Soberanía alimentaria

Llegó la hora de la soberanía alimentaria

Fuente: Suplemento del Cuaderno núm. 163 de CU - (n. 199) - Septiembre, 2009 R. de Llúria, 13, 08010 Barcelona - tel. 93 317 23 38, fax 93 317 10 94 info@fespinal.com - www.fespinal.com



¿Te has preguntado alguna vez por qué una manzana cuesta casi lo mismo venga de Sudáfrica, California o España? ¿Por qué podemos encontrar los mismos alimentos en el supermercado durante todo el año? O ¿por qué importamos de tan lejos productos que nuestros agricultores cosechan a esca­sos kilómetros de nuestras casas?
«Con la comida no se juega», repetían nuestras abuelas. Pero hoy la alimentación se ha convertido en un valor más de merca­do y con él se "juega" en todas las bolsas del mundo, independientemente de las repercu­siones que esto tenga para los seres huma­nos.
Los españoles gastamos el 18% de nues­tros sueldos en alimentación, y nos rasca­mos los bolsillos cuando los alimentos su­ben de precio, como ha ocurrido en la crisis alimentaria de 2008. Pero en la mayoría de los países en desarrollo, las familias gastan entre el 60 y el 80% de sus ingresos en ali­mentación: ¿cómo pueden reaccionar ante las subidas del mercado?


1. Alimentos: producción y consumo
¿Quépasa aquí en el Norte?
Desde hace muchos años, los agricultores de España y Europa no pueden producir si no es gracias a los subsidios que reciben por medio de la PAC. Algunos años, incluso se llegaba a pagar a los agricultores para que no produjeran o para destruir sus cosechas, debido a las exigencias del mercado y a la competencia de los productos extranjeros. De cada euro que la Unión Europea gasta, cincuenta céntimos se destinan a pagar a sus agricultores, pero no a todos: el 4% de los empresarios agrícolas recibe el 40% de las ayudas. Esta tendencia al incremento de la productividad y a las grandes explotaciones, junto con legislaciones enfocadas a este ti­po de agricultura, crean grandes dificultades a los pequeños productores para hacer ren­tables sus producciones y para cumplir con las legislaciones vigentes.
Además, cuando un agricultor español decide vender su producto, se encuentra con un nuevo problema. En España, unas pocas compañías controlan todo el sistema inter­mediario de distribución de alimentos. El poder que estas compañías ejercen sobre to­dos los agricultores es enorme, al imponer los precios finales de compra y los plazos de pago. ¿No sería ideal poder ir al super­mercado y elegir el precio y el plazo de pa­go de nuestra compra? Pues ésta es real­mente la imposición que sufren nuestros agricultores.

Una vez en el súper, nuestros alimentos locales han de competir con otros traídos del extranjero, muchas veces más baratos por las condiciones injustas en que se producen y comercializan. Además, el transporte de estos alimentos, y de los insumos ligados a la agricultura, representa un 5% de la ener­gía consumida cada año, en el mundo.

Un producto no es mejor por estar he­cho cerca. Los modelos de producción de alimentos que usamos en los países indus­trializados son altamente eficientes en cuanto a cantidad, pero altamente ineficien­tes en cuanto a consumo energético. En Estados Unidos, por ejemplo, por cada ca­loría de alimento producido en una granja intensiva de vacas, se consumen 12 calorí­as; o por cada caloría de alimento produci­do en una granja intensiva de huevos, se emplean 4 calorías.

¿Y qué decir de los consumidores? Pues que cada vez vemos más reducidas nuestras opciones. En España, el 81% de la pobla­ción compra sus alimentos en grandes cen­tros de distribución alimentaria. Cinco em­presas y dos centrales de compras controlan el 75% de la distribución alimentaria y el 60% de todo el beneficio que genera la ca­dena agroalimentaria. Esta concentración de la distribución de alimentos crea un efecto embudo, con muchos productores y muchos consumidores en ambos lados de la cadena y muy pocos distribuidores lo cual les da un gran poder de decisión sobre pre­cios, plazos, calidades y disponibilidad de los productos que consumimos todos los ciudadanos.
¿ Y qué es lo que pasa allí, en el Sur?
En el resto del mundo, las cosas no van me­jor. Las políticas llevadas a cabo por los go­biernos y por instituciones internacionales, en las últimas décadas, no han ayudado ca­si nada a los productores de los países mas empobrecidos. Las políticas de liberalización de mercado, realizadas por el FMI, o de enfoque a la agricultura de exportación, realizadas por el BM, han llevado a los campesinos a la ruina, en muchos países.

Como ejemplo, veamos el caso de Haití. Es el país más empobrecido de toda América y uno de los más desestructurados del mundo. La dieta básica de los haitianos consiste en arroz y carne. En la década de los 60, Haití era capaz de producir prácti­camente todo el arroz que se consumía en el país y solo tenía que importar unas 200 toneladas. Después del desembarco de los organismos internacionales, Haití produce cada año menos arroz y más caña de azúcar de exportación. En el período 1997-2002, importó de Estados Unidos 1,3 millones de toneladas de arroz. En 2008, los haitianos se levantaron en violentas revueltas tras la subida de los alimentos, ya que para la ma­yoría de la población era imposible ali­mentar a sus familias.
La des-regulación del mercado haitiano, gracias al Tratado de Libre Comercio, es otro de los factores que ha hundido el país. Al igual que en Colombia, Panamá, Chile, Honduras o El Salvador entre muchos otros, los agricultores de estos países tienen que competir, de igual a igual, con los agricul­tores mecanizados y subsidiados por los go­biernos de los países mas ricos. De esta manera, los gobiernos europeos y nortea­mericanos juegan con el futuro de estas fa­milias, exigiéndoles políticas que ni ellos mismos cumplen con sus agricultores.

Pero además, cuando estos productos alimentarios consiguen llegar a los merca­dos internacionales, los especuladores de las bolsas de valores juegan con ellos co­mo si fueran una materia cualquiera y no el sustento de miles y miles de familias en el mundo. El uso de granos alimentarios como moneda de cambio en bolsas, como la de Chicago y Nueva York, se estima que fue responsable del 30% de las alzas de precios en 2008. En ese momento, los granos bási­cos alcanzaron récords históricos, haciendo inaccesibles estos productos a los más ne­cesitados. Como ejemplo, según la FAO, el precio del arroz, sustento para miles de fa­milias empobrecidas en todo el mundo, su­bió un 74%.

Con la misma intención de sacar más beneficio a estos granos, la conversión de explotaciones alimentarias en zonas de cul­tivo para biocombustibles también ayudó al alza del 2008. Miles de hectáreas, antes de­dicadas a cultivar alimentos básicos, ahora se utilizan para quemar esos alimentos y dar de comer al miembro «mas importante de la familia», como dice Galeano: el vehícu­lo. Hay que tener en cuenta que para llenar el depósito de un coche de bio-etanol (80 li­tros) se utiliza la misma cantidad de grano que para dar de comer a una persona todo un año, según estudios del Earth Policy Institute. Además las malas prácticas y las malas políticas, asociadas a estos cultivos, han provocado problemas sociales como desplazamientos forzosos de población, pérdida de selva o desecación de acuíferos.


El año 2008, en más de 20 países esta­llaron revueltas con motivo de la subida de precio de los alimentos. Estas revueltas fue­ron fruto de la desesperación de los más


desposeídos por no poder acceder a un de­recho universal: el derecho a la alimenta­ción. Y para que este derecho se cumpla, es evidente que no podemos dejarlo en manos del mercado libre.
2. Hay alternativas: la soberanía alimentaria
Frente a este panorama, las organizaciones campesinas y de productores agrícolas pro­ponen una alternativa: la soberanía alimen­taria.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos y de los países a definir las políticas agropecuarias y de producción de alimentos, organizando la producción y el consumo de alimentos de acuerdo con sus necesidades y dando prioridad a la produc­ción y al consumo local. La soberanía ali­mentaria promueve la devolución, a cada pueblo y nación, del control sobre los ali­mentos que produce y consume; la recupe­ración de todas las herramientas jurídicas, técnicas y políticas que necesite para ello, y su aplicación eficaz en ámbitos locales, na­cionales o regionales, que es donde debe se debe dirigir la producción de alimentos, por considerarse una cuestión de seguridad e in­dependencia nacional.
En consecuencia, la soberanía alimenta­ria significa priorizar la producción agríco­la local para alimentar a la población; el ac­ceso de los agricultores y de los "sin tierra" a la tierra, al agua, a las semillas y al crédi­to; el derecho de los agricultores a producir alimentos, y el derecho de los consumido­res a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. También sig­nifica el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimenta­rias demasiado baratas; el compromiso con una producción agrícola sostenible; y el re­conocimiento de los derechos de las mujeres campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Desde esta perspectiva, se de­fiende un modelo de intercambio agrícola centrado en los mercados locales, regiona­les y estatales, redimensionando así el co­mercio internacional, pues se considera que tanto los precios como la producción deben ser regulados y orientados por las necesida­des locales y no por los mecanismos de un mercado libre dominado por las grandes corporaciones, para priorizar así el desarro­llo local. Justo lo contrario de lo que pre­tenden los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Por último, en lo que se refiere a las po­líticas agrarias, se defiende una política de ayudas centrada en los agricultores y no en las industrias del campo, defendiendo una visión de la agricultura como "servicio pú­blico" puesto que sólo una agricultura cam­pesina es la garantía de una producción equilibrada de alimentos, atenta a los armo­nía de los ecosistemas, garantizadora de la sostenibilidad ambiental y capaz de gestio­nar armoniosamente el territorio rural.
En resumen, son los pueblos quienes han de tomar las decisiones relacionadas con la política alimentaria y deben ser ellos quienes decidan qué y cómo producir, por no estar sometidos a la oscilación del mer­cado.
3. ¿Qué puedo hacer yo?
Como consumidores, debemos tomar con­ciencia del gran poder que hay detrás de nuestras compras, algo de lo que no siem­pre somos conscientes. El consumo no es sólo un medio de supervivencia, sino tam­bién una forma de relacionarse y comuni­carse con uno mismo y con los demás.


Por ello, es necesario avanzar hacia un consumo alternativo y responsable, basado en tres pilares fundamentales: un consumo acorde a valores éticos, un consumo solida­rio con los excluidos de la "mano invisible del mercado", y un consumo ecológico que tenga en cuenta el impacto medioambien­tal.
Además, a nivel mundial se llevan a ca­bo múltiples iniciativas en favor de la so­beranía alimentaria. En España, campañas específicas como «Supermercados no gra­cias» o «No te comas el mundo» denuncian algunas de estas cuestiones específicas. En los países del Sur, movimientos como La Vía Campesina o los movimientos anti TLC hacen su labor de lucha, concienciación y apoyo entre sus propios ciudadanos. El apo­yo a cualquiera de estas iniciativas pondrá nuestro granito de arena a la consecución de estas metas.
En conclusión, es necesario buscar al­ternativas. La soberanía alimentaria propo­ne un cambio al modelo agroalimentario he-gemónico, propone una nueva vía para hacer de nuestro mundo un mundo más jus-,to, más equitativo y más sostenible para to­dos y propone una forma de asegurar el de­recho a la alimentación a los millones de personas que todavía pasan hambre en el mundo. No es un desafío fácil, pero nos ju­gamos mucho en ello como para permane­cer impasibles ante la situación actual.
Basilio Rodríguez (ingeniero forestal)
y Jesús Sanz (antropólogo)
Miembros del grupo de consumo
responsable GÜECO

La Política Agrícola Común agoniza

Fuente:Le Monde diplomatique No. 21, Enero 2009
http://www.eldiplo.com.pe/La-Politica-Agricola-Comun-agoniza

por Jean-Christophe Kroll y Aurélie Trouvé*

Cuando las instancias europeas hacen oídos sordos

Jean-Christophe Kroll y Aurélie Trouvé*

Los veintisiete países miembros de la Unión Europea adoptaron el 20 de noviembre de 2008 el “balance de salud” de la Política Agrícola Común (PAC). Este acuerdo, que persigue la “modernización” de la PAC con vistas a una nueva reforma en 2013, supone en los hechos su desmantelamiento. Acorde con las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no pone al empleo, a la seguridad alimentaria ni a la protección del medio ambiente, tanto en el Norte como en el Sur, en el centro del debate. Es la negación de su razón de ser.

Con cerca de quinientos millones de consumidores potenciales, la Unión Europea constituye el primer mercado agrícola y alimentario solvente del planeta.

Es la primera zona importadora y exportadora de productos agrícolas (en igualdad con Estados Unidos) (1). Esto equivale a decir que nada puede decidirse en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin la aprobación de la Unión Europea, actor principal en la desregulación del intercambio mundial. Es lo que ilustran las decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión, en ocasión del “balance de salud” de la Política Agrícola Común (PAC), preludio de una reforma profunda en 2013 (2).

La PAC fue durante mucho tiempo la única política común decidida en Bruselas y financiada colectivamente con el presupuesto de la Unión. Esto explica su peso determinante en los gastos comunes (45% hoy en día). También que durante mucho tiempo haya sido considerada como una de las bases de la construcción europea, antes de que los liberales vieran en ella un despilfarro presupuestario y una traba para la competitividad económica de la Unión.

La PAC, implementada en la conferencia de Stresa (Italia) en 1958, tenía como objetivo explícito garantizar la seguridad alimentaria de la Comunidad Económica Europea (CEE). Para eso era necesario estabilizar los precios agrícolas en un nivel suficientemente atractivo como para incitar a los agricultores a producir, y que al mismo tiempo fuera razonable para los consumidores. Este “apoyo a los precios” reposaba en un sistema de compras públicas con una tarifa mínima garantizada y la constitución de stocks reguladores. Esta decisión equivalía a reconocer explícitamente que la referencia a las cotizaciones mundiales no era pertinente para orientar la producción en función de las necesidades a satisfacer, y que la inestabilidad de los mercados agrícolas justificaba una intervención reguladora por parte de los poderes públicos (3).

Así se implementaron, producto por producto, Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), dirigidas a garantizar la “preferencia comunitaria”. Se trataba de otorgar prioridad a la producción interna, gracias a un sistema de derechos de aduana establecidos sobre las importaciones. Estos derechos se ajustaban permanentemente según el nivel de las cotizaciones mundiales, entonces estructuralmente inferiores a los precios europeos. Sin embargo, ya existían algunas brechas en ese sistema; por ejemplo, la entrada sin derechos aduaneros de productos oleaginosos ricos en proteínas (colza, soja y girasol, principalmente utilizados para los animales), una excepción concedida en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) desde los años ’60.

Muy rápidamente, la PAC demostró ser eficaz. Gracias a la seguridad de los precios, las inversiones se desarrollaron masivamente, los rendimientos y la productividad del trabajo estallaron, lo que hizo posible producir más con menor cantidad de mano de obra. El numeroso personal vino así a engrosar las filas de los trabajadores de la industria.

Pero a partir de los años ’70, el dispositivo se estancó. La autosuficiencia fue superada en los principales productos que gozaban de una OCM, como los cereales y la leche. Los excedentes se acumulaban y debían ser vendidos en el mercado mundial mediante costosos subsidios a la exportación (4).

Ofensiva del Reino Unido

Simultáneamente, el éxodo agrícola prosiguió a un ritmo sostenido, mientras el empleo industrial se hacía más escaso. Finalmente, la intensificación y la especialización de los sistemas de producción se vieron acompañados por una presión creciente sobre el medio ambiente.

La crisis se exacerbó en los años ’80, después de un estancamiento de la demanda internacional y del desarrollo de la producción en los países emergentes. Los precios mundiales se derrumbaron y estallaron los gastos comunitarios de subsidios a las exportaciones. Al Reino Unido, que se unió a la CEE en 1973, le resultó fácil denunciar los excesos de la PAC; la primera ministra Margaret Thatcher encontró cada vez más aliados dentro y fuera de la Comunidad para exigir una reforma profunda durante la negociación comercial que se inició en el GATT, a fines de 1986, en Punta del Este.

Era el momento de la desregulación, para restaurar el libre juego de los mercados que se suponía iba a beneficiar a todos. Así, los consumidores y los contribuyentes de los países desarrollados vieron caer los precios de los alimentos y los impuestos; en cuanto a los países pobres del Sur, podrían enriquecerse exportando los productos para los cuales disponían de ventajas comparativas, aunque tuvieran que importar los productos alimenticios básicos que los países desarrollados se proponían suministrarles a bajo precio.

A partir de 1992 se desencadenó un proceso continuo de reconstrucción de las OCM. Sólo la leche, que desde 1984 estaba sometida a un régimen específico de cuotas, escapó hasta 2003. Las cuotas lecheras, un instrumento de control de los volúmenes de producción, permitieron reducir de manera espectacular los gastos de apoyo y garantizaron precios remuneradores a la producción (5).

En los demás productos, las reformas sucesivas de 1992, 1999 y 2003 estuvieron dirigidas a acercar los precios internos a los precios mundiales y a poner a la PAC de conformidad con la OMC.

Las retenciones aduaneras variables fueron reemplazadas por retenciones fijas, que fueron reduciéndose progresivamente, en el marco de la apertura de los intercambios. En “compensación”, los agricultores reciben ayudas directas por hectárea. Luego de la “desconexión” de estas ayudas en 2003, ya no están obligados a producir para percibirlas. Pero esas ayudas continúan ligadas a las hectáreas, aunque se siga, como en el pasado, subsidiando con fondos públicos la sustitución de trabajo por capital y la carrera por el aumento de tamaño de las explotaciones en detrimento del empleo.

Los productores devienen inútiles

La paradoja de este neoliberalismo engañoso es que se siguen pagando importantes ayudas directas a la agricultura. Sin embargo, más allá de la incoherencia ideológica del discurso, se puede entrever una explicación para todos esos cambios. El apoyo a los precios y la protección del mercado europeo correspondían al objetivo inicial de consolidar la competitividad de la agricultura, del sector agroalimentario y de la distribución, centrado en el desarrollo de un mercado interno que se iba extendiendo con la llegada de nuevos países miembros.

Pero cuando las grandes empresas de transformación y de distribución fortalecieron suficientemente su competitividad en el mercado europeo, comenzaron a desarrollar su actividad hacia el exterior de la Unión. A partir de los años ’90, la caída de los precios agrícolas y el acceso a aprovisionamientos importados de menor costo reforzaron su competitividad internacional. El resultado lógico de ese proceso fue la deslocalización de las actividades de transformación al lugar donde se proveían, es decir, fuera de la Unión. Es lo que ilustra el ejemplo de la empresa Doux, que transfirió una parte de su aprovisionamiento de pollos y de su actividad de matadero a Brasil (6). Entonces los productores agrícolas europeos que habían jugado la carta de la internacionalización descubrieron que se habían vuelto inútiles.

Esta política provocó importantes daños sociales y ambientales, mientras que la liberalización de los intercambios estuvo acompañada de una inestabilidad creciente de las cotizaciones mundiales, con fluctuaciones sin parangón con los costos de producción. Cuando las cotizaciones se encuentran en su nivel más bajo, las explotaciones agrícolas más productivas de los países ricos no pueden subsistir sin recibir importantes ayudas directas; a comienzos de los años 2000 estas ayudas representaban más del 50% del ingreso agrícola promedio europeo (7).

A la inversa, como esas ayudas están actualmente desconectadas de los precios y del tipo de producción, constituyen rentas indebidamente pagadas, cuando los precios están altos, a algunas categorías de productores. Así, los cerealeros europeos siguen percibiendo subsidios masivos aun cuando los precios de los cereales y sus ingresos se han duplicado durante el año 2007 y el primer semestre de 2008 (8). Y como estas ayudas siguen vinculadas a la superficie, sin ningún techo por explotación o por trabajador activo, la concentración de las explotaciones prosigue inexorablemente. En algunos nuevos Estados miembros, como Polonia o Rumania, amenazan a un sector que emplea a más de un tercio de la población activa; fragilizan especialmente a la pequeña agricultura familiar de autosubsistencia que, sin embargo, tiene el papel de un colchón social ante la crisis del empleo.

El balance medioambiental de la PAC parece igualmente deplorable. Para dar una buena impresión, la Comisión Europea ha adornado todas sus reformas con un barniz medioambiental al estilo de la eco-condicionalidad y del desarrollo rural, mostrado desde 1999 como el “segundo pilar de la PAC”. Sin embargo, este disfraz no puede ocultar el movimiento de fondo de liberalización de los mercados agrícolas, con su corolario, la selección y especialización de las explotaciones más competitivas. Una evolución que se hace en detrimento de los sistemas más autónomos y más económicos (cultivo de pasturas, especialmente), generadores de efectos positivos para el paisaje, la biodiversidad, la calidad del agua y de los suelos (9). También está acompañada de una concentración de la producción en las regiones más competitivas y de una desertificación en las regiones más desfavorecidas. En términos de un ordenamiento del territorio, lo que en realidad se ha producido es un verdadero desorden territorial de la producción.

Una crisis previsible

Las consecuencias para los países más pobres son igualmente desastrosas. Las prácticas de dumping de los países ricos se han normalizado en el marco de la OMC, ya que la caída de los precios fue compensada por ayudas directas masivas, tales como los subsidios “desconectados” de la PAC, que la OMC considera que no tienen efecto distorsivo sobre los intercambios. Conjugados con el desmantelamiento de las protecciones aduaneras (la única política de protección accesible para los países pobres), este dumping lleva a una destrucción inexorable de las capacidades de auto-aprovisionamiento de los países más pobres y a un aumento dramático de la dependencia alimentaria. Finalmente, el desmantelamiento, en todos los países, de los mecanismos de apoyo de los precios y del almacenaje de los productos, impide cualquier reacción posible en caso de tensiones en los mercados. Así, los stocks de cereales han disminuido regularmente desde 1995, hasta llegar en 2008 al nivel más bajo desde hace 25 años.

La crisis alimentaria mundial no debe sorprender. Los desequilibrios estructurales se revelan siempre a partir de acontecimientos coyunturales: el aumento brutal de los precios alimentarios en 2007 agravó una situación endémica ya dramática –925 millones de personas subalimentadas, de las cuales 75 millones se agregaron en 2007, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)–. Esta situación remite a desigualdades mundiales inaceptables, que son consecuencia de decisiones económicas desastrosas. Pero la Unión Europea ha apoyado esas decisiones en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el Banco Mundial, en sus negociaciones bilaterales con los países del Sur y en las negociaciones multilaterales. Para acelerar un compromiso en la OMC, Europa reformó por anticipado su PAC en 2003.

Cierto es que no se trata de rehabilitar la PAC “histórica”, cuyos daños sociales y ambientales ya se han señalado. Pero esto no puede llevar, en dirección contraria, a justificar el desmantelamiento de todo mecanismo de regulación de los mercados. También lo es que la mayoría de los precios cae fuertemente desde hace algunas semanas. Pero esta evolución de los precios indica sobre todo una inestabilidad crónica de los mercados, a la cual las instancias comunitarias e internacionales proponen dar libre curso. Todo ocurre como si el reciente cambio en las cotizaciones ya hubiera hecho olvidar la aguda crisis y las revueltas del hambre de la primavera de 2008 en decenas de países del Sur (10).

Después de haber explicado, en abril de 2008, que esta crisis sería saludable a largo plazo, Pascal Lamy, director general de la OMC, planteaba sus condiciones: “Si queremos que eso ocurra, es necesario que el comercio funcione”, aun cuando “a corto plazo ¡las noticias no sean buenas para muchos países en desarrollo (11)!”. Aquí parece necesario parafrasear la famosa frase de John Maynard Keynes: a largo plazo, cuando la medicina de Lamy dé finalmente sus frutos, estarán todos muertos. Pero esto no molesta para nada al director general de la OMC, que persiste en relanzar la negociación para una conclusión del ciclo de Doha (12) y para una liberalización sin precedentes de los intercambios agrícolas. Después de un intento en julio, donde India rechazó las condiciones del acuerdo para proteger a sus propios agricultores, Lamy convocó a una reunión ministerial a mediados de diciembre. Puede contar con el apoyo de Meter Mandelson, quien lo sucedió como encargado del comercio exterior de la Comisión Europea, para intentar imponer la aprobación de un acuerdo en la OMC antes del final de la presidencia de George W. Bush.

Las instancias comunitarias ignoran, por su parte, las múltiples alertas lanzadas por el mundo asociativo, los investigadores y un número creciente de dirigentes políticos y profesionales. Prosiguen, como si nada ocurriera, con el desmantelamiento de los instrumentos de regulación de los mercados agrícolas. Poco importa que el mito liberal se derrumbe y que los poderes públicos intervengan masivamente para salvar a los mercados financieros. Poco importa que Estados Unidos haya abandonado la desconexión desde 2002, en beneficio de “ayudas agrícolas contra-cíclicas”, ajustadas en función de la situación de los mercados (13). En Bruselas, el dogma de la desregulación y del laisser-faire sigue vigente. En efecto, en las decisiones adoptadas el 21 de noviembre de 2008 en ocasión del “balance de salud” de la PAC, nada deja entrever alguna inflexión en la lógica que está en práctica desde 1992: siempre menos regulación pública (supresión progresiva de las cuotas lecheras, reducción del apoyo a los precios), siempre más desconexión de las ayudas (a pesar del derroche y de las inequidades flagrantes observadas), siempre menos solidaridad entre los Estados y las regiones, con un refuerzo de cofinanciamiento por las administraciones nacionales y territoriales, que no es ni más ni menos que una renacionalización de las políticas agrícolas (14).

Mientras se acelera el “desordenamiento del territorio” en nombre de la competitividad, se propone, en nombre del desarrollo rural, corregir marginalmente los daños más evidentes. A pesar de las declaraciones de principio sobre las nuevas demandas sociales, resulta forzoso constatar que el objetivo principal de la Comisión Europea sigue siendo proseguir, bajo una forma renovada, la reestructuración “productivista” de la agricultura.

Sin embargo, la Unión Europea podría desempeñar un papel determinante para reorientar las negociaciones en curso y promover un nuevo orden alimentario mundial. Soluciones existen. Soluciones que se apoyan en el principio de la soberanía alimentaria, lo que supone una regulación concertada del intercambio internacional, bajo la autoridad de las Naciones Unidas. En este nuevo marco, la estabilización de las cotizaciones mundiales y la garantía de precios internos estables, que reflejen los costos reales de producción, deberían suponer, como devolución, un refuerzo de las condiciones sociales y ambientales de producción, un control de los volúmenes y una redistribución de las ayudas entre los agricultores.

La solidaridad con los países pobres también exige el abandono de los acuerdos de librecambio, en beneficio de acuerdos preferenciales reforzados, el aumento de la ayuda pública para el desarrollo agrícola y el abandono de cualquier producción de agrocarburantes que entre en competencia con las producciones alimentarias.

Finalmente, la crisis alimentaria no puede resolverse en detrimento de los imperativos ecológicos, porque los desequilibrios climáticos y el agotamiento de los suelos son otros tantos factores agravantes. El informe de Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (EISTAD, según su sigla en francés) pone por ejemplo el acento sobre el desarrollo de la agro-ecología, sobre los circuitos verdes y sobre la valorización de los conocimientos locales (15).

REFERENCIAS

(1) Véase el Manual de Estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Ginebra, 2008. El primer lugar de la Unión Europea es en valores y para el conjunto de los productos agroalimentarios, excepto los productos forestales y de la pesca.

(2) La última reforma de la PAC decidida en 2003, para el período 2005-2013, incluía una cláusula que establecía un encuentro en 2008 para realizar una evaluación del estado de situación en la mitad del período y ajustes eventuales de la reforma. Esta cláusula fue bautizada como “balance de salud” de la PAC.
(3) Véase el análisis de Jean-Marc Boussard, “Faut-il encore des politiques agricoles?”, Déméter 2001, Economie et stratégies agricoles, Armand Colin, París, 2000, pp. 139 a 204.

(4) Estos subsidios, denominados restituciones, se pagan a los exportadores para cubrir la diferencia entre el precio mínimo garantizado a los productores europeos y el precio de venta, mucho más bajo en ese momento, en el mercado mundial.

(5) Estos gastos representaban el 40% del presupuesto agrícola de la CEE a comienzos de los años ‘80, y el 6% en la Unión Europea en 2005, según la Comisión Europea.

(6) Véase Tristán Coloma, “Quand les volailles donnent la chair de poule”, Le Monde diplomatique, París, julio de 2008.

(7) Boletín estadístico del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos, París, julio de 2008.

(8) Estadísticas agrícolas anuales, Ministerio de Agricultura y Pesca, París, 2008.

(9) Comisión Europea, “Environmental Integration and the CAP”, Comisión Europea, Bruselas, 2002.

(10) Véase Anne-Cécile Robert, “Rares sont les agriculteurs qui cultivent le blé”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2008.

(11) Entrevista con la Agencia de Prensa Africana, 20-4-08.

(12) Este ciclo de negociaciones en la OMC, que sigue a la ronda de Uruguay de 2001, está todavía en curso, aunque su conclusión estaba inicialmente prevista para antes del 1-1-05.

(13) En 2008, una gran mayoría del Congreso estadounidense votó una reforma de la política agrícola, para reforzar sus instrumentos de regulación de los mercados y de los ingresos.

(14) Véase Comisión Europea, 20-11-08, http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm

(15) Este estudio, realizado a escala internacional, se hizo público el 15-4-08, www.agassessment.org

La cosecha de África se siembra en Europa. Ayudas a la agricultura de los países pobres

La ayuda debe impulsar la producción agraria para combatir el hambre - Los países ricos rectifican

ANA CARBAJOSA EL PAÍS 26/01/2009

Los países ricos llevan décadas inyectando miles de millones de euros a los países pobres en forma de ayuda al desarrollo con resultados claramente insuficientes: más de mil millones de personas viven en la pobreza extrema y las proyecciones indican que cada vez serán más a los que les cueste satisfacer sus necesidades energéticas diarias.

• "Se ha abandonado la agricultura de subsistencia"
• La FAO pide duplicar la producción alimentaria para reducir el hambre

¿Deben los países ricos aumentar la ayuda a la agricultura de los países pobres?

ENCUESTA - 402 - Resultados

La revuelta del hambre de 2008 hizo saltar todas las alarmas

"Hay que evitar el monocultivo, que genera divisas pero no da de comer"

"Hace falta la mano visible del Estado", dice el informe del Banco Mundial

Los países receptores temen que la crisis reduzca la ayuda

Son muchas las voces que piden un aumento de la ayuda para paliar esta situación, pero también las que sostienen que además de la cantidad de ayuda hay que revisar la calidad de la misma. "Las políticas están claramente equivocadas porque sigue aumentando el número de personas que se mueren de hambre. Las tierras están ahí [en los países en desarrollo] y el potencial de producción también. Es un problema político". Quien lo dice no es la portavoz de una pequeña ONG ultracrítica, sino Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación, convencida de que hay que dar un vuelco a la situación.

El cambio más urgente, dice, pasa por apoyar la producción agrícola. A pesar de que el 75% de personas pobres de los países en desarrollo vive en zonas rurales y depende de la producción agrícola, las ayudas internacionales a la agricultura han caído en picado durante los últimos 20 años. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) indica que a mediados de los años ochenta, los países desarrollados destinaban cerca del 20% de la ayuda a la agricultura. Ese porcentaje rondaba el 7% en 2007 para el caso de la ayuda bilateral. La multilateral ha sufrido una evolución semejante en las dos últimas décadas. A la deficiente ayuda de la comunidad internacional hay que sumarle la falta de inversión por parte de los Gobiernos locales: en 2004, apenas un 4% de su gasto público, según el Banco Mundial.

Desde hace años la situación va a peor, pero fue la revuelta del hambre del año pasado la que hizo saltar las alarmas y la que ha provocado que ahora los políticos se replanteen la manera de actuar. Porque cuando los precios del arroz, del trigo y de la leche se dispararon, millones de empobrecidos de medio mundo dejaron de poder comprar estos alimentos. No pudieron tampoco echar mano de sus cultivos o de las cosechas de sus vecinos, simplemente porque no existían. Quedaron a la intemperie y según la jerga especializada, su "seguridad alimentaria" dejó de estar garantizada.

El Gobierno español tratará de revertir esta tendencia mañana en Madrid junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y cientos de ministros, expertos, miembros de ONG y de empresas durante la llamada "reunión de Alto nivel sobre Seguridad Alimentaria para todos". "Los países donantes tienen que aportar más, pero además, la ayuda tiene que centrarse en producir más y mejor; evitar que la producción de los países pobres se centre en monocultivos dedicados a la exportación que generan divisas pero no dan de comer a la población", añade Rodríguez.

Organizaciones multilaterales como la ONU o el Banco Mundial, que durante años optaron por otras vías para erradicar la pobreza, insisten ahora en que hay que volver a invertir en agricultura, porque, explican, es un sector que resulta hasta cuatro veces más efectivo en generación de ingresos para los más empobrecidos que cualquier otro. "La agricultura por sí sola no bastará para reducir de forma masiva la pobreza, pero ha demostrado ser especialmente eficiente a la hora de abordar la tarea", reza el informe sobre desarrollo mundial de 2008 publicado por el Banco Mundial, dedicado a la agricultura. Hacía 25 años que el Banco Mundial no centraba su informe en esta cuestión. "Es hora de volver a colocar este sector en el centro del programa de desarrollo", dice el documento.

Gonzalo Fanjul, experto en temas de cooperación y en la actualidad investigador en la Kennedy School de Harvard explica que en los noventa la cooperación dejó de apoyar a la agricultura "porque, por un lado, existía la sensación de que el dinero que se había invertido en el sector rural no había servido de mucho y por otro, porque en ese momento aparecieron las grandes empresas de semillas, fertilizantes y comercialización y se pensó que ellos iban a ser capaces de solucionar el problema".

Pero también, entonces y ahora, el cambio obedece a mutaciones ideológicas. "Eran los tiempos del consenso de Washington [el que dictó a principios de los noventa una serie de recetas para poner liberalizar los mercados en los países en desarrollo], en los que se confiaba en los agentes privados y se creía que el Estado no debía inmiscuirse en temas como la agricultura". Hoy, el propio Banco Mundial da por muerto el consenso de Washington y economistas como el Nobel Paul Krugman abogan por un papel más decidido de los agentes estatales. Existe el consenso de que por un lado, no existen recetas únicas aplicables a todos los países pobres y que por otro se trata de llegar a un punto medio entre el estatalismo de los setenta y el laissez-faire de los noventa.

"Hace falta la mano visible del Estado", dice el informe de desarrollo del Banco Mundial. "El Estado deberá contar con mayor capacidad para coordinar los diversos sectores y formar asociaciones con actores privados y de la sociedad civil", añade.

Pero a pesar de que Gobiernos y los agentes del mundo de la cooperación internacional hayan llegado a la conclusión de la necesidad de fomentar la producción agrícola en aras de garantizar la seguridad alimentaria de los más pobres y sobre el papel que debe jugar el Estado y la ayuda internacional, el camino para llegar a este fin se encuentra repleto de obstáculos. En primer lugar, porque la crisis financiera provocada por el fiasco de las hipotecas basura en Estados Unidos ha hecho que muchos Gobiernos en los países del hemisferio norte opten por inyectar ingentes cantidades de dinero público en el mercado para evitar la debacle. Y temen los expertos en cooperación que los países en desarrollo no sólo vayan a ser los más afectados por la crisis debido a su vulnerabilidad, sino que además vean reducida la ayuda que una comunidad internacional sumida en una crisis económica les envía. Las aportaciones advierten también, tenderán a centrarse en la provisión directa de alimentos ante lo urgente de la situación y las inversiones que generen crecimiento deberán de nuevo esperar.

"Nos encontramos en una situación muy peligrosa en la que ya se aprecian signos de una nueva crisis alimentaria, pero aún así, la crisis financiera puede hacer que algunos de los compromisos que se alcancen en Madrid acaben por no cumplirse", advierte Joachim Von Braum, director del International Food Policy Research Institute con sede en Washington y que participará en la reunión de alto nivel de esta semana.

Y considera Von Braum que uno de los asuntos que deben ponerse sobre la mesa en Madrid son las políticas comerciales, "porque no es posible garantizar la seguridad alimentaria sin un comercio justo". La crisis del precio de los alimentos hizo que muchos países en desarrollo cerraran sus mercados por miedo al desabastecimiento de su población. "Dejaron de importar, pero también ocurrió que los países pobres vieron hundida su producción", añade.

También señala la importancia de revisar las políticas comerciale Rames Shasrma, economista del departamento de Comercio y Mercados de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que cuenta que uno de los problemas es que muchos países en desarrollo han pasado en los últimos 20 años de ser exportadores de productos agrícolas a importar toneladas de comida sujetas a la volatilidad de los mercados. Los países pobres importan más porque la población crece y porque surgen nuevos hábitos alimenticios. Pero también "porque durante los setenta y los ochenta los países ricos subsidiaron masivamente su producción agrícola y los mercados internacionales se llenaron de comida barata". Muchos países en desarrollo se entregaron a la importación porque resultaba más barato comprar fuera que producir en casa.

"Los Gobiernos [de los países pobres] dejaron de proporcionar semillas y fertilizantes al tiempo que la comunidad internacional dejó de enviar dinero para proyectos agrícolas y el campo se secó. Ahora todo el mundo habla de invertir en agricultura, de hacer lo que había que haber hecho hace 30 años".

La secretaria de Estado española reconoce que durante años, la Unión Europea ha volcado sus excedentes agrarios en los países en desarrollo, desincentivando la producción local. Pero asegura que "la UE ha ido abandonado poco a poco esas políticas. Sin embargo, otros países como Estados Unidos no lo han hecho y hoy una explotación agraria estadounidense recibe un 50% más de ayudas que las europeas". Por eso, termina, "hace falta un compromiso global y eso es lo que intentaremos en Madrid, crear una alianza global contra el hambre en la que participen todos los Estados, además del sector privado y la sociedad civil".

Planeta hambriento

AYUDA. Dos mujeres arrastran sacos de maíz recibidos gracias al programa de Naciones Unidas en Morulinga, Uganda, una zona devastada por la sequía. / AFP


30 familias, 24 países, 600 comidas

Alemania. Familia Melander de Bargteheit. Gasto semanal en comida: 375.39 Euros o $500.07 Comida favorita: papas fritas con cebolla, arenques con tocino, fideos fritos con queso y huevo, pizza, postres de vainilla

EE.UU. Familia Revis de Carolina del Norte. Gasto semanal en comida: $341.98 Comida favorita: spaghetti, papas, pollo con sésamo

Japón. Familia Ukita de Kodaira. Gasto semanal en comida: 37,699 Yen o $317.25 Comida favorita: sashimi, fruta, pasteles, papas fritas

Italia. Familia Manzo de Sicilia. Gasto semanal en comida: 214.36 Euros o $260.11 Comida favorita: pescado, pasta con ragú, salchichas, barras de pescado congelado

Gran Bretaña. Familia Bayton de Collingbourne Ducis. Gasto semanal en comida: 155.54 British Pounds o $253.15 Comida favorita: aguacate, sandwich con mayonesa, cóctel de gambas, pastel de chocolate con crema

Kuwait. Familia Al Haggan de la ciudad de Kuwait. Gasto semanal en comida: 63.63 dinar o $221.45 Receta familiar: Pollo biryani con arroz basmati

México. Familia Casales de Cuernovaca. Gasto semanal en comida: 1,862.78 Mexican Pesos o $189.09 Comida favorita: pizza, cangrejo, pasta, pollo

EE.UU. Familia Caven de California. Gasto semanal en comida: $159.18 Comida favorita: bistec, sundae de yogur con berries, sopa de almejas, helado

China. Familia Dong de Pekin. Gasto semanal en comida: 1,233.76 Yuan o $155.06 Comida favorita: cerdo frito en tiras con una salsa agridulce

Polonia. Familia Sobchinca de Konstancin-Ezora. Gasto semanal en comida: 582.48 Zlotys o $151.27 Comida favorita: nudillos de cerdo con zanahoria, apio y chirivía (una especie de nabo)

Egipto. Familia Ahmed del Cairo. Gasto semanal en comida: 387.85 Egyptian Pounds o $68.53 Receta familiar: Quingombó con carne de oveja

Mongolia. Familia Batsuri de Ulan Bator. Gasto semanal en comida: 41,985.85 togrogs o $40.02 Comida favorita: carne de oveja guisada

Ecuador. Familia Aime de Tingo. Gasto semanal en comida: $31.55 (En Ecuador el dólar americano es la moneda oficial) Receta familiar: sopa de papa con zapallo (repollo)

Bután. Familia Namgai del pueblo Shingjei. Gasto semanal en comida: 224.93 ngultrum o $5.03 Receta familiar: Callampas (champiñones), queso y cerdo

Chad. Familia Abubakar del pueblo Breidjing. Gasto semanal en comida: 685 CFA Francs o $1.23 Comida favorita: sopa con carne fresca de oveja

Un planeta hambriento

La escalada de precios, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad dificultan la meta de la ONU de paliar la inanición de 425 millones de personas antes del 2015

ALFREDO PASCUAL

Fuente: aquí

Más de 850 millones de personas pasan hambre en la Tierra. Como es razonable, detrás de este trágico fenómeno confluyen multitud de causas políticas y socioeconómicas. No obstante, ciertos factores de índole medioambiental, como el calentamiento global o la escasez de agua, están afectando decisivamente a la lucha del ser humano por conseguir alimentos. Hasta el 73% de la población mundial que vive por debajo del umbral de la pobreza habita en zonas rurales, donde la subsistencia depende directamente de lo que brote de la tierra.

«Nuestro planeta rebosa riqueza biológica, y esta gran diversidad es la clave para afrontar la peor crisis alimentaria de la historia moderna», asegura Alexander Müller, subdirector general de la FAO (Food and Agriculture Organization) durante la reciente conferencia celebrada en Bonn, Alemania. Precisamente, el acentuado descenso de la diversidad genética en animales y cosechas es uno de los problemas más lacerantes en el Tercer Mundo.

El primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por Naciones Unidas es erradicar el 50% del hambre y la pobreza en el mundo para 2015. En las cifras actuales, esto supondría mejorar las condiciones de vida de 425 millones de personas que malviven en entornos rurales carentes de fuentes de alimentación. Germán Rojas, responsable de la FAO en España, considera «sumamente complicado» cumplir el objetivo dentro del plazo marcado. Con todo, pese a alcanzar la utópica meta, más de 400 millones de personas, excluidas de los criterios de Naciones Unidas, seguirán pasando hambre.

En el último siglo, el 75% de los cultivos han desaparecido en favor de una minoría de cosechas a priori más rentables.

Hoy, la mayor parte de los alimentos procede únicamente de doce productos agrícolas y catorce especies animales. José Esquinas Alcázar, secretario de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación de la FAO, lo explica así: «Debido al aumento demográfico, nosotros y las futuras generaciones tendremos que intensificar la producción agrícola. La biotecnología será más rica, pero, sin diversidad, las opciones serán limitadas. La biodiversidad -los recursos genéticos- es la materia prima y la biotecnología un instrumento para combinarla y producir variedades comerciales».

Esta enorme dependencia de unas pocas variedades significa menos oportunidades para el crecimiento y la innovación necesarios para impulsar la agricultura y ganadería en una época tendente al alza de los precios. Mientras la demanda de cereales crece dramáticamente, a razón de un 6%anual, sus costes finales siguen una senda paralela aún más vertiginosa. Gigantes como China o la India cada vez requieren mayor volumen de estos cultivos para autoabastecerse, al tiempo que su uso como biocombustibles ha disparado su valor económico en los mercados.

Deforestación

En consecuencia, numerosas empresas han emprendido un proceso de tala masiva en selvas y bosques con el fin de replantar especies vegetales aptas para la obtención de etanol y biodiésel, como la caña de azúcar o la jatropha. Esto ha provocado que los habitantes de las regiones aledañas perdiesen el espacio natural que suponía su principal -y a veces única- fuente alimentaria.

En respuesta a este abuso, algunos organismos internacionales, como la Unión Europea, han condicionado la adquisición del «combustible verde» a la procedencia del mismo: a partir de enero de este año, Bruselas asegura no aceptar etanol procedente de «bosques en los que no haya habido actividad humana significativa» o «áreas protegidas, a no ser que se certifique que la producción de biocombustible no interfiere en la protección ambiental».

El fenómeno del calentamiento global, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, supone otra de las amenazas que afrontar en la lucha contra la malnutrición.

Según un informe publicado el año pasado por el Panel Intergubernametal para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el impacto medioambiental en estas regiones podría dejar bajo mínimos las precipitaciones, además de suponer la extinción de numerosas especies animales y vegetales, incapaces de adaptarse al nuevo entorno.

Los cultivos de secano, que dependen directamente de la meteorología para salir adelante, serían otros de los grandes damnificados; la FAO estima que la India podría perder 125 millones de toneladas de cereales de secano, un 18% de su producción total si la temperatura aumentase más de dos grados centígrados.

Pero la peor parte sería para los pueblos asentados más cerca de la costa, pues las tormentas de aire y el incremento del nivel del mar terminaría por eliminar los escasos recursos naturales disponibles.

«Las zonas pobres son las más vulnerables, porque tienden a concentrarse en franjas de relativo riesgo y tienen menos medios para hacer frente a los imprevistos, además de menos recursos como agua y alimentos», concluye en texto del IPCC.

La gestión eficaz de los recursos hidrológicos, un tema muy en boga este año, representa otra de las caras del hambre. Como tejido de la vida, el agua es indispensable para el desarrollo humano, desde su papel como generador de ecosistemas hasta su necesidad para irrigar los suelos de cultivo. Precisamente es la actividad agrícola, con un 65% del volumen total, la mayor consumidora de agua en el mundo.

Lamentablemente, las áreas donde la escasez del líquido es endémica, como África y Asia occidental, no suelen disponer de fondos para invertir en la tecnología necesaria para optimizar los sistemas de riego y canalización.

Debido a las obsoletas estructuras de irrigación utilizadas en los países pobres, que llegan a desperdiciar el 60% del líquido, la demanda ha crecido hasta límites insostenibles. Desde 1950, el consumo de agua se ha triplicado a nivel mundial, pasando ya de los 4.300 km. cúbicos al año. El 97,5% del agua dispersa por el planeta es marina, lo que significa que ha de ser tratada previamente a su utilización. Y las alternativas están fuera del alcance de la mayoría de naciones; depuradoras y plantas desalinizadoras arrojan unos elevados costes energéticos, además de requerir de una compleja infraestrucutra para su puesta en funcionamiento.