el rechazo hacia los gitanos ha disminuido. Aunque puntualiza: "Es un dato que varía mucho entre los distintos barrios y colegios". Aun así, opina que el hecho de "que haya crecido el racismo hacia los musulmanes no significa necesariamente que haya menos rechazo hacia los gitanos. Hay mucho trabajo por hacer. Muchas veces, como los gitanos tienen un nivel más bajo a consecuencia de su elevado absentismo escolar, se les mete en las clases de educación compensatoria sin hacerles ningún examen previo. Esa actitud es un error porque su permanencia en grupos segregados continúa estigmatizándoles".
El rechazo a los latinoamericanos es el que más ha crecido: de un 15% de adolescentes que les echaría de España en 2002, a un 24,7% en 2008. En 1986, el primer año que se hizo la encuesta, tan sólo un 4,2% quería expulsarles. La animadversión hacia ellos ha crecido en 2008 en todos los indicadores: casarse con un latino, compartir pupitre con uno de ellos, echarles del país... "Los que antiguamente veíamos como nuestros hermanos latinos hoy ocupan el tercer puesto del rechazo, detrás de los marroquíes y de los gitanos. El amor romántico y fraternal de antaño se ha roto", ratifica Calvo Buezas. Sin embargo, el profesor opina que "aún quedan brasas ardientes de similitud en la lengua, en la religión, en la historia y en la cultura que darán sus frutos positivos como el mayor mestizaje y la mayor adaptación de sus hijos".
Los latinos son el ejemplo de lo que está pasando con todos los grupos: cuando llegan los primeros colectivos, crece el racismo hacia ellos, pero luego el rechazo no aumenta exponencialmente conforme van llegando más inmigrantes. (Véase gráfico).
Después de los latinoamericanos, el rechazo a los asiáticos se mantiene. En 2002, un 25,8% les hubiera expulsado; en 2008, un 23%. "Siempre han ocupado niveles medios de xenofobia. Su variación, al alza o a la baja, suele coincidir con los niveles generales de rechazo a la inmigración". Los negros de África son los quintos en la ignominiosa clasificación. Ellos también han experimentado un notable aumento de la xenofobia desde la primera encuesta, hace ya 22 años. Entonces, un 4,2% les hubiera expulsado; en 2002, un 26,7%, y en 2008, un 21,6%. "En los primeros años no eran visibles y se tenía hacia ellos un sentimiento compasivo", asegura el antropólogo.
Los judíos ocupan un nivel de rechazo muy bajo (un 18,8%), sobre todo si comparamos este dato con los resultados que una encuesta internacional arrojaba sobre el sentimiento hacia los judíos entre los adultos. El trabajo, elaborado por el centro de investigación estadounidense Pew Center, reveló este año que eran los segundos más odiados. Según esa encuesta, el 52% de los españoles rechaza a los musulmanes y el 46% a los judíos.
Pero más allá de todo esto, el CEMIRA señala con preocupación que entre los escolares está creciendo "muy peligrosamente" una "estigmatización, criminalización y satanización" de los inmigrantes sin papeles, lo que responde al discurso reinante en los medios y en la calle, dicen las conclusiones de la encuesta. "Se están convirtiendo en chivos expiatorios y son etiquetados como apestados", asegura Calvo Buezas. Si en 1999 el 33,5% de los chavales afirmaba que todos los inmigrantes irregulares debían regresar a sus países, ahora lo dice el 52,8%. Esta agresividad contra los sin papeles se ve más claramente en las redacciones y en los dibujos que les piden a los alumnos al final del cuestionario. Un mayoritario 79,2% (frente a un 17,9%) opina que los inmigrantes regularizados tienen los mismos derechos que los españoles.
¿Estamos a tiempo de combatir el racismo y la xenofobia en los colegios? El profesor Calvo Buezas cree que sí, siempre que en las aulas se fomenten "los valores de hospitalidad y solidaridad". "Hay que tener en cuenta que el racista se hace, no nace. Pero también el solidario. Por eso tenemos que introducir valores nuevos sin descuidar los que ya teníamos", añade. El segundo punto clave, asegura, es la reciprocidad: "La solidaridad tiene que ser una carretera de doble vía para que esto funcione".
Portazo a la inmigración
El Gobierno cierra la entrada a trabajadores extranjeros - Los expertos alertan de que el mercado necesitará mano de obra cuando se recupere la economía
ALEJANDRO BOLAÑOS EL PAÍS, 07/01/2009
"A esos inmigrantes a los que se está potenciando que se vayan podemos necesitarlos dentro de poco, hay que apostar más por políticas de recolocación que por políticas de retorno"
Cuando vino, le llamaron ilegal y le dieron trabajo. Algunos años después, con el encendido debate sobre el efecto llamada de fondo, logró los papeles. Accedió a derechos antes vedados, a trabajos mejores. Pagó impuestos, los bancos le recibieron con su mejor sonrisa, se compró una casa, tuvo hijos. Se le consideró entonces propulsor del milagro económico, garante del sistema de pensiones. Ahora, los tajos se cierran, los jornales escasean, hay menos empleos en comercios y bares. Cobra el paro, la hipoteca se come los ahorros, algún familiar tomó el camino de vuelta... El investigador Miguel Pajares atrapa los nuevos interrogantes que deja la crisis en Inmigración y mercado de trabajo, informe encargado por el Gobierno: "¿Qué pasará si siguen llegando inmigrantes al ritmo de los últimos años? ¿Se disparará el desempleo entre ellos? ¿A qué conflictos estamos expuestos? ¿Aumentará la competencia por el empleo y con ella la xenofobia?".
El desempleo entre los inmigrantes se ha disparado un 64% en un año
Italia, Reino Unido, Francia y Alemania limitan su admisión para trabajar
Las restricciones llevan a veces, según el caso rumano, a empleos irregulares
"Dentro de poco podemos necesitar a los que se van", advierte un analista
Un representante extranjero: "Muchos tiene el corazón partido"
La inmigración debe crecer, dicen en Bruselas, porque Europa envejece
La recesión precipitará las respuestas en 2009, aunque las señales que lanzan el Gobierno y el mercado laboral son inequívocas. Según la última encuesta de población activa, referida al tercer trimestre de 2008, el desempleo entre los extranjeros ha aumentado hasta las 623.000 personas en el último año (un 64% más). Su tasa de paro supera el 17%. Son los peores registros desde que los inmigrantes empezaron a tener un peso significativo en España. Lo que también ha cambiado es la política del Ejecutivo de Zapatero: el país europeo que más inmigrantes ha recibido en los últimos años da un portazo. Apenas deja una rendija a la entrada con papeles en regla. Y tiende puente de plata a los que quieran irse.
"La contratación de inmigrantes en sus países de origen se aproximará a cero". El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dio en septiembre el pistoletazo de salida. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le reconvino y se vio forzado a matizar que se refería sólo a "algunas especialidades" del catálogo de profesiones y que las vías de contratación seguirían abiertas "siempre que las personas que están en paro en España hayan tenido la oportunidad, sin distinción de origen, de acceder a las ofertas de trabajo".
Pero el velo de la corrección política ha caído. En octubre, Trabajo redujo en un tercio el catálogo de profesiones de difícil cobertura que determina qué tipo de empleos se puede cubrir con contrataciones en el extranjero. El efecto es mucho mayor, porque entre las ocupaciones desterradas están las que más contratos en origen generan: albañiles, asistentas, peones agrarios, camareros... El recorte del catálogo hará un nudo a la contratación estable por el régimen general, vía que permitió la incorporación de 178.340 inmigrantes al mercado laboral español en 2007.
Menos determinante, pero igual de simbólica, es la decisión de rebajar el contingente estable, que facilita a los empresarios contrataciones colectivas en el extranjero, de los 15.709 trabajadores del año pasado a los 901 de éste, un tijeretazo del 94%. Sólo falta por revisar el contingente para trabajos de temporada, pero dada la afluencia de españoles e inmigrantes residentes a las primeras cosechas del campo andaluz, es fácil ver que encogerá.
"No es algo que decidamos nosotros", objeta Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. "En la pasada legislatura, creamos instrumentos objetivos para asegurarnos de que se canalizaban las necesidades del mercado laboral". Defiende que funcionan: "Si eran válidos en tiempos de bonanza, también lo son en tiempos de crisis. La realidad es que ahora hay menos trabajo". Lo que también podría argüir Rumí es que lo que ocurre en España no es excepcional.
Italia decidió en noviembre que sólo permitirá entrar a inmigrantes extracomunitarios con contratos de trabajo en un puñado de profesiones. Ese mes, el Reino Unido puso en marcha un sistema de puntos, a imagen y semejanza de Australia, que reducirá al menos un 20% la incorporación de trabajadores extranjeros. Vladímir Putin ha anunciado que Rusia dejará en la mitad los cuatro millones de permisos de trabajo programados para 2009. Francia, Holanda y Alemania endurecen la reagrupación familiar.
El año 2008 fue el primero desde el arranque de esta década en que la entrada neta (inmigrantes menos emigrantes) en España quedó por debajo de las 500.000 personas, según datos de la UE. Pero tanto esa cifra como el aumento de la población activa extranjera (421.000 personas más en un año) casan aún mal con una economía en recesión. "No es extraño. La situación puede ser mucho peor aún en los países de origen. Para los que están aquí, el nivel de los servicios sociales es un aliciente para no irse. Y la reagrupación familiar es ya una vía de entrada muy importante. Aquí acabará ocurriendo lo que en otros países: en la UE, sólo 4 de cada 10 inmigrantes entran por motivos laborales", señala Juan Menéndez-Valdés, experto de la patronal CEOE.
"Hay hijos de inmigrantes que están llegando a la edad laboral. Y, con las dificultades económicas, más miembros de la familia se muestran dispuestos a trabajar", añade Rumí. El formidable repunte de la tasa de paro en 2008 (del 8% al 11,3% hasta el tercer trimestre) se explica en mucha mayor medida por el alza de la población activa inmigrante que por la destrucción de empleos.
"En 2009 ese aumento de la población activa inmigrante colapsará", prevé Joan Oliver, director de investigaciones de Caixa Catalunya. Oliver cree que los abundantes (malos) augurios que sitúan cerca del 15% la tasa de paro para este año dan por hecho que el número de extranjeros que quiere trabajar seguirá creciendo a buen ritmo. "Eso es insostenible, la comunicación entre los inmigrantes es rápida, se extenderá que la cosa aquí está mal", afirma el catedrático, que anticipa una tasa de paro del 13,5%.
Al efecto disuasorio de la crisis se unirán nuevas restricciones del Gobierno. Rumí adelanta que el deterioro del mercado laboral llevará este mes a un nuevo recorte del catálogo de profesiones, esta vez del 60%. Además, Trabajo pretende, en la nueva reforma de la Ley de Extranjería, endurecer la reagrupación familiar al acotarla al cónyuge, los hijos menores de 18 años y los padres mayores de 65 años dependientes. "También se da permiso de trabajo automático a los hijos entre 16 y 18 años y al cónyuge", recalca la secretaria de Estado. "Es una reforma equilibrada".
Las restricciones administrativas y la crisis se notan en las estadísticas de entrada de inmigrantes. Pero Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT, las relativiza. "Se cuenta a personas que ya estaban aquí y que consiguen papeles", dice. Lo que ocurrió en 2007 ilustra su afirmación. Ese año, la llegada regular de inmigrantes batió récords (700.000 personas). Pero muchos eran ciudadanos rumanos y búlgaros que ya vivían en España y lograron el permiso de residencia por la incorporación de sus países a la UE.
La dirigente sindical no cree en un vuelco del movimiento migratorio. "En estos años, el mercado laboral ha ofrecido muchos empleos de baja calidad, que cogían los inmigrantes, y eso coexiste con una tasa de actividad baja de los españoles, sobre todo entre las mujeres", añade. La subida del nivel de paro puede ser compatible con un aumento, más leve, de la población activa extranjera.
Otra cuestión que dilucidar es si las restricciones limitan la entrada de inmigrantes o, simplemente, los desvía a trabajos irregulares. De nuevo, lo ocurrido en 2007 da pistas. El otorgamiento de la residencia catapultó a la comunidad rumana en las estadísticas: con 730.000 ciudadanos de esa nacionalidad, es el grupo de extranjeros más numeroso en España. Pero, por una decisión excepcional de la UE, durante dos años se ha excluido a rumanos y búlgaros de la concesión automática del permiso para trabajar por cuenta ajena. Durante la moratoria, recién finalizada, poco más de 200.000 rumanos se dieron de alta en la Seguridad Social.
"La moratoria tuvo un efecto perverso, es evidente que muchos no han tenido más remedio que trabajar en negro", afirma Miguel Fonda, presidente de la federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom).
Si hay una comunidad en la que el retorno masivo es más probable, ésa es precisamente la rumana.
Si hay una comunidad en la que el retorno masivo es más probable, ésa es precisamente la rumana. Su Gobierno, con la economía resucitada por los fondos europeos, pide a los emigrados que vuelvan: echa en falta más de un millón de trabajadores cualificados. "Como dicen aquí, hay mucha gente con el corazón partido. Están muy bien adaptados a España, pero también tienen miedo a perder el trabajo por la crisis", explica Fonda.
Pese a que en la economía española pintan bastos, el acceso a educación, servicios sociales o sanidad es mucho mayor que en Rumania. También los sueldos (allí lo habitual son unos 400 euros al mes). Rumí asegura que el Ministerio de Trabajo divulgará pronto, a través del servicio público de empleo, las ofertas de trabajo que puedan llegar desde aquel país.
Programa de retorno voluntario
"Con 10.000 euros no se puede iniciar un proyecto de vida, el plan potencia la imagen de que los inmigrantes son los culpables de la crisis. Es una expulsión encubierta"Rumanos y búlgaros, como el resto de ciudadanos de la UE, no están incluidos en el programa de retorno voluntario para inmigrantes extracomunitarios que Trabajo puso en marcha hace tres meses. La idea era incentivar a los extranjeros que se hayan quedado en paro a volver a sus países. El Gobierno les anticipa todo el subsidio de desempleo acumulado (el 40% aquí, el 60% cuando lleguen a su país, una media de 9.600 euros), a cambio de renunciar a los permisos de residencia y trabajo durante, al menos, tres años. Corbacho aseguró que unas 100.000 personas podían acogerse a la medida. Sólo lo han solicitado por ahora un millar.
Trabajo ha lanzado una campaña para reanimar la iniciativa con anuncios en estaciones de tren y metro. "Es una medida que tendrá un recorrido muy corto", vaticina la sindicalista Fontecha. "Es un programa sin fecha de caducidad, hay que ver cómo evoluciona", rebate Rumí. Entre las asociaciones de inmigrantes prende la desconfianza. "Con 10.000 euros no se puede iniciar un proyecto de vida, el plan potencia la imagen de que los inmigrantes son los culpables de la crisis. Es una expulsión encubierta", fue la conclusión de Raúl Jiménez, presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui.
Las dudas se extienden a los expertos. "A esos inmigrantes a los que se está potenciando que se vayan podemos necesitarlos dentro de poco, hay que apostar más por políticas de recolocación que por políticas de retorno" aseguró el investigador Miguel Pajares en un acto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Un informe de Bruselas concluyó hace unos meses que la inmigración debe aumentar, no disminuir, dado el envejecimiento de la población europea. "El modelo productivo no va a cambiar de la noche a la mañana; cuando la economía se recupere, aún se tendrán que cubrir muchos puestos de baja cualificación", opina Menéndez-Valdés.
Un reciente estudio del Banco de España destaca que los inmigrantes serán protagonistas, a las duras y a las maduras. El informe achaca al desplome de la construcción (un cuarto de los empleos del sector los ocupaban extranjeros) y a la precariedad (la mitad de los inmigrantes ocupados tiene contrato temporal) el rápido repunte del paro, poco habitual en crisis anteriores. Pero también augura que la movilidad laboral de los inmigrantes facilitará la moderación salarial y el trasvase a profesiones con más oportunidades. "Habrá un incremento del desempleo más elevado a corto plazo", predicen los expertos del Banco de España. Pero, gracias a la inmigración, "la capacidad de recuperación del mercado laboral aumenta".
Con el viento a favor del crecimiento económico, España ha asimilado sin grandes problemas convertirse en muy poco tiempo en el país de la UE con más inmigrantes en su población (5,3 millones, el 11% del total) y en su mercado laboral (2,9 millones de ocupados, el 14,3% del total). Ahora, queda por comprobar cómo afrontará los malos tiempos a partir de esta nueva realidad. Y si la política de puertas cerradas se irá con la crisis o ha llegado para quedarse.
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