La sospecha de fraude salpica a la industria, que creció el 900% en dos años - El 'permiso de conexión' tomó el testigo de la recalificación urbanística
LUIS GÓMEZ EL PAÍS 07/12/2008
Millones de paneles solares han germinado en el paisaje español con la voracidad de una plaga. Donde antes había cultivos o terreno baldío han surgido 29.000 instalaciones dotadas de la última tecnología fotovoltaica. Ni siquiera el boom inmobiliario ha registrado un crecimiento parecido (900% en dos años) en sus tiempos dorados. Alguna cifra es elocuente. Se necesitó todo el año 2004 para alcanzar 8 megavatios de potencia de origen solar: en 2008, bastaban cuatro días. El Plan de Energías Renovables confeccionado por el Gobierno socialista para la energía solar preveía la instalación de un total de 371 megavatios en el periodo comprendido entre 2005 y 2010. Pues bien, el objetivo previsto para un quinquenio se alcanzó en cuatro meses durante el año 2008. El fenómeno puede ser contradictorio si se confirma que una energía limpia tiene un origen sucio.
Donde antes había cultivos y terrenos baldíos han surgido 29.000 fotovoltaicas
El Estado deberá desembolsar unos 18.500 millones en subvenciones
A los inversores no les movió el ecologismo, sino los pingües beneficios
Sólo 13 de las 30 instalaciones están vertiendo electricidad a la red
A lomos de esa expansión sin freno ha surgido un potente sector industrial que ha generado 24.000 empleos, con fuertes inversiones en I+D+i y plena capacidad exportadora, pero también la sospecha de un fraude que puede tener grandes proporciones y causar dolores de cabeza en varias comunidades autónomas, tanto socialistas como populares. Detrás del caso hay dos viejos conocidos, la especulación y el tráfico de influencias. La explicación es bien sencilla: algunos hábitos perversos del boom inmobiliario han cambiado de domicilio. El Estado deberá desembolsar durante los próximos 25 años unos 18.500 millones de euros en subvenciones comprometidas.
Un repaso a la prensa regional sirve para describir qué tintes alcanzó la peculiar competición entre comunidades autónomas por el liderazgo en el sector solar. Mes a mes se fueron reproduciendo escenas parecidas en puntos diferentes del mapa.
Septiembre de 2007. La prensa de Castilla y León daba cuenta de la inauguración de "la planta solar fotovoltaica más grande del mundo" entre las localidades salmantinas de Zarapicos y San Pedro del Valle sobre una superficie equivalente a 100 campos de fútbol. El vicepresidente de la Junta, Tomás de Villanueva, declaraba en el acto que "Castilla y León es la región más avanzada en el desarrollo de energías renovables".
Dos meses después. La localidad alicantina de Beneixama celebraba la puesta en marcha de la planta solar "más grande del mundo" sobre una superficie de 418.515 metros cuadrados, equivalente, según la prensa local, a 70 campos de fútbol. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, proclamaba que su comunidad "se convierte en un ejemplo para todo el mundo del aprovechamiento de una fuente energética inagotable".
Enero de 2008. Murcia. Jumilla. Durante el acto inaugural de una planta considerada como la "más eficiente de Europa", Benito Mercader, consejero de Desarrollo Sostenible de Murcia, declaraba que Murcia es un "referente nacional para la producción de energías limpias", al tiempo que sentenciaba que "el Sol es el petróleo de Murcia". La nota de prensa no dejaba escapar la comparación: la planta está ubicada sobre una extensión aproximada a "100 campos de fútbol".
Unos días después, José María Barreda, presidente de la Junta de Castilla la Mancha, visitaba las obras de la planta solar de El Calaverón, calificada como "la mayor planta solar del mundo en su género" por ser de doble eje. "Con una potencia de 20 megavatios, se ubica sobre una extensión equivalente a 90 campos de fútbol" rezaba la nota de prensa. Barreda bautizó a Castilla-La Mancha como la "rosa de los vientos" en materia de energías renovables.
Su colega Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, no se quedó atrás en mayo de este año durante la presentación de la planta solar de Abertura (Cáceres). Aprovechó el momento para anunciar eufórico que "uno de cada cuatro proyectos en energía solar se desarrollan en Extremadura". Meses después, en octubre, visitó la planta situada entre Mérida y Don Álvaro (Badajoz), de 30 megavatios, bautizada en ese momento como "la planta solar de dos ejes más grande del mundo". Toda la prensa regional se hizo eco del mismo dato: la superficie ocupada equivale a 390 campos de fútbol.
En las mismas fechas, Aragón vivió su inauguración particular en Figueruelas (Zaragoza). No hubo discursos oficiales en este caso, pero sí otro dato para el Guinness autonómico: el estreno de la "planta solar más grande del mundo sobre tejado" con 85.000 módulos instalados sobre 183.000 metros de techo en la fábrica de General Motors.
Manuel Chaves, el presidente andaluz, inauguró en tres días dos plantas solares en un septiembre especialmente fructífero. La de El Coronil (Sevilla) el 23, y la de Lucainena de las Torres (Almería) el 26. Chaves declaró a Andalucía como "la mayor superficie de energía verde de Europa" tras haber multiplicado por ocho en un solo año la potencia solar instalada. En este caso no hubo comparación futbolística.
¿Qué estaba pasando en España para esta alocada competición solar entre comunidades autónomas? ¿A qué venía esta eufórica conversión a la fe renovable, proclamada con tanto entusiasmo por dirigentes políticos sin distinción de ideologías? Las notas de prensa, además de la alusión inevitable a la relación entre hectáreas y campos de fútbol, abundaban en otras consideraciones positivas sobre la obra recién inaugurada, tales como inversión económica, puestos de trabajo creados, toneladas de dióxido de carbono ahorradas al medio ambiente y algunos datos técnicos de difícil digestión. Pero ninguna ponía sobre el papel otros datos significativos: la identidad de los beneficiarios (o propietarios) de esas instalaciones y las entidades bancarias que habían participado en la concesión de créditos que cubrían hasta el 80% de la inversión efectuada por esos particulares, a quienes probablemente no les movió un impulso ecologista sino una mera operación contable: amortización de la inversión en diez años, retornos económicos asegurados durante un mínimo de 25 años, además de exenciones fiscales. Total, rentabilidad asegurada de un 12% como poco. Detrás de cada planta solar había un producto financiero. La otra cara de la sostenibilidad ocultaba algunos hábitos muy conocidos del boom inmobiliario: el tráfico de influencias y la especulación.
Ningún otro sector productivo ha registrado un crecimiento del 900% en España durante los dos últimos años. Expertos del propio sector fotovoltaico no han dudado en calificar esta expansión como "irracional". España ha pasado a ser de golpe una potencia mundial en energía solar por el total de la potencia instalada, que equivale a casi tres centrales nucleares de tipo medio. Como consecuencia de ello, el Estado tendrá que abonar una cantidad próxima a los 1.000 millones de euros anuales durante un cuarto de siglo a los propietarios de dichas instalaciones en concepto de subvención. Sin embargo, hay serias dudas de que una parte de esas plantas solares esté funcionando correctamente en la actualidad. Hay evidentes sospechas de fraude y de la existencia de auténticos caza-primas. La sombra de la sospecha afecta a buena parte de las comunidades autónomas que emprendieron con tanto entusiasmo la veloz carrera por el liderazgo solar.
Durante el último Gobierno de Aznar se establecieron una serie de primas a la producción eléctrica de procedencia solar y eólica para estimular ambos sectores. El arranque de la solar fue más tardío. Disposiciones posteriores del Gobierno terminaron por facilitar su despegue hasta cotas insospechadas.
La inclusión de una prima muy generosa de 0,44 euros por kilovatio hora para pequeñas instalaciones no superiores a los 100 kilovatios de potencia con la idea de "democratizar" la fuente de energía fue el detonante. La planta solar dejó sitio al huerto solar, convertido en un producto financiero. El mecanismo era muy simple: divide la planta solar en parcelas (huertos solares) y ponlas en el mercado. Cualquier inversor podía adquirir su huerto solar en unas condiciones ideales: rentabilidad asegurada superior al 10% durante los primeros 25 años. Ni el mejor de los planes de pensiones podía garantizar un beneficio de ese tipo.
Numerosos constructores, los especuladores de rigor, empresarios que buscaban diversificar sus actividades, volvieron la vista hacia la energía solar. Hubo inmobiliarias e incluso agencias de viajes que crearon divisiones solares. No fue una conversión hacia el ecologismo, sino pura ingeniería financiera. Aparecieron ciertos síntomas muy conocidos en el mundo inmobiliario: compra de terrenos rústicos que no necesitaban recalificación, y obtención de permisos para instalación de una planta solar, entre ellos el denominado permiso de conexión.
¿Cómo se obtenían esos permisos? Cada comunidad autónoma era soberana a la hora de establecer los requisitos y conceder dichas autorizaciones. ¿A quiénes se les concedió permisos? Ahí aparece la sombra de la sospecha: no han existido concursos públicos ni decisiones transparentes. Las primeras evidencias de un tráfico de influencias surgieron en Castilla y León, donde media docena de funcionarios han cesado por existir pruebas de que concedieron permisos a familiares. No hay posibilidad de acceder a los listados de permisos concedidos en Castilla y León (de hecho, el Gobierno autónomo rechaza la creación de una comisión de investigación al efecto), pero esa misma opacidad se reproduce en Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura, las regiones donde más se ha expandido este sector. Por otro lado, el número de sociedades que aparecen ligadas a una planta solar es tan grande que dificulta la identificación de sus propietarios reales.
Durante el periodo de expansión se divulgaron anuncios de particulares que vendían puntos de conexión (600.000 euros por megavatio), de forma que quien tuviera un permiso en vigor lo vendía obteniendo sustanciosas ganancias con una inversión previa que apenas superaría los 60.000 euros. Y algo parecido sucedió con los permisos de instalación. El terreno estaba sembrado para el pelotazo solar.
Vinieron entonces algunos efectos indeseables: los precios de los componentes adquirieron precios desorbitados por exceso de demanda. Pero no importaba: España consumía buena parte de la producción china de paneles solares. "Se han dado casos de barcos mercantes procedentes de China que pusieron la carga a subasta antes de tocar puerto", reconoce un empresario.
El fenómeno sorprendió a un Gobierno que no acertaba a regular lo que estaba pasando. La sucesión de tres ministros de Industria en poco tiempo (Montilla, Clos y Sebastián) tampoco contribuyó a poner orden. El sector acusa al Gobierno socialista de ir por detrás de los acontecimientos.
La cuestión es que España creció en 2008 tanto como Alemania, la primera potencia mundial, pero el perfil de su crecimiento era bien distinto. Mientras el 45,4% de las instalaciones solares en Alemania se han hecho sobre tejado (el 36% en Francia, Italia y Grecia) esa cifra en España se sitúa en un modesto 8,8%. "Mientras en Alemania se ha democratizado la energía solar beneficiando a los particulares, en España se ha favorecido a los de especuladores de siempre, entre ellos a demasiada gente del sector inmobiliario", dice un experto, responsable de la página web Jumanji.bogspot.com considerada como la más independiente del sector.
La sospecha de fraude está servida. La del tráfico de influencias también. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) acaba de terminar una inspección de 30 instalaciones. No tiene muchos medios, apenas 10 inspectores. El resultado final no es concluyente pero si premonitorio: sólo 13 de esas 30 instalaciones cumplen con todos los requisitos y están vertiendo electricidad a la red. Comunidades como Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha van a tener que dar algunas explicaciones. Y lo que antes era una competencia totalmente descentralizada ha cambiado de signo: ahora el Gobierno ha creado un registro central. Un Gobierno que puede verse obligado a imponer fuertes sanciones a las Comunidades Autónomas si se confirma el fraude.
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