Por José Antonio Miquel Silvestre, registrador de la propiedad (EL PAÍS, 14/08/09)
Europa sufrió el rapto de un Zeus transmutado en toro. El dios tronante de los griegos se las gastaba así cuando quería satisfacer sus pulsiones. África está teniendo todavía peor suerte. Colonizada, empobrecida, asolada por guerras y regímenes corruptos durante décadas, ahora le ha tocado ser fructífera granja para inversores internacionales y Gobiernos extranjeros que no siempre toman en consideración las necesidades y derechos de la población local. Los africanos corren hoy el riesgo de quedarse otra vez sin su propia tierra.
Lo primero que llama la atención al recorrer África es la cantidad de gente que hay por todas partes. Especialmente niños y jóvenes. Kenia, por ejemplo, es un país superpoblado con más de cuarenta millones de habitantes, la mayoría de los cuales tiene menos de cincuenta años. Etiopía acoge setenta y cinco millones y Nigeria supera los noventa. La población crece de forma continuada año tras año.
Viajando por carretera no se ven tierras sin cultivar ni espacios desaprovechados. La ganadería es extensiva y las pequeñas parcelas fértiles se aprovechan al máximo. La necesidad esencial es comer y la agricultura es mayoritariamente de subsistencia, salvo en aquellos países donde una minoría blanca explota grandes superficies agrícolas, como ocurre en Suráfrica, Namibia y Zimbabue, aunque en este país los problemas vienen por la irracional huida hacia adelante de Mugabe cuando hace unos años alentó la toma de las granjas y condenó a su país al desabastecimiento de productos básicos.
Un reciente informe de la FAO reconoce un aumento significativo de la adquisición de tierras de labor por grandes corporaciones internacionales. En 2006, la inversión directa extranjera realizada por empresas y Gobiernos en el África subsahariana superó los 17.000 millones de dólares, los 22.000 en 2007 y en 2008 se llegó al récord de 30.000. Muchas de estas inversiones se canalizan a través de sociedades formalmente privadas pero controladas por Gobiernos; son las State-Owned Enterprises (SOE). Ejemplos, la saudí Aramco, la kuwaití Petroleum Corporation o la francesa EDF. Sin olvidarse del caso de China. No se puede saber el grado exacto de control que el Gobierno chino tiene sobre las empresas; la frontera entre público y privado es difusa, pero se calcula que las 30 mayores multinacionales chinas son SOEs. Hoy los chinos están por toda África, construyendo edificios, comerciando, reparando carreteras y comprando tierras.
Este fenómeno inversor se debe al aumento del precio de los productos agrícolas y a la demanda de biocombustibles. En ocasiones, la compra de tierras en el extranjero se contempla como un asunto de seguridad nacional. El crecimiento de la población, la expansión urbanizadora y los cambios dietéticos en el mundo desarrollado, con unos consumos de carne inéditos, han hecho que la demanda global de alimentos se esté disparando. Algunos países, como China o Arabia Saudí, temen no poder alimentar a su población en un futuro próximo. El cambio climático está agravando esta preocupación. El incremento del precio de alimentos básicos en 2007 ha provocado malestar social y disturbios en al menos 33 países, según un reciente informe del Banco Mundial.
Los inversores dan por sentado que la tierra en África es barata y abundante. Los satélites dan unas estimaciones de unos 227 millones de hectáreas cultivables. Sin embargo, la propia FAO reconoce que la tierra africana no carece de dueño y que es frecuentemente objeto de reclamación o litigio. Recientemente tuve ocasión de conocer al Nuncio de su Santidad en Nairobi por un asunto relacionado con una ONG española que quería construir un hospital servido por monjas en un terreno cedido por un político local. Todas las preguntas que hizo estaban relacionadas con el título de propiedad y la naturaleza del contrato de cesión. En Kenia el asunto del reparto y titularidad de la tierra genera no pocos conflictos étnicos, que a veces estallan violentamente. No se puede tomar en serio la afirmación de que la mayoría de la tierra cultivable está infrautilizada o en desuso. Otra cosa es que los gobiernos locales y los inversores extranjeros tengan poco interés en reconocer usos tradicionales y derechos de terceros.
Los acuerdos de adquisición se celebran normalmente entre el inversor y el proveedor de la tierra, que casi siempre es el Gobierno y no el agricultor directamente afectado. Sin embargo, el principio de Consentimiento Previo e Informado, reconocido en el artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, supone que las comunidades tienen derecho a decidir sobre las propuestas de desarrollo. Casi todos los países de África lo recogen en su legislación y casi todas las empresas aseguran respetarlo. Pero una cosa es la letra y otra cómo se aplica en la práctica. El caso de Mozambique resulta esclarecedor. Un importante proyecto de biocombustibles se negoció sin ofrecer información relevante por adelantado; las reuniones se tuvieron sólo con líderes; las actas de las reuniones no reflejaron fielmente las opiniones de la comunidad; las explicaciones de los costes y beneficios del proyecto fueron imprecisas. Y por último, pero no por ello menos relevante, las mujeres ni fueron consultadas ni firmaron los acuerdos.
En gran parte de África la tierra está nacionalizada o controlada por el Estado. El Banco Mundial estima que sólo entre el 2% y el 10% pertenece a propietarios particulares. Las razones de tan escasa propiedad privada formalizada son los complejos, caros y largos procedimientos de adquisición legal. Pero los derechos sin formalizar podían verse amenazados. El Estado es quien se presenta como legítimo propietario. La cuestión es relevante, pues existe una gran diferencia entre ser considerado usuario o dueño, especialmente a efectos compensatorios. En la práctica, estas grandes adquisiciones funcionan como expropiaciones. La falta de titulación y de registros públicos fiables facilita que muchos afectados no sean tenidos en cuenta en el proceso. Ser tratado como mero usuario y no como propietario debilita la calidad del activo expropiado y la cuantía de lo que se considera una justa compensación.
El informe reconoce que los títulos de propiedad son muy escasos en las áreas rurales y que la actual ola de inversiones tiene lugar en un contexto de inseguridad jurídica que hace muy vulnerable a la población local. La FAO recomienda reforzar e implementar los sistemas de titulación, registros de la propiedad y la seguridad jurídica de los derechos sobre la tierra como mecanismos para proteger a los africanos frente a la arbitraria privación de sus bienes. Estas medidas les ayudarían a proveerlos de un activo económico que pudieran utilizar en sus negociaciones y de una salvaguarda frente a confiscaciones y desalojos. Se trataría de una política similar a la afrontada por Lula da Silva en Brasil cuando prometió entregar títulos a los usuarios de las favelas.
La FAO considera esencial estos mecanismos para otros fines: la transparencia y la igualdad de acceso a la información para todos los operadores y afectados. La realidad apreciada por los investigadores de Naciones Unidas es que estos tratos e inversiones se han gestado en secreto, lo que favorece la corrupción y los abusos. El informe reconoce enormes dificultades para acceder a los datos, resultando incluso problemático obtenerlos de los registros de la propiedad en aquellos países donde existen. En la mayoría de casos, no fue posible conocer a través de fuentes oficiales ni el tamaño, ni la forma ni la localización exacta de las inversiones extranjeras.
África no puede sufrir un rapto menos romántico todavía que el de Europa a manos de Zeus. Siempre habrá quien pretenda aprovecharse de la ignorancia y buena fe de sus gentes. La falta de instituciones creíbles a quien más perjudica es a los propios africanos y a las comunidades indígenas. Es un imperativo ético para Occidente fomentar el desarrollo sostenible de su fértil tierra en beneficio de los propios africanos. Para ello, como recomienda la FAO, debemos ayudarles a levantar y a usar creíbles instituciones de seguridad jurídica como las que nosotros disfrutamos. Sólo de ese modo la compleja realidad social africana será también visible desde los despachos y los más altos rascacielos.
Europa sufrió el rapto de un Zeus transmutado en toro. El dios tronante de los griegos se las gastaba así cuando quería satisfacer sus pulsiones. África está teniendo todavía peor suerte. Colonizada, empobrecida, asolada por guerras y regímenes corruptos durante décadas, ahora le ha tocado ser fructífera granja para inversores internacionales y Gobiernos extranjeros que no siempre toman en consideración las necesidades y derechos de la población local. Los africanos corren hoy el riesgo de quedarse otra vez sin su propia tierra.
Lo primero que llama la atención al recorrer África es la cantidad de gente que hay por todas partes. Especialmente niños y jóvenes. Kenia, por ejemplo, es un país superpoblado con más de cuarenta millones de habitantes, la mayoría de los cuales tiene menos de cincuenta años. Etiopía acoge setenta y cinco millones y Nigeria supera los noventa. La población crece de forma continuada año tras año.
Viajando por carretera no se ven tierras sin cultivar ni espacios desaprovechados. La ganadería es extensiva y las pequeñas parcelas fértiles se aprovechan al máximo. La necesidad esencial es comer y la agricultura es mayoritariamente de subsistencia, salvo en aquellos países donde una minoría blanca explota grandes superficies agrícolas, como ocurre en Suráfrica, Namibia y Zimbabue, aunque en este país los problemas vienen por la irracional huida hacia adelante de Mugabe cuando hace unos años alentó la toma de las granjas y condenó a su país al desabastecimiento de productos básicos.
Un reciente informe de la FAO reconoce un aumento significativo de la adquisición de tierras de labor por grandes corporaciones internacionales. En 2006, la inversión directa extranjera realizada por empresas y Gobiernos en el África subsahariana superó los 17.000 millones de dólares, los 22.000 en 2007 y en 2008 se llegó al récord de 30.000. Muchas de estas inversiones se canalizan a través de sociedades formalmente privadas pero controladas por Gobiernos; son las State-Owned Enterprises (SOE). Ejemplos, la saudí Aramco, la kuwaití Petroleum Corporation o la francesa EDF. Sin olvidarse del caso de China. No se puede saber el grado exacto de control que el Gobierno chino tiene sobre las empresas; la frontera entre público y privado es difusa, pero se calcula que las 30 mayores multinacionales chinas son SOEs. Hoy los chinos están por toda África, construyendo edificios, comerciando, reparando carreteras y comprando tierras.
Este fenómeno inversor se debe al aumento del precio de los productos agrícolas y a la demanda de biocombustibles. En ocasiones, la compra de tierras en el extranjero se contempla como un asunto de seguridad nacional. El crecimiento de la población, la expansión urbanizadora y los cambios dietéticos en el mundo desarrollado, con unos consumos de carne inéditos, han hecho que la demanda global de alimentos se esté disparando. Algunos países, como China o Arabia Saudí, temen no poder alimentar a su población en un futuro próximo. El cambio climático está agravando esta preocupación. El incremento del precio de alimentos básicos en 2007 ha provocado malestar social y disturbios en al menos 33 países, según un reciente informe del Banco Mundial.
Los inversores dan por sentado que la tierra en África es barata y abundante. Los satélites dan unas estimaciones de unos 227 millones de hectáreas cultivables. Sin embargo, la propia FAO reconoce que la tierra africana no carece de dueño y que es frecuentemente objeto de reclamación o litigio. Recientemente tuve ocasión de conocer al Nuncio de su Santidad en Nairobi por un asunto relacionado con una ONG española que quería construir un hospital servido por monjas en un terreno cedido por un político local. Todas las preguntas que hizo estaban relacionadas con el título de propiedad y la naturaleza del contrato de cesión. En Kenia el asunto del reparto y titularidad de la tierra genera no pocos conflictos étnicos, que a veces estallan violentamente. No se puede tomar en serio la afirmación de que la mayoría de la tierra cultivable está infrautilizada o en desuso. Otra cosa es que los gobiernos locales y los inversores extranjeros tengan poco interés en reconocer usos tradicionales y derechos de terceros.
Los acuerdos de adquisición se celebran normalmente entre el inversor y el proveedor de la tierra, que casi siempre es el Gobierno y no el agricultor directamente afectado. Sin embargo, el principio de Consentimiento Previo e Informado, reconocido en el artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, supone que las comunidades tienen derecho a decidir sobre las propuestas de desarrollo. Casi todos los países de África lo recogen en su legislación y casi todas las empresas aseguran respetarlo. Pero una cosa es la letra y otra cómo se aplica en la práctica. El caso de Mozambique resulta esclarecedor. Un importante proyecto de biocombustibles se negoció sin ofrecer información relevante por adelantado; las reuniones se tuvieron sólo con líderes; las actas de las reuniones no reflejaron fielmente las opiniones de la comunidad; las explicaciones de los costes y beneficios del proyecto fueron imprecisas. Y por último, pero no por ello menos relevante, las mujeres ni fueron consultadas ni firmaron los acuerdos.
En gran parte de África la tierra está nacionalizada o controlada por el Estado. El Banco Mundial estima que sólo entre el 2% y el 10% pertenece a propietarios particulares. Las razones de tan escasa propiedad privada formalizada son los complejos, caros y largos procedimientos de adquisición legal. Pero los derechos sin formalizar podían verse amenazados. El Estado es quien se presenta como legítimo propietario. La cuestión es relevante, pues existe una gran diferencia entre ser considerado usuario o dueño, especialmente a efectos compensatorios. En la práctica, estas grandes adquisiciones funcionan como expropiaciones. La falta de titulación y de registros públicos fiables facilita que muchos afectados no sean tenidos en cuenta en el proceso. Ser tratado como mero usuario y no como propietario debilita la calidad del activo expropiado y la cuantía de lo que se considera una justa compensación.
El informe reconoce que los títulos de propiedad son muy escasos en las áreas rurales y que la actual ola de inversiones tiene lugar en un contexto de inseguridad jurídica que hace muy vulnerable a la población local. La FAO recomienda reforzar e implementar los sistemas de titulación, registros de la propiedad y la seguridad jurídica de los derechos sobre la tierra como mecanismos para proteger a los africanos frente a la arbitraria privación de sus bienes. Estas medidas les ayudarían a proveerlos de un activo económico que pudieran utilizar en sus negociaciones y de una salvaguarda frente a confiscaciones y desalojos. Se trataría de una política similar a la afrontada por Lula da Silva en Brasil cuando prometió entregar títulos a los usuarios de las favelas.
La FAO considera esencial estos mecanismos para otros fines: la transparencia y la igualdad de acceso a la información para todos los operadores y afectados. La realidad apreciada por los investigadores de Naciones Unidas es que estos tratos e inversiones se han gestado en secreto, lo que favorece la corrupción y los abusos. El informe reconoce enormes dificultades para acceder a los datos, resultando incluso problemático obtenerlos de los registros de la propiedad en aquellos países donde existen. En la mayoría de casos, no fue posible conocer a través de fuentes oficiales ni el tamaño, ni la forma ni la localización exacta de las inversiones extranjeras.
África no puede sufrir un rapto menos romántico todavía que el de Europa a manos de Zeus. Siempre habrá quien pretenda aprovecharse de la ignorancia y buena fe de sus gentes. La falta de instituciones creíbles a quien más perjudica es a los propios africanos y a las comunidades indígenas. Es un imperativo ético para Occidente fomentar el desarrollo sostenible de su fértil tierra en beneficio de los propios africanos. Para ello, como recomienda la FAO, debemos ayudarles a levantar y a usar creíbles instituciones de seguridad jurídica como las que nosotros disfrutamos. Sólo de ese modo la compleja realidad social africana será también visible desde los despachos y los más altos rascacielos.
