La inmigración extracomunitariaven la agricultura española
Emma Martín Díaz, Profesora titular de Antropología Social de la Universidad de Sevilla
A comienzos de los años ochenta la agricultura española experimentó un proceso de transformación, hacia un modelo de agrobusiness caracterizado por la intensificación de la
producción. Este modelo que requería de una fuerte capitalización aprovechaba las ventajas climáticas del territorio costero, particularmente en su franja mediterránea, a través de un proceso de especialización dedicado a convertir esta zona en la “huerta de Europa”.
Los actores de este proceso fueron diversos: iniciativas privadas, públicas y transnacionales aunque el eslabón de la producción recayó sobre la pequeña explotación familiar, en un proceso que sociólogos y economistas italianos han denominado como de “nueva aparcería”. En la actualidad, su propia supervivencia depende en gran medida de la mano de obra inmigrante y su futuro permanece incierto ante la importante caída de las tasas de beneficio.
En este documento de trabajo se analizan las dinámicas del proceso de intensificación agrícola,
los sectores sociales implicados y la evolución de ambos en relación con la mundialización
de las actividades productivas. Se estudian también los costes y los límites de este modelo
y se analiza la utilización de la mano de obra como una doble estrategia: por un lado, los
agricultores la utilizan para abaratar unos costes en creciente expansión y, por otro, los trabajadores inmigrantes la aprovechan para conseguir la regularización.
La reflexión sobre el estado actual de la cuestión, teniendo en cuenta la realidad que es a la vez global y local, desemboca en la formulación de las siguientes medidas que pueden implementarse para conseguir una integración armónica de las áreas y de los colectivos insertos en estos procesos:
• Impulsar una PAC que elimine las situaciones de competencia desleal y se centre en
eliminar las distancias existentes entre grandes y pequeños agricultores así como
entre las distintas producciones.
·Incrementar los recursos para el desarrollo rural de las regiones menos favorecidas y
económicamente más frágiles de la UE. Estas ayudas deberían priorizar los proyectos
conservacionistas del patrimonio natural de estas regiones y los modelos agrícolas
respetuosos con el medio ambiente. Para ello es necesario una apuesta firme por el
cumplimiento de la legislación medioambiental en los diferentes niveles del ámbito de
la UE.
• Implementar unas políticas de educación para el consumo que tengan como objetivo
el conocimiento y sensibilización de la población sobre los alimentos que encuentran
en el mercado y las condiciones de su producción.
• Establecer convenios del campo que eliminen las disparidades presentes entre unas
zonas y otras.
• Establecer mecanismos de inspección laboral que garanticen el cumplimiento en las
explotaciones agrarias de la legislación vigente. En este mismo sentido, establecer
sanciones ejemplares a los empresarios que incumplan la legislación laboral.
Inmigración
• Facilitar los mecanismos de denuncia de los trabajadores.
• Las sanciones contra las redes y empresas que reclutan extranjeros para trabajar en
condiciones de esclavitud deben ser reforzadas.
• El establecimiento de la política de cupos debe hacerse desde el conocimiento fiable
de las necesidades existentes en el sector y debe recoger la diversidad de modalidades
de trabajo en aras de obtener la deseada flexibilización que preconizan los empresarios.
• Priorizar la directiva sobre acceso y libre circulación de trabajadores, revisando dos
elementos: la identificación del contingente como medida básica y la creación del
permiso para la búsqueda de trabajo.
• Establecer un estatuto común del residente permanente europeo que garantice a los
inmigrantes con permiso de residencia estable la equiparación de derechos con los
ciudadanos europeos.
• Elaborar programas de educación intercultural con especial vigilancia y seguimiento
del tratamiento informativo que recibe la inmigración en los diversos medios de comunicación
y en los libros de texto y planes de estudio.
• Recuperar el consenso social en materia de política de inmigración más allá del
ámbito parlamentario.
• Poner en marcha un Plan Estatal de Integración que cuente con dotación presupuestaria
y crear y dotar la red pública de Centros de Inmigraciones prevista en la Ley 8/2000.
• Revisar el Consejo Superior de Política de Inmigración para asegurar y optimizar la
coordinación de los poderes públicos de las tres Administraciones, estatal, autonómica
y local así como la composición y atribuciones del Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes
• Habilitar la participación política de los inmigrantes a escala municipal y regional
Texto completo en http://www.falternativas.org/base/download/3e98_12-09-05_resumen%20ejecutivo.pdf
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