¿Escasez o quiebra ecológica y moral?
La crisis global del agua no es propiamente de escasez, sino consecuencia de dos grandes fallas convergentes
Según las Naciones Unidas, más de mil millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable y unas 10.000 mueren cada día por ello, en su mayoría niños. En estas estimaciones no se contabilizan los procesos de envenenamiento progresivo que producen miles de abortos, malformaciones congénitas y muertes por beber agua contaminada con metales pesados, cianuros y otros tóxicos procedentes de vertidos como los de la minería a cielo abierto o determinadas industrias.
Ante estos datos, a menudo se oye hablar de escasez de agua en el mundo. Sin embargo, la mayoría de esos mil millones de personas viven a orillas de ríos y lagos, o en zonas donde el agua subterránea es abundante. El problema está en que, allí donde antes se podía beber, hoy la gente enferma. Hemos quebrado la salud de nuestros ríos, provocando la crisis más aguda de biodiversidad de la biosfera. Las ranas hace tiempo que desaparecieron; la pesca, la proteína de los pobres, en muchos casos también. Y finalmente son las personas, siempre en las comunidades más pobres, las que enferman y mueren. Paradójicamente, en el planeta azul, el planeta agua, hemos transformado el elemento clave de la vida en vector de enfermedad y muerte.
La crisis global del agua no es propiamente de escasez, sino consecuencia de dos grandes fallas convergentes: la crisis de insostenibilidad de nuestros ríos y la de inequidad y pobreza.
Desde el modelo de globalización neoliberal, las instituciones económico-financieras internacionales han optado por transformar esta crisis en "oportunidad de mercado". La idea de que el agua es un bien útil y escaso ha llevado a considerarla como un bien económico que el mercado debe administrar. Desde pretendidos argumentos de racionalidad económica se han promovido políticas de privatización de los servicios públicos de agua, transformando a los ciudadanos en clientes. El Banco Mundial ha condicionado sus créditos a que los gobiernos de países en desarrollo concesionen esos servicios a los operadores transnacionales, en su mayoría europeos. Bajo esta lógica, la vulnerabilidad de los más pobres, lejos de reducirse, se ha acentuado, abriéndose una tercera falla: la de la gobernanza de los servicios básicos de agua y saneamiento.
Hay que entender que, a diferencia de la madera u otros bienes naturales renovables, el agua tiene funciones que desbordan la lógica del mercado. Desde un punto de vista ético, lo fundamental no es su materialidad, H O, sino las funciones y valores 2 en juego, que en muchos casos no son sustituibles por dinero. Es necesario distinguir categorías éticas, para establecer prioridades y diseñar adecuados criterios de gestión en cada una de ellas.
- El agua vida, en funciones básicas de supervivencia, debe priorizarse, garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas, el acceso de todos a cuotas básicas de agua potable (40 litros/ persona/ día), como un derecho humano, y la producción de alimentos básicos en las comunidades más vulnerables.
- El agua ciudadanía, en funciones de salud y cohesión social (servicios domiciliarios de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad, desde la lógica del interés general y en el ámbito de los derechos de ciudadanía, con sus correspondientes deberes. Su gestión, desde modelos de gestión pública participativa, debe basarse en sistemas tarifarios que permitan financiar servicios eficientes y de acceso universal.
- El agua economía, en funciones productivas que generan beneficios, vinculada al derecho a mejorar nuestro nivel de vida, debe gestionarse desde un tercer nivel de prioridad, desde criterios de racionalidad económica basados en el principio de recuperación de costes.
La escasez de agua vida es injustificable, en la medida que supone la quiebra de derechos humanos y deriva en catástrofes humanas. Pero no debemos olvidar que 40 litros/ persona/ día es apenas el 1,2% del agua que usamos.
La escasez de agua ciudadanía (cortes de agua en una ciudad), afectando al interés general, es un fracaso político. Pero tales servicios suponen apenas el 6% del agua que extraemos de ríos y acuíferos.
El agua economía es propiamente la que desborda la capacidad de los ecosistemas. En este contexto, la escasez en el ámbito del agua economía debe dejar de afrontarse como una tragedia que evitar, a costa del erario público, para considerarse como una realidad que gestionar, asumiendo los límites de sostenibilidad y exigiendo el pago adecuado a quienes demandan más y más caudales para ser más ricos.
En realidad, lo que hemos venido llamando déficits hídricos son más propiamente excedentes de ambición y déficits de responsabilidad.
¿Un derecho tiene precio?
El derecho al agua debería ser considerado uno más de los derechos humanos
La actual y generalizada reivindicación para incluir el derecho al agua como derecho humano es de una lógica tal que no habría debate si no fuera por los desproporcionados intereses económicos que lastran el acceso a este servicio básico a todos los habitantes del planeta. Cuando la ONU aprobó por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, no olvidó el derecho al agua o al aire, sino que los consideró obvios al estar incluidos en el derecho a la vida, que incluye disfrutar de un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, la protección frente a las enfermedades y una alimentación adecuada.
El derecho al agua debería ser considerado uno más de los derechos humanos, que a menudo son usurpados por los intereses del mercado y sus actores. La necesidad de explicitarlo e incluirlo en la Declaración Universal está motivada por la dolorosa contradicción generada en el seno de las sociedades de pretender que sean el mercado y sus dispositivos el eje que estructure y organice la vida social, lo que ha creado importantísimas desigualdades y carencias que es prioritario resolver.
Al hablar del derecho humano al agua nos referimos exclusivamente a la cantidad de agua de consumo para el uso personal y doméstico, 30 o 40 litros por persona y día, potable, salubre y disponible y a un precio asequible. El resto, hasta los 130 litros por habitante y día de la sociedad del bienestar, serían derechos de ciudadanía. Por encima de estas cantidades y hasta el límite de la sostenibilidad estará el agua como factor económico, que, bien regulado, podría estar sujeto a las reglas del mercado.
¿Debe ser esta garantía de acceso al agua y el saneamiento básico, entendida como derecho humano, gratuita? La respuesta es clara: no. Debe ser asequible y las soluciones para asegurar esas dotaciones deben adecuarse a su sostenibilidad institucional, social, técnica y económica. Además, posibilitaría que se incluyera como tal en las constituciones de todos los países y se traduciría en obligaciones legales. La política tarifaria se debería adecuar a las posibilidades reales de los usuarios, diferentes en cada sociedad y circunstancia. Los estados deben garantizar con estas políticas el cumplimiento de este derecho con tarifas progresivas que penalicen a los mayores consumidores, a diferencias de otros servicios como la electricidad que se abaratan con el incremento del consumo, y con políticas sociales que corrijan las desigualdades garantizando el acceso universal al agua potable y al saneamiento básico.
PARA SABER MÁS: PUBLICACIONES
'Agua, ríos y pueblos'. Libro catálogo de la exposición del mismo nombre. Editado por la Asociación Agua Ríos y Pueblos
'El reto ético de la nueva cultura del agua', Pedro Arrojo. Editorial Paidós
'Ríos silenciados: ecología y política de las grandes presas'. Patrick McCully. Editorial P.
'El derecho humano al agua', Aniza García. Editorial Trotta, Madrid 2008
'Nueva Cultura del Agua'. Colección editada por Bakeaz y por la Fundación Nueva Cultura del Agua
WEBS
www.aguariosypueblos.org
http://papeldeaguas.net
www.unizar.es/fnca
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