Ciudadano cliente

El Periódico, 6/3/2008 RAMON FOLCH

Gobernar con la gente

Urnas apiladas en Madrid para las elecciones del domingo. Foto: EFE / ÁNGEL DÍAZ

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RAMON Folch

Más que ciudadanos, hoy en dia hay clientes. El ciudadano-cliente sale de casa y empieza a revolver las ofertas del día: los autobuses, las tiendas, la escuela, los cines, las carreteras, todo. A sus ojos, la imagen del gestor público que administra bienes comunales se funde y confunde con la del vendedor que comercializa productos privados. Percibe al alcalde, al ministro de Educación o al director general de Sanidad como a cualquier gerente de cualquier empresa proveedora de servicios. De servicios gratuitos, eso sí. Es como si los hijos tomaran a sus padres por restauradores u hoteleros (algo de ello también ocurre, por cierto).

En una boca de metro, veo una pegatina firmada por no sé qué sindicato. "¡Cuélate!", dice. Y añade: "Contra los precios abusivos". Y lo remacha con una palabra en grandes caracteres, escrita de parte a parte: "¡Ladrones!". Colosal. Un sindicato conmina a delinquir calificando de robo unas tarifas fuertemente subvencionadas para un servicio que es un privilegio. Cuesta imaginar mayor despropósito, aunque se entiende en una sociedad que tiende a creer que el mundo es de balde y que nuestra excepcional sociedad del bienestar es un derecho humano básico. No es ningún derecho, es un don para afortunados que resulta de la redistribución pública de los valores añadidos generados por el esfuerzo laboral de todos. Tras el metro hay trabajo generador de riqueza, fiscalidad reequilibradora y gestión pública. Los únicos ladrones son quienes se cuelan sin pagar la pequeña parte suplementaria que alícuotamente les corresponde.

HA COSTADO mucho robustecer el concepto de bien público. No emana espontáneamente del alma humana, es un constructo cultural. Surge del pensamiento solidario que durante el siglo XIX se concreta en las ideologías progresistas, o sea, de izquierdas. "Lo que es de todos no es de nadie", sentencia el dicho. Una observación popular nacida cuando los bienes públicos eran la excepción y cuando, seguramente, no aportaban gran cosa. Hoy, en cambio, sin bienes públicos no habría bienestar social ni, apenas, gobernanza. Sí, la política es, en buena medida, la gestión ideológica del inmenso patrimonio público, que no existiría sin dos siglos previos de tenacidad y de graduales consecuciones progresistas. Deberíamos sentirnos sus agradecidos beneficiarios.
Pero tendemos a olvidarlo. Los políticos, paradójicamente, los primeros. Véanse las campañas electorales. Son operaciones publicitarias con escasa o ninguna posición ideológica. Curioso, porque sin opción ideológica no hay política. Debe ser imaginable --no digo deseable-- un sistema de Gobierno basado tan solo en la eficacia gestora, pero entonces los partidos estarían de más. Los partidos no han de decir al electorado que gobernarán bien. Por defecto, eso ya se supone. Los partidos han de decir qué modelo de sociedad quieren y cómo piensan instaurarlo, deben aclarar si se proponen construir y socializar la cosa pública --la res publica, de donde viene república--, o si, por el contrario, les basta con ir ordenando el sálvese quien pueda. Unas elecciones son una consulta ideológica, no una selección de personal.

A VECES,ni siquiera. A veces parecen un concurso mediático que gana el más ocurrente, quien arranca el último aplauso con una frase redonda. El ciudadano-cliente, entonces, elige al político-proveedor que le hace la mejor oferta de última hora o que se descuelga con el mejor eslogan. Tal vez sea eso lo que nos pasa y por eso nos pasa lo que nos está pasando.
En una sociedad de derechos personales natos, sin obligaciones colectivas asumidas, el ejercicio político se encamina a satisfacer las exigencias de los peores.

Gobernar para la gente no basta. Hay que gobernar con la gente. No es nada fácil. La gente es quien más se resiste, sobre todo cuando se ha acostumbrado a ejercer de cliente insatisfecho. "Tienes derecho a internet", larga un anuncio. "No te prives de nada", suelta otro. Son cargas de profundidad contra el ejercicio responsable de la ciudadanía, invitaciones encubiertas a vivir de por vida a costa de los padres, dijéramos. En una sociedad de derechos personales natos sin obligaciones colectivas asumidas, el político tiende a satisfacer las exigencias de los peores, no fuera que aquellos que se saltan los torniquetes del metro le acusen de ladrón.

PERDIENDO
LASelecciones no se gobierna, desde luego. Pero ganándolas sin norte, tampoco. Entonces, solo puede hacerse como si se mandara. Como si, porque las opciones, en la práctica, responderán al dictado despóticamente egoísta del cliente mimado. Por eso hay que gobernar con la gente, o sea, compartir el peso de las decisiones y las consecuencias que de ellas se derivan. La caída del Ancien Régime desplazó a quienes durante siglos gobernaron contra la gente. Tras dos siglos de gobernar para la gente --una forma de despotismo ilustrado que se ha revelado autolítica-- ya es hora de gobernar con la gente. La antigua criatura oprimida, además de libre, ya es adulta. Pero malcriada, y ahí le duele.

Opinión no es criterio, legitimidad no es acierto, pobreza no es bondad. Un Gobierno legítimo puede equivocarse con todas las opiniones a su favor. Necesitamos gobiernos de progreso que devuelvan al mezquino ciudadano-cliente la noble condición de ciudadano de pleno derecho, o sea, de plena obligación compartida. Hay que empezar a propugnarlo. Callar no es saludable: "Venim d'un silenci antic i molt llarg".
Demasiado.