"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

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martes, 11 de diciembre de 2007

El trato especial para los inmigrantes de élite divide a la UE

El trato especial para los inmigrantes de élite divide a la UE
La Comisión pretende competir con EE UU en la 'caza de cerebros'
ANA CARBAJOSA - Bruselas - EL PAIS 07/12/2007

La propuesta de la Comisión Europea de atraer inmigrantes cualificados a través de la llamada tarjeta azul recibió ayer un jarro de agua fría de la mano de varios países de la Unión. Alemania, Austria, Holanda y la República Checa mostraron su rechazo a la iniciativa comunitaria durante el debate que mantuvieron en Bruselas los ministros de Interior y Empleo.

El pasado octubre, el Ejecutivo comunitario presentó una propuesta legislativa en la que establecía un permiso de trabajo especial para los trabajadores cualificados que quieran emigrar a los países de la Unión. Bruselas sostiene que debido al creciente envejecimiento de la población europea, los mercados de trabajo de la UE necesitarán incorporar en los próximos años trabajadores de terceros países. La comisión que dirige el portugués José Manuel Durão Barroso pretende además competir con EE UU en la caza de cerebros.

Pero esas ambiciones se vieron ensombrecidas por las intervenciones de varios ministros de la UE que no quieren que Bruselas se inmiscuya en la regulación de sus mercados de trabajo. Alemania, Austria, República Checa y Holanda insistieron en que la inmigración legal es un tema de competencia nacional y se opusieron a las iniciativas comunitarias en este campo. Por su parte, algunos países del Este de Europa pidieron que se dé preferencia a los trabajadores comunitarios y se eliminen primero los regímenes transitorios que imponen restricciones a sus nacionales para trabajar en el resto de Europa.

El vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini, insistió en que la tarjeta azul da libertad a los Estados para fijar cuotas de inmigrantes cualificados que estén dispuestos a aceptar. Los países reticentes argumentan que los trabajadores que entren en un determinado país tendrían en dos años derecho a trabajar en cualquier otro país de la UE, según la propuesta de directiva de la Comisión. Frattini confía aún en convencer al sector crítico en las posteriores negociaciones a la que se someterá en los próximos meses la tarjeta azul.

Reino Unido pidió flexibilidad para que cada país decida su política migratoria y anunció que pondrá en marcha un sistema a partir de 2008 similar al australiano para acoger a inmigrantes cualificados en los sectores necesitados de mano de obra.

El ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, dedicó parte de su intervención a la otra cara de la moneda de la tarjeta azul, que España apoya: la fuga de cerebros de los países menos desarrollados. Insistió en la necesidad de paliar los efectos negativos de la captación de inmigración cualificada y explicó a sus homólogos que, por ejemplo, hay más médicos nigerianos en EE UU que en Nigeria.
Los ministros de Interior aprobaron el informe del nuevo coordinador antiterrorista de la Unión, Gilles de Kerchove, que detecta "deficiencias considerables" en el intercambio de información entre los socios europeos y los organismos como Europol y Eurojust.
De Kerchove considera fundamental para la lucha antiterrorista que los países europeos unifiquen la información de sus servicios policiales, de aduanas y de espionaje para poner a disposición de sus socios europeos esos datos de manera regular.

Londres elegirá los inmigrantes a la carta, según su capacidad

PATRICIA TUBELLA - Londres - 06/12/2007

Los trabajadores de baja cualificación, y no procedentes de la UE, verán virtualmente cerradas las puertas de entrada al Reino Unido después de la radical reforma del sistema de inmigración anunciada ayer por el Gobierno de Gordon Brown. El Ejecutivo se dispone a implantar en menos de cien días un sistema de puntos inspirado en el modelo australiano, que se apoya en los criterios de la formación, edad, dominio de la lengua, e incluso ganancias previas para la concesión de visados de trabajo.

Este nuevo régimen "dejará entrar sólo a quienes tienen algo que ofrecer a este país", según el secretario de Estado de Inmigración, Liam Byrne.

Una de las medidas más polémicas cuestiona el derecho de los inmigrantes a la reunificación familiar al vetar la entrada en el país a las esposas de trabajadores extranjeros que carezcan de un conocimiento mínimo del inglés. La ministra del Interior, Jacqui Smith, enmarcó ayer esta medida (que eleva la edad de las afectadas de 18 a 21 años) en el esfuerzo por combatir los matrimonios forzosos.

El nuevo plan, que irá desarrollándose en los próximos meses, establece cinco franjas que catalogan a los inmigrantes no comunitarios según sus aptitudes profesionales.
A la cabeza figuran los médicos, científicos, expertos en tecnologías de la información e ingenieros, que no precisarán de una oferta previa de trabajo para instalarse. Los empresarios extranjeros deberán acreditar que poseen al menos 200.000 libras para invertir en el mercado británico. Enfermeras, profesores y fontaneros sólo obtendrán su visado para cubrir una vacante concreta, al igual que los trabajadores de la restauración, y no sin antes haber comprado el pasaje de regreso a su tierra. En el último peldaño, el grueso de trabajadores no cualificados.

domingo, 11 de noviembre de 2007

Euskadi necesita 7.000 inmigrantes más al año para cubrir la ola de jubilaciones

FUENTE: El Correo Digital, 11 noviembre 2007

Las pensiones han crecido a un ritmo tres veces superior al de la población activa en las dos últimas décadas

J. L. GALENDE


El mercado laboral del País Vasco necesitará incorporar al menos a 200.000 inmigrantes más en las próximas tres décadas, a una media de unos 7.000 por año, para cubrir la oleada de jubilaciones que se avecina a medio plazo si quiere mantener los actuales niveles de ocupación, que se acercan al millón de personas.

Ésas son las cifras que maneja indirectamente el Gobierno autónomo, que estima que en 2040 sólo habrá 765.000 personas con capacidad de trabajar en la comunidad autónoma, si continúan los parámetros actuales, como consecuencia del envejecimiento demográfico y de la retirada de la generación del 'baby boom'.Aunque se expriman todos los recursos demográficos disponibles, coinciden los expertos consultados, el incremento de la inmigración -cerca de 50.000 extranjeros cotizan a la Seguridad Social en Euskadi en la actualidad- será un recurso indispensable para mantener la actividad, y mucho más si se quiere elevarla.

Sólo en los próximos 18 años, unos 350.000 empleados vascos que ahora tienen más de 45 años se habrán jubilado, partiendo de la premisa de que abandonen sus puestos a una edad media de 63 años. Ahora es de 61,5. La población actual no está en condiciones de llenar ese hueco. De forma paralela, el número de pensionistas crecerá de manera sostenida, a un ritmo preocupante para la viabilidad del sistema público, al menos en lo que a Euskadi se refiere, tanto por la retirada de asalariados como por el aumento de la esperanza de vida.

Baja natalidad

El envejecimiento de la población es especialmente pronunciado en la Comunidad Autónoma Vasca, que tiene una de las tasas natalidad más bajas de España y del mundo: 9,4 nacimientos por 1.000 habitantes en 2005. Con una población activa estancada desde hace años que ronda el millón de personas y más de 464.000 pensionistas -sin contar las denominadas clases pasivas-, la sostenibilidad del sistema está al límite y no resistirá la arremetida que supondrá la jubilación masiva de las cohortes nacidas en los años 50 y 60 sin algún tipo de 'revolución'.

Las cifras de los diferentes registros estadísticos no dejan lugar a dudas sobre el problema que se avecina y que se arrastra desde hace dos décadas. Así, en el País Vasco la población activa ha crecido un 20,3% entre 1985 y el pasado ejercicio -es decir; 168.100 personas, al pasar de 826.600 a 994.700-, mientras que la cifra de pensiones contributivas de la Seguridad Social lo ha hecho el 60,8%: 175.600 beneficiarios más, desde 288.800 a 464.400.

Los expertos señalan que, para mantener el sistema, son necesarios dos afiliados por cada nuevo pensionista. Hasta ahora, las filas del colectivo de cotizantes -ocupados- se han nutrido del colchón que ha supuesto el elevado paro, pero con tasas de desempleo por debajo del 4% éste es un filón agotado y de cara al futuro será necesario encontrar algún 'yacimiento' de mano de obra.

Más equilibrio en España

El deterioro de la situación contrasta con la evolución más equilibrada que se ha producido en el conjunto de España, donde merced a la llegada masiva de inmigrantes en la última década y a unas tasas de natalidad ligeramente superiores a las vascas la población activa ha crecido un 54,07% en el mismo periodo: desde 14,009 millones a 21,584. La cifra de pensiones ha aumentado un 53,71% -de 5,311 millones a 8,165-, lo que presenta unas mejores perspectivas de sostenibilidad a medio plazo. Algo que no puede asegurarse en el caso de Euskadi, tal como están hoy las cosas, si tuviera su propio sistema de pensiones al margen del nacional.

Las proyecciones de población que realiza el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) a corto y medio plazo -las más fiables, ya que a largo presentan muchas incertidumbres- apuntan un claro empeoramiento del problema de la población en Euskadi. Así, en su último anuario estadístico apunta para 2008 la existencia de una población total de entre 45 y 64 años de 585.900 personas.

Sin embargo, la población entre cero y 19 años, llamada a ocupar el hueco laboral que deje el grupo anterior, será entonces de 365.200 personas. Por otro lado, aunque este colectivo se incorporara íntegramente al mercado laboral en los próximos 20 años -algo impensable-, apenas llegaría para cubrir los puestos de los 350.000 ocupados que aproximadamente tienen en la actualidad más de 45 años.

Otras cifras abundan en las escasas perspectivas de una fácil resolución del problema. Por ejemplo, los mayores de 25 años representaban el 80,02% del total de los activos en 1985 -los datos más antiguos que ofrece el Eustat- frente al 93,36% que suponían el año pasado. Más aún, hace 22 años los mayores de 45 años representaban el 28,98% de la población activa y en 2006 eran ya el 35,22%.

bjetivo, la inmigración

Un mercado laboral floreciente y tasas de paro como las actuales deberían ser 'ganchos' suficientes para atraer de forma masiva a los inmigrantes que la economía vasca necesitará y permitir un reequilibrio entre población activa, la ocupada y el número de pensionistas. De hecho, algo de esto ya se está produciendo: Euskadi supera en los últimos meses la media nacional de crecimiento de trabajadores extranjeros.

El desajuste del mercado laboral es la causa del abultado déficit que tiene el sistema de pensiones en la comunidad autónoma -diferencia entre las recaudaciones por las cuotas que se pagan a la Seguridad Social y el gasto en pensiones y bajas por enfermedad y maternidad-. Los 'números rojos' se elevaron a 463 millones de euros el pasado ejercicio, un 49% más que los de 2005.Crear empleo para resolver el problema ya no basta. Es necesaria gente para ocuparlo.

La patronal Confebask ya viene alertando desde hace años de la falta de mano de obra en algunos sectores.Y lo que es ya inevitable es el envejecimiento de la población laboral, cuyas consecuencias finales son una incógnita por el efecto que tendrán en la productividad -en los últimos años el rejuvenecimiento de plantillas ha sido considerado un elemento de primer orden en su mejora-, el absentismo laboral -que tiende a aumentar a medida que sube la edad de los trabajadores- y en la propia creatividad, dinamismo y pujanza de la economía.

jueves, 25 de octubre de 2007

Agua y turismo en la Comunidad Valenciana

Los expertos reclaman otro modelo turístico y gravar el gasto del agua


El consumo de los hoteles llega a triplicar la media por día de cada habitante
SARA VELERT - Valencia - El País 25/10/2007

La concentración del turismo en la costa y el desaforado desarrollo urbanístico de la última década han castigado severamente los recursos naturales del litoral. Urge un cambio de rumbo. Un giro en el modelo hacia un turismo sostenible que asuma que la explotación de los recursos naturales tiene un coste. Y uno de ellos es el del agua, un bien limitado que debe tener un precio que frene el exceso de consumo, según varios de los expertos reunidos ayer en Valencia en un seminario de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente.


"Es necesario aliviar la presión sobre la costa", resumió José Fernández, director general de Costas del ministerio, que pidió consenso social y político para "racionalizar la ocupación de la costa" y el consumo de recursos naturales.
El turismo es el cuarto demandante de agua en importancia en la economía española y consume el 11% del abastecimiento; en verano alcanza el 22%. El gasto de agua en los hoteles puede llegar a triplicar, con más de 500 litros diarios por persona, la media de consumo por habitante, de 165 litros. En la Comunidad Valenciana, el turismo requiere el 12,88% del consumo humano de agua.

El desgaste de este recurso, además, se concentra principalmente en el litoral, donde se une a la fuerte ocupación del territorio por el boom urbanístico. En los últimos años el crecimiento de segundas residencias en España, sin embargo, ha cuadruplicado la demanda de estos alojamientos, cuya ocupación ha bajado. El consumo de agua del turismo seguirá creciendo -en el caso valenciano en los hoteles, y se reducirá en el alojamiento residencial-.
Estos son algunos de los datos expuestos por Carlos Mario Gómez, del Grupo de Análisis Económico del ministerio, que incidió en que la población residente soporta una sobrecarga de costes vinculados a la necesidad de nuevas infraestructuras que garanticen el suministro al turismo. No existe una "discriminación de tarifas" que contemple un mayor consumo de hoteles y segunda residencia, salvo las excepciones de El Ejido (Almería) y Palma de Mallorca.

En esa línea, Josefina Maestu, de la secretaría general para el Territorio y la Biodiversidad, resaltó que desde el punto de la fiscalidad ambiental y de la directiva europea del agua se debe "ir a tasas discriminadas por usos" que reflejen su incidencia en los costes. Luis Jiménez, director del Observatorio de la Sostenibilidad, fue contundente: "El turismo gasta y desgasta capital natural y es inevitable una fiscalidad para que sea sostenible. No es lo mismo el consumo para beber que llenar una piscina. Requiere precios distintos". El sector, contrario a tasas específicas al turismo, abogó por "hablar de tarifas racionalizadas", según lo definió Juan Carlos Gelabert, presidente de la patronal hostelera Conhostur.