La 'zona cero' del amianto

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La fábrica del aislante, cerrada en 1997, deja una herencia letal en Cerdanyola - Un estudio detecta 149 casos de dolencias mortales entre antiguos vecinos y empleados

CRISTINA DELGADO - Barcelona - 08/02/2010

Un goteo constante de enfermos pulmonares. Eso es lo que queda del amianto en Cerdanyola, Ripollet y algunos pueblos colindantes, en la provincia de Barcelona. Un par de diagnósticos un mes, otro al siguiente: así hasta cerca de 35 al año. Son la herencia que ha dejado la fábrica de amianto que Uralita tenía en la zona, que, según un estudio médico, multiplica por 47 la probabilidad de desarrollar un cáncer mortal como el mesotelioma.

Un goteo constante de enfermos pulmonares. Eso es lo que queda del amianto en Cerdanyola, Ripollet y algunos pueblos colindantes, en la provincia de Barcelona. Un par de diagnósticos un mes, otro al siguiente: así hasta cerca de 35 al año. Son la herencia que ha dejado la fábrica de amianto que Uralita tenía en la zona, que, según un estudio médico, multiplica por 47 la probabilidad de desarrollar un cáncer mortal como el mesotelioma. También destaca un notable incremento de casos de cáncer de pulmón, asbestosis o derrames pleurales, entre otros. En total, el estudio localiza 149 casos de enfermedades mortales.

Vivir ahora en estas localidades no supone ningún peligro. Uralita, que defiende que siempre ha cumplido la normativa vigente, cerró su planta en 1997. Sin embargo, los enfermos seguirán apareciendo a este ritmo hasta 2020, porque muchos llevan el veneno dentro desde hace lustros, pero aún no se ha manifestado. Uno de cada tres afectados nunca pisó la fábrica.

Josep Tarrés, neumólogo, es el responsable del estudio. Lleva toda la vida viendo en la consulta de Cerdanyola un vía crucis de afectados por el amianto, una sustancia ahora prohibida, pero que hasta 2002 se utilizaba masivamente para aislar, fabricar tuberías y transformadores... Las fibras microscópicas de este material, al inhalarlas, se incrustan en los pulmones. Permanecen ahí décadas y las enfermedades que causan pueden no manifestarse hasta 20 o 40 años más tarde. "Mi interés en documentar los efectos surgió puramente de la necesidad", explica Tarrés. Es de Barcelona, pero llegó a Cerdanyola con el título de médico aún caliente bajo el brazo. "Y empecé a ver una patología de la que había muy poco escrito. Así que me decidí a registrarlo todo en un cuaderno", recuerda. En 2000 decidió iniciar un estudio serio, junto con especialistas de centros de atención primaria y el hospital de la zona. "Se trataba de estudiar la zona cero del amianto", dice. Los últimos resultados disponibles de la investigación -financiada por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, la Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia- han sido publicados en la revista Archivos de Bronconeumología, de la Sociedad Española de Neumología.

La gran aportación de Tarrés es que pone, al fin, cifras concretas a la herencia envenenada del amianto. Se sabía que el mineral causó daños en la zona, pero no se habían cuantificado tan a fondo sus efectos sobre los que vivían con él. "La fábrica supuso un factor de riesgo importante de enfermedades relacionadas con el amianto para trabajadores y población cercana". Mientras que lo habitual es que en una población no afectada aparezcan 10 casos al año de enfermedades relacionadas con el amianto por millón de habitantes, en el área de Cerdanyola se dan 95. En la más letal de ellas, el mesotelioma, la tasa pasa de entre uno y tres casos por millón a 47.

Un tercio de los afectados por el amianto son ambientales. Es decir, que nunca pusieron un pie en la fábrica. Enfermaron por inhalar las fibras de amianto que flotaban en la calle o las que llegaban a los hogares de los trabajadores en su ropa. Esto explica que las mujeres e hijos de los antiguos empleados sean uno de los colectivos más afectados.

A varios trabajadores de las fábricas de Uralita los juzgados les han dado la razón, a pesar de que la empresa se ampara en que sólo hacía lo que la ley permitía. Han logrado indemnizaciones, no sólo en Cerdanyola, sino también en Getafe (Madrid). Pero los afectados ambientales, hasta ahora no han rebibido nada. La Asociación de Víctimas del Amianto de Cerdanyola y Ripollet se agarra a los datos del estudio dirigido por Tarrés como a un clavo ardiendo. El próximo mes de mayo irán a juicio contra Uralita, de la mano del despacho Roca i Junyent. Le piden a la empresa cinco millones de euros en indemnizaciones por haber infestado las calles. Declararán en el juicio los alcaldes de Ripollet, Juan Parralejo, y Cerdanyola, Antoni Morrall, un arquitecto, una ex empleada y un periodista. Entre otras cosas, aseguran que la compañía dejaba en las calles restos de este mineral y los ventiladores de las factorías expulsaban al exterior fibras. "No buscamos hacernos ricos, sino dignidad y una compensación, para que, cuando la enfermedad avance, podamos pagar la ayuda que necesitaremos", dice una portavoz de la asociación.

De los 559 pacientes con los que se realizó el estudio hasta 2007, ahora se ha pasado a cerca de 900. "Hoy mismo me han llegado los informes de tres pacientes más desde otro centro de atención primaria", apunta Tarrés. Muchos se enteran de que están enfermos por casualidad. Como Mercé Duran.

Tiene asbestosis y se lo dijeron hace diez años, cuando le fueron a realizar una operación rutinaria. El médico vio su placa de tórax y le dijo que tenía afectada la pleura, que había partículas de amianto. Le preguntó dónde vivía. "Le contesté que en Cerdanyola, pero que no tenía importancia, porque yo nunca trabajé en la fábrica", recuerda. Pero el problema de Mercé, de 59 años, es que vivía al lado. "Cuando hacía viento, se levantaba el amianto que había por toda la calle y la ropa tendida se llenaba de polvillo blanco. Antes de poner las sábanas, las sacudíamos, y ya está", recuerda con amargura. En mayo irá a Madrid, al juicio por afectados ambientales. "No hace falta que acuda, pero quiero ir como público y sentarme en la sala. Llevamos muchos años peleando por esto", dice. Rosa Frisach recorre con Mercé las naves de lo que hasta finales de los noventa fue Uralita. Conoce bien los edificios, porque trabajó en la fábrica. Tiene 60 años y mucha energía, pero se ha tenido que jubilar por su asbestosis y le ha quedado una pensión de 600 euros. Tiene la enfermedad laboral reconocida. La minusvalía no, ya que asegura que por problemas burocráticos e interminables listas de espera médica no lo ha conseguido aún. "Pensé en hacerme un seguro privado para agilizar las pruebas, pero en ninguno me quieren", explica. Tampoco puede pedir un crédito si la cantidad es importante, porque exigen un seguro de vida que nadie le quiere hacer.