25/07/2012
El gobierno y sus círculos de poder además de justificar su ineficacia aduciendo que no hay alternativa a sus medidas económicas, tratan de introducir, sutilmente, un sentimiento de culpabilidad en la ciudadanía. Como los españoles han vivido muy por encima de sus posibilidades, ahora toca sangre, sudor, y lágrimas. De nuevo desconocen, o protegen, a quienes han llevado a este país a un endeudamiento neto externo récord: el sistema bancario y las grandes empresas no financieras.
La deuda total de la economía española, la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos, ascendía a finales de 2011 a 4,3 billones €, o lo que es lo mismo, un 402% de nuestro PIB. Mientras que la deuda de las familias representaba a cierre de ese año el 83% del PIB, los empréstitos de las sociedades no financieras y de las entidades financieras alcanzaban, respectivamente, el 136%, y el 107% del PIB. El resto, alrededor del 77% del PIB, correspondía a las administraciones públicas.
La deuda de España es básicamente privada
Es curioso como desde ciertas esferas de poder se presenta la crisis actual como una consecuencia del endeudamiento del sector público. Además de un profundo desconocimiento de los datos reales, no comprenden que la relación causa-efecto es del sector privado al sector público, donde la quiebra del primero ha visto hundido los ingresos impositivos del segundo. Quien no entienda esto, no comprende nada de la actual crisis sistémica.
Han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes, guiadas por su avaricia, se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado.
Como consecuencia, las empresas no financieras dejan de invertir, destruyen capital ya instalado, y despiden a trabajadores. Las entidades financieras, insolventes, cortan el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y tratan de recapitalizarse a costa de los contribuyentes.
Las familias y los trabajadores no tienen la culpa
Las familias fueron acumulando su deuda actual para la compra de vivienda. El precio de las casas por cualquier métrica de valoración sigue estando sobrevalorado, alrededor de un 50%, tanto si se mide en relación a los alquileres, como en función de la renta de los hogares. En un escenario de destrucción de empleo, descensos salariales, y caídas de la riqueza, como en el momento actual, a las familias no les queda más remedio que reducir consumo privado si quieren mantener su vivienda y disminuir las deudas.
Pero no han sido los trabajadores y sus familias quienes han cometido excesos. Al revés, el nivel de explotación de los asalariados ha llegado a extremos absolutamente intolerables. Ya no basta con tener más de 5,6 millones de parados, y unos míseros salarios, donde el 58% de los trabajadores, después de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, ingresan menos de 1.000 euros mensuales. Ya ni siquiera vale que los trabajadores por cuenta ajena paguen cinco veces más de impuestos que las empresas que los contratan, tal como sucedió en 2011. ¡No! Era necesario apretar un poquito más. Y vaya si lo han conseguido.
Con la reforma laboral del gobierno del PP, en nombre del internacionalismo moderno y de las mentiras de la competitividad, los trabajadores perdieron la mayoría de sus derechos. La élite política y económica, con una formación académica y un bagaje intelectual en muchos casos inferior a la de sus empleados y electores, en vez de promover el talento, la innovación y el emprendimiento, decidieron, para el futuro de nuestros hijos, otra cosa bien distinta.
El sector privado empresarial y financiero es insolvente
Por el contrario, las élites financieras y empresariales sí que cometieron excesos, y están quebradas. Sin embargo, continúan a lo suyo, a campar a sus anchas por los ministerios, cambiar leyes, reducir el número de reguladores, acelerar la constitución de monopolios, monopsonios, y oligopolios. Y para colmo, tenemos que rescatarles.
Las empresas no financieras se endeudaron masivamente alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Desde 1997 España vivió la generación de una burbuja alrededor de la vivienda. El sector inmobiliario aumentaba su peso en la economía, generaba mucho empleo y alimentaba una riqueza ficticia que produjo una sensación de ilusión monetaria. Esta dinámica se vio retroalimentada a través de su financiación por un enorme volumen de deuda. Cuando caen los precios de la vivienda y del suelo, los balances de la inmensa mayoría de las empresas inmobiliarias son insolventes. Este sector es el responsable directo e indirecto del 70% del incremento del paro.
Además del sector inmobiliario la segunda fuente de acumulación de deuda del sector empresarial español fue la diversificación internacional. Las inversiones directas de España en el exterior en los últimos 10 años, utilizando datos de Balanza de Pagos de Banco de España, se han cuadruplicado, alcanzando en de 2011 una cifra superior a los 480.000 millones de euros. Sin embargo, los retornos de esas inversiones directas apenas se han duplicado, reflejando una productividad decreciente del capital. De nuevo compraron tarde y caro.
Finalmente nos queda el sector bancario, que en períodos de auge económico o después de un largo período de crecimiento sostenido suele asumir más riesgo. Los bancos reducen sus exigencias para los préstamos, aceptan unas tasas de endeudamiento más elevadas, y se conformar con una menor proporción de activos líquidos.
La banca española expandió sus balances de manera incontrolada. Sus activos crecían mediante la concesión de créditos y préstamos, básicamente alrededor del sector inmobiliario, y se financiaba con deuda en el mercado de capitales. Las consecuencias ya las conocemos, un rescate bancario en toda regla, que al recaer sobre los contribuyentes se acaba trasladando a la deuda soberana. El proteger a una élite tiene esas consecuencias, la quiebra soberana.
Bajo este análisis, la economía española presenta una crisis de balances. Por lo tanto, el actual gobierno, al igual que tenía que haber hecho el anterior, y no lo hizo, debería haber acelerado la limpieza de los balances del sector privado, sin que finalmente fueran los contribuyentes quienes acabaran pagando los platos rotos. A su vez debería haber peleado por convencer a Europa que España no puede asumir más recortes y ajustes presupuestarios. Pero de todo esto, nada de nada.
Hoy en día una auténtica política reformista exige hacer frente a los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clase, y el sectarismo. Por favor, dejen de echar la culpa a millones de españoles de los terribles excesos de unas élites empresariales y financieras quebradas, y que sean éstas quienes realmente asuman las consecuencias de sus actos.
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